Cámara de Diputados pide al Presidente de la República que se dicte una ley marco de protección a los adultos mayores
Publicado el 05 de abril del 2011
Con 82 votos, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación al informe elaborado por la Comisión Especial del Adulto Mayor tras ocho meses de trabajo. El documento hace un amplio diagnóstico de la situación de los adultos mayores en Chile y propone políticas públicas para su protección y promoción.
La Comisión Especial del Adulto Mayor fue solicitada por 53 diputados y aprobada por la unanimidad de la Sala en mayo del año pasado, con el mandato de proponer medidas legales y administrativas en beneficio de este grupo etario.
La instancia parlamentaria fue presidida por el diputado David Sandoval y para lograr su cometido celebró un total de 25 sesiones, entre el 1.o de junio de 2010 y el 8 de marzo de 2011.
En dicho periodo, en sucesivas audiencias, la Comisión recabó información directamente de personas que trabajan en la elaboración de políticas públicas sobre los adultos mayores, quienes ejercen funciones directamente con ellos y representantes de organizaciones comunitarias. Entre otros, comparecieron directivos del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), la Sociedad de Geriatría y Gerontología , organizaciones de adultos mayores, los subsecretarios de transportes, de Salud, de Redes Asistenciales, la Unión de Pensionados, el Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas y la Superintendencia de Seguridad Social.
Al cerrar su trabajo, la Comisión aprobó por unanimidad y evacuó un informe de 183 páginas donde se detalla el trabajo realizado y las fuentes consultadas, antecedentes de hecho y de derecho relacionados con el tema, los testimonios recogidos en las audiencias, un diagnóstico del envejecimiento en Chile en los ejes de vivienda, salud, situación socioeconómica, educación e inclusión social. Finalmente, entrega sus conclusiones y formula una serie de proposiciones para abordar esta temática.
El informe describe que Chile presenta un envejecimiento avanzado y se encuentra dentro de los países más envejecidos de la región latinoamericana. Agrega que actualmente la población total de adultos mayores de 65 años y más es de más de un millón y medio, correspondiendo un 43,8% a hombres y un 56,2% a mujeres. Hace presente también que hoy las mujeres pueden esperar vivir 83 años y los hombres 77, anticipando que en los próximos veinte años este grupo etario crecerá en 3,7% anual, proyectándose para el 2025 una población mayor de 60 años de alrededor de 3.825.000, equivalente al 20 por ciento de los chilenos.
El informe concluye solicitando al Presidente de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que contenga una regulación integral de protección de las personas adultas mayores y reconozca derechos y beneficios en al menos los siguientes aspectos básicos:
a) Entorno y vivienda: Centrado en los requerimientos habitacionales y aquellos relacionados con el entorno y las adecuaciones necesarias, tanto urbano como rural en que se deben desenvolver y respecto de los medios de transporte;
b) Salud: Vinculada a los aspectos sanitarios entre los que se incluyen, tanto las tareas preventivas que deben ser desarrolladas en toda la población con el fin de mejorar los riesgos de enfermedades , los cuidados sanitarios asociados a enfermedad y las situaciones de dependencia en los casos en que se requiere de cuidados especiales;
c) Situación socioeconómico: Aborde las condiciones que afectan a los adultos mayores, particularmente, incidencia de la pobreza, del empleo, la previsión y la protección social;
d) Educación: En el sentido de entregar los espacios de conocimiento para la plena integración de este segmento, en aspectos como capacitación laboral, alfabetización y alfabetización en medios;
e) Inclusión Social: desde la perspectiva de la integración a la vida del conjunto de la sociedad, en áreas como el esparcimiento, recreación y turismo, como asimismo, respecto del reconocimiento de algunos aspectos que pueden dificultar su desarrollo como la discriminación y la violencia intrafamiliar.
f) Establecimiento de deberes del Estado, de la sociedad y la familia, necesarios para garantizar el respeto y pleno ejercicio de los derechos y beneficios.
g) Integración de la institucionalidad vigente a este cuerpo legal.
h) Establecimiento de un régimen de sanciones para los casos de trasgresión de los derechos.
El informe fue debatido en dos sesiones, durante las cuales intervinieron un total de 24 diputados.
Fuente:
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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