Declaración del patrimonio de autoridades públicas
La aprobación de la medida es una excelente decisión y responde a una demanda ciudadana creciente por mayores niveles de transparencia en la gestión pública.
Fecha edición: 17-10-2005 de La Tercera, para ver : http://www.latercera.com/medio/articulo/0,0,3255_5732_165689112,00.html

Tras seis años y un mes de tramitación en el Congreso, el miércoles pasado quedó en condiciones de ser promulgado como ley el proyecto que obliga a las autoridades y altos funcionarios del Estado a realizar una declaración pública de su patrimonio (bienes, deudas o intereses comerciales), luego de ser aprobado por unanimidad como parte de la agenda que promueve la probidad y transparencia de la función pública.
La gran novedad del proyecto, que comenzará a operar cuando asuma el próximo gobierno, es que introduce -por primera vez en la legislación- la figura del enriquecimiento ilícito, una de las normas más controvertidas, que sanciona con una multa equivalente al monto mal obtenido y pena de inhabilitación absoluta o temporal al empleado público que, durante el ejercicio de su cargo, obtenga un incremento de bienes relevante e injustificado.
Esto representa un avance importante, ya que, en definitiva, permitirá perseguir de manera más efectiva delitos que hasta ahora se canalizaban por evasión tributaria, cohecho, coima o tráfico de influencias, dando fin al llamado "efecto Capone" (en referencia al famoso mafioso al que no se le podía encontrar la figura legal para procesarlo). A pesar de que el Ejecutivo, durante todo el largo proceso, nunca fue partidario de la creación de esta figura legal, tuvo que ceder ante la voluntad de los parlamentarios, incluidos los del oficialismo, lo que supone una buena señal de la independencia. La facilidad con que la nueva herramienta permitirá investigar futuros casos de abuso de poder relativos a esta materia destrabará las acusaciones y mantos de duda que hasta hoy han creado controversia.
La aprobación de esta iniciativa no ha estado exenta de cuestionamientos. El primer obstáculo ocurrió a pocas semanas de las elecciones municipales de 2004, con el bloqueo de la oposición. En un contexto marcado por el escándalo del MOP y los indultos a microtraficantes, la oposición manifestaba que el proyecto era malo e insuficiente y que, además, atentaba en contra de la intimidad de las personas. El debate no se silenció y obligó a una constante tramitación, hasta que se pudo consensuar que la idea central era evitar el uso de funciones públicas para fines privados y no impedir el buen desarrollo de las actividades de ese sector ni desincentivar la participación de las personas en el servicio público.
Es destacable que la nueva iniciativa se aplique por igual a todas las autoridades públicas: Presidente de la República, jefes de servicios, embajadores, altos oficiales de las FFAA, alcaldes, consejeros regionales, gerentes de empresas públicas, ministros de todas las cortes de justicia, congresistas, miembros del Banco Central y ministros. Todos ellos deberán realizar una declaración jurada pública que se actualizará cada cuatro años o cuando se justifique, de manera obligatoria. Este documento debe dejar constancia, entre otras cosas, de bienes inmuebles, hipotecas, vehículos motorizados, depósitos financieros y deudas por más de 100 UTM (algo más de tres millones de pesos), todo ello acreditado mediante una declaración de renta del SII. La aprobación de la medida es una excelente decisión y responde a una demanda ciudadana creciente por mayores niveles de transparencia en la gestión pública.
Se suma a esto el resto de medidas, aprobadas o en trámite, que forman parte del paquete legislativo sobre probidad y transparencia, como el término del secretismo mediante el acceso a la información pública (aunque aquí falta un aspecto central, el fin del voto secreto para la elección de autoridades, incomprensiblemente rechazado en el Senado el 5 de octubre pasado), la transparencia del gasto y proceso electoral y la regulación del lobby, entre otras. De cara a la modernización del Estado, es clave que se complete la aprobación de todos estos proyectos. Y se trata, además, de una iniciativa que debiera ayudar a mejorar la imagen de la clase política, en general, y de los parlamentarios, en particular, periódicamente mal evaluados, con excepciones individuales, en estudios de opinión pública.
Declaración de patrimonios de parlamentarios : Rodrigo González fernández, rogofe47@hotmail.com, consultajuridica.blogspot.com