Valparaíso 14/10/2005 Departamento de Prensa
Piden a CORFO y CONICYT un balance sobre la inversión en investigación científica en los últimos treinta años
Piden a CORFO y CONICYT un balance sobre la inversión en investigación científica en los últimos treinta años
Así lo afirmó el senador Rafael Moreno, presidente de la Comisión de Educación que estudia el proyecto, en segundo trámite, que crea el fondo de innovación para la competitividad
Una Idea: deben provocar una auditoria a los proyectos y fondos que el estado a destinado para inversión y licitarla internacionalmente.
Comisión de Educación
La Comisión de Educación pidió a CORFO y CONICYT que informen sobre lo que se ha hecho en materia de investigación científica y tecnológica, en los últimos 30 años y que den a conocer el estado de avance de los proyectos, y su actual aplicación. Así lo afirmó el senador Rafael Moreno presidente de la instancia quien dijo que esta información es primordial en el estudio del proyecto, en segundo trámite que crea el fondo de innovación para la competitividad.
La Comisión de Educación pidió a CORFO y CONICYT que informen sobre lo que se ha hecho en materia de investigación científica y tecnológica, en los últimos 30 años y que den a conocer el estado de avance de los proyectos, y su actual aplicación. Así lo afirmó el senador Rafael Moreno presidente de la instancia quien dijo que esta información es primordial en el estudio del proyecto, en segundo trámite que crea el fondo de innovación para la competitividad.
Agregó que “queremos saber en qué se han gastado los dineros y los resultados de la investigación que se realiza Chile con el fin de realizar los ajustes necesarios a la iniciativa que significará un aporte de unos 120 millones de dólares adicionales a los 222 millones de dólares que ya se invierten en diversas instituciones del Estado, que realizan investigación científica. Esto se traducirá, una vez publicada la ley, en unos 342 millones de dólares anuales para el desarrollo tecnológico.
Asimismo advirtió que “la puesta en marcha del fondo de innovación implicará toda una readecuación de los organismos que reciben aportes para efectuar proyectos de investigación y en ese sentido persisten una serie de interrogantes”.
El senador Moreno agregó que la comisión escuchó las exposiciones del rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros; y del director de la Fundación Ciencia para la Vida, Pablo Valenzuela quienes coincidieron en “abogar por la no politización del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, y pidieron la exclusión de los ministros de Economía, Educación y Hacienda de dicha instancia, ya que en la práctica, no tienen tiempo para dedicar a este tipo de actividades.
Asimismo “pidieron la incorporación de más científicos al mencionado Consejo y nos entregaron una visión de cuáles deben ser los financiamientos que se tienen que aportar y los esfuerzos para atraer recursos del sector privado dado que la cantidad de dinero no es suficiente”.
Puntualizó que “varios senadores hemos venido planteando la necesidad de excluir a los ministros del Consejo y en ese sentido considero que las opiniones de Luis Riveros y Pablo Valenzuela fueron bastante contundentes”.
El parlamentario añadió que la idea de crear el Fondo de Innovación para la Competitividad es una buena iniciativa, y pese a las inquietudes existe en la comisión de Educación “un ambiente favorable a aprobarla en términos generales”.
Cabe recordar que originalmente el proyecto, ingresado a la Cámara de diputados el 5 de julio del 2004, además de crear el Fondo de Innovación para la Competitividad también establecía la regalía minera ad-valorem, más conocida como royalty. Sin embargo, en segundo trámite, el Senado rechazó los artículos referidos al royalty, con lo cual la iniciativa quedó aprobada sólo en las normas concernientes al fondo. Por esto y para continuar con su tramitación, el Presidente envió una indicación sustitutiva al Senado en la cual se crea el mencionado fondo.
El proyectoLa iniciativa fortalece el esfuerzo nacional -público y privado- en el campo de la innovación, con el fin de impactar positivamente en la competitividad nacional y en las perspectivas de crecimiento del país.
De esta forma, como un necesario complemento al fortalecimiento del esfuerzo nacional en innovación, se persigue estructurar una institucionalidad eficiente, capaz de plantear una estrategia participativa y consensuada que oriente y coordine las políticas en el campo de la innovación para la competitividad, que movilice recursos del sector privado, que fomente la cooperación público-privada y entre el sector investigador y el sector productivo, y que monitoree y evalúe sistemáticamente las políticas públicas al respecto.
Se establece que será el Presidente de la República el encargado de formular formalmente una estrategia nacional de innovación para la competitividad, la cual deberá abarcar los campos de la ciencia, la formación de recursos humanos especializados y el desarrollo, transferencia y difusión de tecnología. Para este efecto, el Presidente considerará la estrategia propuesta por el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, lo que en todo caso deberá contener un diagnóstico de la posición competitiva del país y sus regiones, una visión de desarrollo de largo plazo, objetivos estratégicos, líneas de acción, metas y criterios de evaluación de cumplimiento de las mismas.
La estrategia en cuestión será una de largo plazo y desvinculada de la coyuntura política, por lo cual se establece para un período de doce años. Pero, entendiendo que una estrategia eficaz debe tener capacidad de adaptación a cambios relevantes, lo que es especialmente pertinente en el campo de la innovación, se establece la obligatoriedad de revisarla y actualizarla cada cuatro años.
Asimismo, se crea el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, que tiene por objeto asesorar al Presidente de la República en todos aquellos aspectos relacionados con las políticas en dicho ámbito, incluyendo los campos de la ciencia, la formación de recursos humanos especializados y el desarrollo, transferencia y difusión de tecnología. Además, el Consejo se constituirá como una instancia de coordinación de las instituciones y de las políticas públicas de innovación para la competitividad.
También deberá proponer anualmente los usos del Fondo de Innovación para la Competitividad, las asignaciones presupuestarias para los restantes fondos públicos orientados al fomento de la innovación y las transferencias fiscales directas a las instituciones públicas y privadas en dicho ámbito; proponer iniciativas legales o administrativas orientadas a elevar la efectividad de las políticas públicas de innovación para la competitividad; proponer programas y acciones orientados a fortalecer las capacidades regionales en el ámbito de la innovación para la competitividad; y proponer acciones para difundir la ciencia, la tecnología y la innovación.
Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Consejo deberá establecer instancias de participación en las cuales considere a actores privados y públicos, nacionales y regionales, contemplándose también que cuente con la asesoría de expertos internacionales.
El Consejo de Innovación estará integrado por un experto en políticas públicas, quien lo preside, el cual es designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado; los ministros de Economía, de Educación y de Hacienda; un experto en ciencias elegido por el Presidente a propuesta en quina de la Academia de Ciencias; un empresario innovador elegido por el Presidente a propuesta en quina de los empresarios usuarios de la CORFO; y un experto en formación de capital humano especializado elegido por el Presidente a propuesta en quina del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Además, participan de manera permanente, pero únicamente con derecho a voz, el vicepresidente ejecutivo de la CORFO y el presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).
A fin de otorgar al Consejo cierta autonomía de la coyuntura del país y dado que la estrategia que éste desarrolla debe ser pensada a largo plazo, los consejeros son elegidos por un período de seis años, renovable por un período adicional. La excepción la constituye el experto en políticas públicas designado por el Presidente, cuyo período será de cuatro años.
Asimismo advirtió que “la puesta en marcha del fondo de innovación implicará toda una readecuación de los organismos que reciben aportes para efectuar proyectos de investigación y en ese sentido persisten una serie de interrogantes”.
El senador Moreno agregó que la comisión escuchó las exposiciones del rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros; y del director de la Fundación Ciencia para la Vida, Pablo Valenzuela quienes coincidieron en “abogar por la no politización del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, y pidieron la exclusión de los ministros de Economía, Educación y Hacienda de dicha instancia, ya que en la práctica, no tienen tiempo para dedicar a este tipo de actividades.
Asimismo “pidieron la incorporación de más científicos al mencionado Consejo y nos entregaron una visión de cuáles deben ser los financiamientos que se tienen que aportar y los esfuerzos para atraer recursos del sector privado dado que la cantidad de dinero no es suficiente”.
Puntualizó que “varios senadores hemos venido planteando la necesidad de excluir a los ministros del Consejo y en ese sentido considero que las opiniones de Luis Riveros y Pablo Valenzuela fueron bastante contundentes”.
El parlamentario añadió que la idea de crear el Fondo de Innovación para la Competitividad es una buena iniciativa, y pese a las inquietudes existe en la comisión de Educación “un ambiente favorable a aprobarla en términos generales”.
Cabe recordar que originalmente el proyecto, ingresado a la Cámara de diputados el 5 de julio del 2004, además de crear el Fondo de Innovación para la Competitividad también establecía la regalía minera ad-valorem, más conocida como royalty. Sin embargo, en segundo trámite, el Senado rechazó los artículos referidos al royalty, con lo cual la iniciativa quedó aprobada sólo en las normas concernientes al fondo. Por esto y para continuar con su tramitación, el Presidente envió una indicación sustitutiva al Senado en la cual se crea el mencionado fondo.
El proyectoLa iniciativa fortalece el esfuerzo nacional -público y privado- en el campo de la innovación, con el fin de impactar positivamente en la competitividad nacional y en las perspectivas de crecimiento del país.
De esta forma, como un necesario complemento al fortalecimiento del esfuerzo nacional en innovación, se persigue estructurar una institucionalidad eficiente, capaz de plantear una estrategia participativa y consensuada que oriente y coordine las políticas en el campo de la innovación para la competitividad, que movilice recursos del sector privado, que fomente la cooperación público-privada y entre el sector investigador y el sector productivo, y que monitoree y evalúe sistemáticamente las políticas públicas al respecto.
Se establece que será el Presidente de la República el encargado de formular formalmente una estrategia nacional de innovación para la competitividad, la cual deberá abarcar los campos de la ciencia, la formación de recursos humanos especializados y el desarrollo, transferencia y difusión de tecnología. Para este efecto, el Presidente considerará la estrategia propuesta por el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, lo que en todo caso deberá contener un diagnóstico de la posición competitiva del país y sus regiones, una visión de desarrollo de largo plazo, objetivos estratégicos, líneas de acción, metas y criterios de evaluación de cumplimiento de las mismas.
La estrategia en cuestión será una de largo plazo y desvinculada de la coyuntura política, por lo cual se establece para un período de doce años. Pero, entendiendo que una estrategia eficaz debe tener capacidad de adaptación a cambios relevantes, lo que es especialmente pertinente en el campo de la innovación, se establece la obligatoriedad de revisarla y actualizarla cada cuatro años.
Asimismo, se crea el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, que tiene por objeto asesorar al Presidente de la República en todos aquellos aspectos relacionados con las políticas en dicho ámbito, incluyendo los campos de la ciencia, la formación de recursos humanos especializados y el desarrollo, transferencia y difusión de tecnología. Además, el Consejo se constituirá como una instancia de coordinación de las instituciones y de las políticas públicas de innovación para la competitividad.
También deberá proponer anualmente los usos del Fondo de Innovación para la Competitividad, las asignaciones presupuestarias para los restantes fondos públicos orientados al fomento de la innovación y las transferencias fiscales directas a las instituciones públicas y privadas en dicho ámbito; proponer iniciativas legales o administrativas orientadas a elevar la efectividad de las políticas públicas de innovación para la competitividad; proponer programas y acciones orientados a fortalecer las capacidades regionales en el ámbito de la innovación para la competitividad; y proponer acciones para difundir la ciencia, la tecnología y la innovación.
Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Consejo deberá establecer instancias de participación en las cuales considere a actores privados y públicos, nacionales y regionales, contemplándose también que cuente con la asesoría de expertos internacionales.
El Consejo de Innovación estará integrado por un experto en políticas públicas, quien lo preside, el cual es designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado; los ministros de Economía, de Educación y de Hacienda; un experto en ciencias elegido por el Presidente a propuesta en quina de la Academia de Ciencias; un empresario innovador elegido por el Presidente a propuesta en quina de los empresarios usuarios de la CORFO; y un experto en formación de capital humano especializado elegido por el Presidente a propuesta en quina del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Además, participan de manera permanente, pero únicamente con derecho a voz, el vicepresidente ejecutivo de la CORFO y el presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).
A fin de otorgar al Consejo cierta autonomía de la coyuntura del país y dado que la estrategia que éste desarrolla debe ser pensada a largo plazo, los consejeros son elegidos por un período de seis años, renovable por un período adicional. La excepción la constituye el experto en políticas públicas designado por el Presidente, cuyo período será de cuatro años.
Nuestra opinión es que los fondos deben ser concursables y facilitar el acceso a los innovadores, investigadores nuevos, sin limitación de edad, ni restricciones de ninguna especie. Sin importar de que Universidad provienen
Es muy importante hacer un seguimiento de los fondos del Estado y aber a quienes se les han asignados estos dineros, es una cuestión de transparencia a la luz de las fuertes sumas perdidas por CORFO .
El ciudadano tiene dudas de los usops de los fondos del estado.
Saludos Rodrigo González Fernández rogofe47@hotmail.com
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