Chile tiene pendiente una respuesta histórica que mientras no se obtenga seguirá gravitando negativamente en nuestra vida política. Cueste lo que cueste, este país debe enfrentarse en serio al "por qué y para qué" del 11 de septiembre de 1973. No es posible dejar esta cuestión a merced de consignas falsas, de interpretaciones sesgadas o especulaciones demagógicas.
Existe, creo yo, consenso en el hecho de que no se trató de un cuartelazo habitual en este siempre convulsionado continente, sino más bien de la culminación de un largo proceso de descomposición. Asimismo, nadie puede negar que el objetivo a que se aspiraba era la restauración de la democracia política, con mayores o menores resguardos y protecciones.
No cabe duda de que el proyecto de la ex Unidad Popular pretendía el establecimiento en Chile de un régimen socialista al estilo cubano. Salvador Allende, que fue durante gran parte de su vida un demócrata parlamentarista, cambió súbitamente su visión a partir de 1959, por la influencia ideológica de Fidel Castro. Para muchos, la Unidad Popular no sería más que un nuevo Frente Popular, y Allende un nuevo Pedro Aguirre Cerda. Pero las cosas, como lo advertimos desde el primer día, no eran así. Valiéndose de todos los poderes que brinda el manejo del gobierno, se entró derechamente a destruir la economía capitalista y la democracia burguesa para, sobre sus ruinas, construir el socialismo. Esta experiencia arrastró a Chile a la peor crisis de su historia, colocándonos al borde de la guerra civil y de la desintegración nacional. Fue la ciudadanía la que mayoritariamente exigió la intervención militar y la que respaldó el gobierno de las FF.AA. y de Orden, única vía para superar una encrucijada dolorosa y catastrófica. Esta es, a mi juicio, la verdad, y mientras se oculte o distorsione subsistirán los rencores, los odios y el escandaloso aprovechamiento político electoral en que se funda la estrategia de la Concertación gobernante.
A partir del 11 de septiembre de 1973, la tarea del gobierno militar se concentró en reconstruir la democracia. Pero surgieron tres enormes escollos. Primero, la resistencia subversiva, que no cesó ni siquiera después de 1990. Segundo, la imposibilidad de restablecer las libertades democráticas mientras no se resolvieran problemas económicos y sociales que tensionaban la vida social y hacían ilusorias la normalidad y la seguridad ciudadana. Tercero, el acoso de que fuimos víctimas, gracias a una campaña internacional infamante que privó a Chile de todo respaldo. Agréguese a estos formidables obstáculos el hecho de que vivíamos, entonces, en plena "guerra fría", que la insurgencia marxista la sufría no sólo nuestro país, sino la mayoría de las naciones americanas, y que nuestros vecinos mantenían con nosotros un ambiente hostil y recargado de resentimientos.
Al cabo de 16 años y medio, el gobierno militar culminó su tarea. Encaró la subversión con un alto costo, es cierto, pero en todo caso muy inferior al que debieron enfrentar Perú, Argentina o Brasil. Fundó una nueva economía, que nos colocó a la cabeza de las naciones sudamericanas y, concluida esta etapa, ciñéndose estrictamente al itinerario establecido en la Constitución de 1980, convocó a un plebiscito, acató el resultado adverso y llamó a elecciones presidenciales, restituyendo al pueblo de Chile la plenitud de sus derechos políticos.
Este largo proceso puede suscitar críticas porque, como es obvio, se lesionaron muchos intereses. Pero en lo sustancial, Chile logró superar una situación provocada por una tentativa totalitaria que fue resistida por la ciudadanía, y salir airoso de lo que parecía insuperable. Es fácil hablar de la violación de los derechos humanos sin aludir a la subversión; del "golpe de Estado", sin referencia alguna al proyecto político totalitario que inspiraba al marxismo; de la concentración de la riqueza, sin recordar las "usurpaciones", "intervenciones" y "tomas" que estimulaba el gobierno de la Unidad Popular.
Es electoralmente lucrativo explotar los costos del proceso de recuperación que vivimos entre 1973 y 1990 y omitir toda consideración al escenario en que ello ocurrió y a los beneficios que fueron conquistados. Sin embargo, tengo la certeza de que en el fondo de su conciencia nuestro país juzga con ecuanimidad la obra del gobierno militar.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio.
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