Impulsado por ACTI y ministros Bitar y  Lavados 
El  lobby que cerró la puerta al uso de software libre en el Estado  
  La Asociación Chilena de Empresas de  Tecnologías de la Información (ACTI) desplegó un fuerte cabildeo y envió cartas  a todos los diputados para pedirles que rechazaran una moción del senador  Alejandro Navarro, aprobada por el Senado la semana pasada. La moción buscaba  que los organismos públicos evalúen el uso de software de código abierto en las  licitaciones para adquirir programas computacionales o renovar licencias que "en  el actual proyecto de presupuesto alcanza a más de 27 mil millones de pesos",  dice Navarro. Los titulares de Economía y el MOP pidieron que no se aprobara el  paquete de iniciativas que incluía este tema.
   La Asociación Chilena de Empresas de  Tecnologías de la Información (ACTI) desplegó un fuerte cabildeo y envió cartas  a todos los diputados para pedirles que rechazaran una moción del senador  Alejandro Navarro, aprobada por el Senado la semana pasada. La moción buscaba  que los organismos públicos evalúen el uso de software de código abierto en las  licitaciones para adquirir programas computacionales o renovar licencias que "en  el actual proyecto de presupuesto alcanza a más de 27 mil millones de pesos",  dice Navarro. Los titulares de Economía y el MOP pidieron que no se aprobara el  paquete de iniciativas que incluía este tema.
 Por Miguel Paz 
 La Asociación Chilena de  Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI) tuvo en el ministro  Sergio Bitar un inesperado aliado en su cruzada contra una moción del senador  Alejandro Navarro que podía afectar los negocios de las empresas que desarrollan  software y tienen entre sus clientes a los organismos del Estado. Esto, de no  ser por el exitoso lobby desplegado por la ACTI, organización que agrupa a  Microsoft y otras compañías grandes, medianas y pequeñas.
 La moción presentada por Navarro y aprobada por el Senado el jueves 20 de  noviembre de 2008, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto, exigía  que "la cotización de equipos computacionales que incluya el costo de licencias  debe indicar al menos una alternativa con software licenciado bajo la modalidad  de fuente abierta o libre de costo. La cotización deberá acompañarse por una  justificación especial si es que existe un software de código abierto o libre de  costo que realice la misma función".
 Con dicha iniciativa, explica Navarro, se buscaba que cada vez que un  servicio público deba adquirir sistemas operativos y programas computacionales,  como Windows y Office (de uso mayoritario en el Estado), considere a la hora de  la licitación otras opciones, que también pueden ser de pago pero sin requerir  nuevos desembolsos de dinero en la renovación de licencias.
 Esto porque, de acuerdo a los cálculos del senador, el Estado desembolsa anualmente  en pago de licencias y renovación de licencias de programas computacionales una  cifra cercana a los 25 mil millones de pesos. Algo así como lo que cuesta  construir cinco hospitales de $5 mil millones, similares al de Puerto Aysén, o  41 escuelas rurales, como la de Calbuco, de $600 millones cada una.
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  El tema, según la ACTI, "daña a la industria  local del software" y debido a ello la asociación emitió un comunicado rechazando la moción que aprobó el  Senado, y urgió a los diputados a no ratificarla.
 El lobby se dejó ver de inmediato y fue reconocido por el secretario general  de la gremial empresarial, Aldo Signorelli, en una entrevista en un blog,  diciendo que "estamos haciendo harto lobby. Pero en el buen sentido de la  palabra", aunque luego aseguró a El Mostrador.cl que  en dicha entrevista fue sacado de contexto.
 Signorelli reconoce que en la ACTI una vez enterados de la aprobación de la  moción de Navarro, enviaron correos electrónicos a diputados y cartas al  ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y al titular de Economía, Hugo Lavados, a  los que les manifestaron la complejidad de aprobar la iniciativa, apelando a los  argumentos centrales de su comunicado: 1. Que resta competitividad y dinamismo  al desarrollo tecnológico de Chile. 2. Daña a la Industria local de software ya  existente, y 3. Resta agilidad a la contratación pública de software.
 "Todo lo que hacemos está publicado en nuestra página web", dice el  secretario general de la ACTI y añade que su postura está alineada con la  Estrategia Digital del gobierno, aprobada por el comité de ministros y que  preside la cartera de Lavados.
 Dichos cabildeos, que lograron el rechazo de la moción en la Cámara de  Diputados, también incluyeron llamados a más de un ministro de Estado para  pedirles su apoyo. De acuerdo a informaciones obtenidas por este medio,  Hugo Lavados fue el más explícito y habría hecho ver a algunos  parlamentarios los inconvenientes de imponer legalmente el uso de software de  código abierto en los organismos del Estado.
 La carta de  Bitar
El otro ministro mencionado es el titular  de Obras Públicas, Sergio Bitar, aunque rechaza de plano haber tenido  cualquier contacto con la ACTI. Bitar mandó el lunes 24 una carta a un número  indeterminado de diputados instándolos a rechazar un paquete de 28 indicaciones  de la Ley de Presupuesto -entre ellas la polémica propuesta de Navarro-  argumentando que "su aprobación rigidizaría más al Ministerio. Ojalá las  rechacen", escribió.
 Bitar explica a El Mostrador que envió la misiva debido a que las  indicaciones, cuando van a comisión mixta, "se aprueban o no en paquete",   y como consideró que la mayoría de ellas podrían restringir el presupuesto del  MOP, "le pedí a todos los diputados que conozco, amigos y otros de la oposición,  que consideraran que podían dañar el plan de inversiones 2009, y la promoción de  empleos. El tema del software libre no era tema para mí", dice. Luego agrega que  "el software libre se está usando en el MOP. La página nueva del ministro se  está haciendo con software libre".
 No obstante estas palabras, el ministro acompañó su carta a los legisladores  con una minuta redactada por su equipo técnico, donde se hace especial hincapié  en los inconvenientes de usar software de código abierto, explicando que  "existen pagos realizados" y "contratos de mantención y actualización a nuestros  software".
 En el punto principal los expertos del MOP son enfáticos y contrarían la  versión dada por Bitar: "No es recomendable el Código Abierto a nivel  corporativo, dado que mayoritariamente nuestros sistemas y nuestra plataforma se  ha basado en software de empresas IBM-Microsoft, a nivel corporativo".
 En el documento se explica, además, que los profesionales del ministerio  están capacitados en el uso de software licenciados y que abrirse al uso de  nuevos programas significaría una "capacitación masiva" de los funcionarios.  Luego informa de que es recomendable "evaluar alternativas de código abierto"  pero "para soluciones de funcionalidades puntuales".
"Esa es una nota. Yo  pregunto a los equipos técnicos. Pero la opinión del ministro es abrir el tema",  aclara Bitar. 
Falta de motivación
El diagnóstico  de las dificultades para que los organismos del Estado se cambien de plataforma  informática, como se hizo en Brasil, es compartido en otras reparticiones  públicas. Pese al enorme ahorro a mediano plazo que supondría para las arcas  fiscales reemplazar, en las computadoras de los funcionarios públicos, programas  como Office por versiones gratuitas similares.
 Patricio Gutiérrez, director de Estrategia Digital, concuerda con que no  están dadas las condiciones para reemplazar el software licenciado por otro de  carácter abierto en todos los organismos del Estado. "No hay alto compromiso de  la autoridad en tomar banderas por el uso del software libre, hay interés de  aprovechar ciertas oportunidades pero hacer ese desarrollo a nivel global no es  menor. Eso tiene un impacto que requiere una gran capacitación de funcionarios",  asegura. 
Su balance se basa en un estudio que el gobierno solicitó a la  Universidad Católica para revisar la experiencia del uso de software de código  libre en Alemania, Brasil y Venezuela, junto con el análisis del contexto local.  "Ese estudio finaliza en diciembre y se le hizo llegar al presidente de la  Cámara de Diputados", dice Gutiérrez.
 El director de Estrategia Digital, además, indica que hay que tener presente  cuatro elementos para formular una política pública respecto al software libre.  "Primero, alto compromiso de las autoridades para hacer el cambio. Segundo, alta  capacidad humana de los técnicos que implementen los cambios y capacitación de  los funcionarios que deben usarlo cotidianamente. Tercero, un alineamiento entre  la industria y el gobierno para promover el software libre. Y cuarto, que haya  motivación para hacer los cambios. Si uno revisa, estos elementos no están  presentes en este minuto".
Revise los documentos:
Correo de la ACTI a diputados (formato .PDF)
Carta de Sergio Bitar a diputados (formato .JPG)
Minuta del MOP donde entrega posición respecto a software  libre (formato .PDF)
Software libre en el Estado, documento de Estrategia  Digital (formato .PDF)
  
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