| El mercado de servicios legales en Chile está cambiando. A fines de 2006, el estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner, una de las firmas más antiguas de la plaza, se sometió a una intensa reestructuración interna que terminó con la salida de siete de sus socios y una disputa legal entre sus abogados. No es el único caso. A las divisiones y fusiones que afrontan algunas firmas, se suman la falta de renovación de grandes los estudios, la alta rotación de profesionales y el auge de las firmas especializadas y emergentes. Marcelo Montero Iglesis (40) lleva diez años estudiando este fenómeno, desde cuando trabajaba en Carey y Cía., y se interesó por los cambios que se estaban produciendo en el mercado de los grandes estudios corporativos. Aunque después pasó por Morales, Noguera, Valdivieso & Besa, su foco ya estaba en la "industria". Siendo estudiante del máster en Derecho de la Universidad de Stanford, dedicó su tesis a analizar la posibilidad de aplicar en Chile el modelo de negocios de los bufetes de "Silicon Valley", cuya característica principal es agregar valor más allá de la simple prestación de servicios legales. Y ahora se prepara para publicar un libro acerca de la influencia que tienen en la economía nacional las malas prácticas de los abogados. Director de estudios sobre la profesión legal en la Universidad Diego Portales, Montero ha convertido este trabajo en su propio negocio. Como conocía el funcionamiento del mercado legal norteamericano, en 2005 dio una charla sobre el futuro de la profesión ante 150 abogados. El resultado, dice, fue que aunque muchos eran escépticos de los grandes cambios que anunciaba, varios al término de la reunión se le acercaron en busca de consejo. Entonces decidió convertirse en consultor. La idea se concretó en marzo de 2006, cuando fundó la Organización Budasis, una firma que asesora en forma personalizada y multidisciplinaria a empresas, aunque su acento está en la dirección estratégica y consultoría de estudios de abogados. El modelo "Silicon Valley" lo ha aplicado en su propio negocio. Utiliza recursos tecnológicos, contrata a ingenieros, abogados, sociólogos y economistas para cada proyecto y tiene una oficina sin separaciones en el barrio El Golf. Aunque sus contratos le impiden mencionarlas, Montero ha trabajado con cuatro grandes firmas corporativas chilenas (todas con más de 30 abogados) y tres argentinas, entre ellos el Estudio O'Farrell, con 125 años de trayectoria y 120 profesionales, las cuales han pagado entre US$ 100 y US$ 250 por la hora de asesoría. Uno de sus acentos lo ha puesto en descubrir las "malas prácticas organizacionales". Para Montero, a nivel de estudios hay marcadas diferencias entre los países: "En Chile trabajar es mucho más difícil, porque los abogados nacionales no reconocemos cuando no estamos haciendo las cosas bien. En la mayoría de los casos, me llaman cuando ya están en la UTI. En Chile, más que un consultor, soy un mediador. En Argentina, en cambio, me llaman para reinventarse", dice y agrega que en el mercado judicial chileno prevalece "el secretismo" ante los problemas. Copy/paste a la chilena Según Montero, todos los estudios enfrentan con miedo los cambios que se están produciendo en un sector donde crece la oferta y los clientes son cada vez más difíciles de fidelizar. Uno de los vicios más graves, señala, es la improvisación, porque los abogados no están acostumbrados a destinar tiempo y dinero a la planificación. Tampoco existe, agrega, la figura de un socio administrador, como se entiende en EE.UU. "No le damos importancia a lo administrativo. El único que puede hacer un cambio de verdad es el socio administrador, quien no ejerce la profesión, sino que se dedica todo el día a pensar en cómo lograr los objetivos", dice Montero, quien cree que en Chile se incorporó erróneamente el modelo imperante en Nueva York, llamado "The Wall Street Lawyer", el que se caracteriza por una numerosa cantidad de abogados, organizados jerárquicamente, y con una facturación por hora. Pero no es casualidad, dice, que la "versión chilena" del socio administrador no tenga en la mayoría de los casos las prerrogativas que tiene en EE.UU., porque acá nadie está dispuesto a ceder poder. Montero asegura que le han insinuado la posibilidad de ser socio administrador de algunos estudios, pero cuando les advirtió que, para ello, él debía ser la figura con mayor espacio de autonomía, las ofertas caducaron. "En Chile no hay socios administradores autónomos porque los demás socios lo van a desautorizar: 'de los acuerdos no me acuerdo'. Esto es curioso, porque los abogados estamos para hacer respetar los acuerdos". La profesión esquizofrénica A juicio de Montero, estos errores se deben a la concepción que los propios abogados tienen de su profesión y que se traduce en dos visiones que, a la larga, generan "una crisis de identidad, una especie de esquizofrenia". Una de esas caras la representan aquellos que se ven a sí mismos como el paradigma de la profesión liberal, como si el abogado, afirma, fuera sólo aquel que pertenece al colegio de la orden, se viste de cierta manera y visita determinados lugares. La otra cara es la de los nuevos abogados que se organizan y funcionan como empresas en un mercado. Ahí el paradigma cambia completamente. "Si la profesión es un negocio como cualquier otro, no debería haber ningún problema con hacer publicidad, pero el Código de Ética lo prohíbe", dice Montero, quien asegura que el lema de algunos es decir: "Es un negocio, pero no se vaya a creer que es tal". Sin embargo, el académico de la UDP piensa que esta situación se mantiene así porque es beneficiosa para muchos: a las grandes y medianas firmas no les conviene que la prohibición de publicidad se levante. "Sus nombres son conocidos y consolidados en el mercado. Entonces la prohibición de publicidad opera como una barrera de entrada para las firmas nuevas y los abogados jóvenes".
Aun así, agrega, las grandes y medianas oficinas no deberían estar tranquilas. "Los abogados de 40 años para arriba son los que tienen esta esquizofrenia. Hay abogados de 35 y 44 años que lo están haciendo muy bien: ésas son las firmas del futuro. Por ahora, las más pequeñas y especializadas van ganando la batalla. Estoy seguro de que si las grandes firmas no se reestructuran rápido y no planifican profesional y estratégicamente su negocio, las nuevas las desplazarán en los próximos cinco años". El libro "¿Qué anda mal en la profesión legal?" Ése es el nombre del libro que prepara Montero. La idea, cuenta, le surgió después de analizar el "proceder mediocre" que, a su juicio, tuvo el Colegio de Abogados frente a un caso que perjudicó al grupo Pathfinder por el accionar de cuatro profesionales. Debido a la venta del control de Iansa en 2000, Montero cuenta que "un grupo de abogados incitó, con publicidad a través de internet, al litigio a los accionistas minoritarios para que demandaran al grupo Pathfinder, socio mayoritario de Iansa en aquella época". La sentencia condenatoria que dictó el Colegio de Abogados contra los profesionales -tras seis años de tramitación- es considerada por Montero como "inaceptable" porque recibieron sanciones menores luego de infringir "casi todas las reglas vigentes del Código de Ética, como incitar a la litigación". Entonces decidió realizar un trabajo académico que, en 68 páginas, expone las razones por las cuales cree que los abogados deben tomarse en serio la ética porque faltar a ella tiene una importante incidencia en la economía. "Daña la competitividad del país", dice. Por ejemplo, en el tema laboral, en el que existen abogados de escasa calidad que patrocinan litigios a destajo que afectan a las pequeñas y medianas empresas. "Las pymes están repletas de juicios laborales que casi siempre pierden y que al final atentan contra el empleo". Aunque señala que a estas prácticas se suman otras como el congelamiento de las remuneraciones en diversos estudios, lo que más desconcierta a Montero son los conflictos de interés. "En todos los códigos de ética serios del mundo están regulados, pero en Chile se maneja de forma improvisada. Una de las preguntas que a mí me gusta hacer es si es razonable que el director de Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, haya sido socio importante de una reconocida firma de abogados de nuestro país, que prestó asesoría justamente en el área que ahora está fiscalizando. Lo mismo valdría para cualquier otra autoridad con poder de fiscalización". Aunque el libro ya está listo, Montero está a la espera de que las universidades con que pretende publicarlo le den el vamos. Su vista está puesta ahora en Brasil y México, hasta donde pretende llegar con sus asesorías. NOTA: FELICITAR A QUE PASA POR ESTE ARTICULO Y AL PROFESOR ABOGADO Y AMIGO MARCELO MONTERO IGLESIS QUE MARCARÁ UN HITO EN LA GESTIÓN DE ESTUDIOS DE ABOGADOS Y DEBERIA TENER UNA FUERTE REPERCUSIÓN EN LA EDUCACION LEGAL, EN LA JUSTICIA , EN EL PODER LEGISLATIVO Y EN LA ETICA PROFESIONAL. MARCELO MONTERO ES UN PROFESIONAL INNOVADOR EN LA PROFESION LEGAL, LA EMPRESA LEGAL TAMBIEN DEBE TENER UNA "MISIÓN Y VALORES" A QUE DAR CUENTA |
La idea de que si aumenta el gasto en educación aumenta la riqueza puede ser exactamente falsa, en el sentido de que primero debe aumentar la riqueza y después la gente invierte en educación. 
(Publicado : 13/7/2007, 5:0 horas)
