En los últimos años, el Gobierno ha insistido en medir la efectividad de la política indígena mediante el monto gastado en comprar tierras, la rapidez con que ello se lleva a cabo o a través de las hectáreas adquiridas. Así, por ejemplo, el ministro Viera-Gallo —actual coordinador de asuntos indígenas— anunció que en marzo de 2010 se completará la compra de 28 mil hectáreas para traspasarlas a 115 comunidades mapuches de las regiones del Biobío, de la Araucanía, de los Ríos y de los Lagos. Para este propósito se habrá desembolsado, sólo en los últimos dos años, una suma cercana a los 110 mil millones de pesos.
Por su parte, el próximo gobierno deberá resolver las peticiones de otras 308 comunidades que actualmente se encuentran en estudio en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Las comunidades ya beneficiadas y las que lo serán antes de marzo próximo fueron priorizadas entre los años 2001 y 2007 por esa organización.
Los criterios para definir las prioridades son discutibles, aunque el hecho cierto es que ellas se han definido, y el Gobierno ha decidido satisfacer esas demandas. El ministro Viera-Gallo ha aclarado que no serán asignadas tierras a comunidades que incurran en actos violentistas. Si bien ello es una señal importante, que es bienvenida, no es evidente cómo se hará operativa.
Pero la política indígena, que data desde el año 1995, tiene un problema mayor, que es la ausencia de información fidedigna sobre su efectividad. En ese sentido, es cuestionable que el próximo gobierno no vaya a contar con una evaluación adecuada del impacto real que ella ha tenido en las comunidades.
Esta evaluación es indispensable, porque la ley que creó el Fondo de Tierras y Aguas buscaba satisfacer de manera principal —a través de su artículo 20 a— las necesidades de tierra que permitieran alcanzar a las comunidades indígenas un umbral de vida razonable, y sólo residualmente —por medio del artículo 20 b— los problemas de litigios de tierra que pudiesen afectar a las comunidades. En ese sentido, muchos de los predios adquiridos para beneficio de las comunidades nunca han estado sujetos a disputa. Por ello, para evaluar esta política, y compararla con otras alternativas, hay que poner especial acento en su impacto en el bienestar de las comunidades afectadas en comparación con el costo de los programas. Sin embargo, como reconoce un estudio realizado durante 2008 por encargo de la Dirección de Presupuestos, "no existen prácticas ni procedimientos internos que generen información para eventuales evaluaciones de impacto o ex-post del Programa. Ello limita el desarrollo de una gestión programática orientada hacia la obtención de impactos". Esta limitación ya había sido detectada en un análisis anterior y es inevitable concluir que no ha habido voluntad para desarrollar esa evaluación.
Lo anterior es propio de iniciativas ideológicas que buscan imponer una política por consideraciones que poco tienen que ver con su efectividad. En este caso, se pretende instalar un modo de vida en comunidad y sin propiedad individual entre las comunidades mapuches, que si bien en un momento histórico tuvo su razón de ser, en la actualidad está claramente superado y, de hecho, sólo se observa en sociedades muy atrasadas. Detrás de ello no cabe duda que hay intenciones loables, pero no por ello correctas. Creer, por ejemplo, que para mantener viva la identidad de una comunidad y reconocer su aporte a la cultura es también necesario mantener un modo de vida arcaico es una utopía que sólo conduce a la pobreza.
Es hora de revisar la política de compra de tierras, evaluando su impacto efectivo y abriéndose a otras políticas, que sin afectar la identidad de los pueblos originarios les permitan alcanzar mayores niveles de desarrollo.
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Rodrigo González Fernández
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