El peritaje de los bancos que  complica a los dueños de la quebrada corredora Alfa
  El  documento, en manos del fiscal Luis Inostroza, fue preparado por un experto  contratado por un grupo de bancos afectados por las operaciones de la entidad  bursátil. Un informe "confidencial" del BICE asegura que Alfa mintió en la  contabilidad respecto a su situación financiera. En tanto, un expediente  reservado de la Superintendencia de Valores y Seguros advierte que hay hechos  anteriores al 1 de enero de 2007 que no se han investigado.
 El  documento, en manos del fiscal Luis Inostroza, fue preparado por un experto  contratado por un grupo de bancos afectados por las operaciones de la entidad  bursátil. Un informe "confidencial" del BICE asegura que Alfa mintió en la  contabilidad respecto a su situación financiera. En tanto, un expediente  reservado de la Superintendencia de Valores y Seguros advierte que hay hechos  anteriores al 1 de enero de 2007 que no se han investigado.
 Por Jorge Molina Sanhueza 
 A punto de ser formalizados por cinco delitos de orden financiero, los dueños  de la quebrada corredora Alfa, Alejandro y Antonio Contín, enfrentan un  escenario cada vez más complejo en la investigación que lleva el Ministerio  Público.
 Un peritaje que está en la carpeta de investigación del fiscal Centro Norte  Luis Inostroza revela que las anomalías que terminaron con la quiebra de la  corredora y su posterior expulsión de la Bolsa de Santiago por operaciones  ficticias y uso de papeles sin autorización, entre otras, venían arrastrándose  al menos desde 2006.
 El documento llegó a manos de Inostroza a fines de mayo y fue preparado por  un perito externo contratado por un grupo de bancos que se vieron afectados por  las operaciones de Alfa, aseguró a El Mostrador una fuente del  Ministerio Público.
 Las conclusiones revelan que una parte de la responsabilidad de que Alfa haya  operado por casi dos años al borde de la ley y con deudas que finalmente le  impidieron responder a sus acreedores, está dividida entre la Bolsa de Comercio  de Santiago (BCS) y la propia Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que  habrían pecado de falta de fiscalización.
 Este informe le entrega al fiscal Inostroza una importante "prueba de  contexto", que le permitirá sostener ante el tribunal de garantía -y en un  eventual juicio oral- que la quiebra de Alfa y la responsabilidad de los Contín  no es circunstancial. En el documento además se señala que la magra situación de  la corredora no se debió a la crisis económica, como han sostenido a través de  sus abogados Cristián Muga y Leonardo Battaglia. Sino muy por el contrario: que  se habría tratado de un acto planificado para engañar a la autoridad, esconder  la situación patrimonial de la corredora y usar irregularmente las acciones  dejadas en custodia por sus clientes.
 La omisión
 A conclusiones similares llega un informe "confidencial" entregado por el banco BICE al  fiscal y que publica íntegramente El Mostrador. El análisis  sobre la situación financiera de Alfa, detalla que esta última mintió en su  contabilidad, no ingresando los montos negativos y los que faltaban por cobrar  entre las empresas relacionadas, tales como Alfa, Acson y Fox.
 "Esta grave omisión, imposibilitó conocer la situación de insolvencia en que  se encontraba la empresa y que debió haberse evidenciado en la consecuente  pérdida que habrían presentado los estados financieros si se hubiese constituido  -como corresponde de acuerdo a normas contables- la señalada provisión de  incobrabilidad".
 Otro de los hechos que no han podido aún ser explicados es qué sucedió con  los más de $ 1.900 millones (unos US$ 3 millones) que pasaron desde Alfa,  triangulándose a través de las empresas relacionadas, terminando finalmente en  la cuenta corriente de Alejandro Contín. "Se desconocen las razones que  sustentan esta contabilización", dice el informe del BICE.
 Hay que recordar que el 6 de julio pasado, la SVS dio a conocer la sanción a  los Contín: $ 167 millones para Alejandro y $ 83 millones para su hijo Antonio,  la de mayor cuantía que contempla la Ley de Valores.
 Una vez más
 En la resolución del organismo aparecen los hechos acreditados durante la  investigación, pero en la carpeta del fiscal hay otro informe de carácter  "reservado" de la SVS -el Nº 676 fechado el 24 de diciembre de 2008- donde el  organismo, entre otras conclusiones, asegura que hay una deuda de $ 21 mil  millones que la empresa relacionada Fox le debe a Alfa, cuyo origen "no se puede  determinar con exactitud". Ello porque pertenecen a 2007, respecto de lo cual la  SVS no tiene información, según se lee en la página 29 del documento. Igual  situación sucede, según el organismo fiscalizador, con otra cuenta llamada  "pérdidas acumuladas", donde hay hechos ocurridos con anterioridad al 1 de enero  de 2007 que no se investigaron por estar fuera el período en estudio  (enero-abril 2008).
 No es primera vez que la corredora Alfa es castigada. El 6 de febrero de  2004, de acuerdo al  documento que consta en los archivos de la SVS, Alfa fue sancionada  con 100 UF debido a que operó fuera de las normas de la Ley  de Mercado de Valores.
 Por ahora el fiscal Inostroza prepara los antecedentes que revelará ante el  Cuarto Juzgado de Garantía, cuando formalice a los empresarios. En la  oportunidad, les imputará los delitos de uso irregular de la custodia de  documentos, presentar información falsa a la SVS, quiebra fraudulenta, violación  de la Ley de Bancos y la realización de operaciones ficticias. Varios de estos  ilícitos tienen penas de crimen, es decir, parten en cinco años y un día de  presidio.
 La defensa de los Contín, en tanto, sostuvo en una entrevista otorgada al  diario La Segunda que evalúan presentar una acusación  constitucional contra la SVS, debido a que están en desacuerdo con las  conclusiones a las que llegó el organismo respecto de sus clientes. A su juicio,  los empresarios son inocentes de los cargos que se le imputan, ya que no hubo  inversionistas perjudicados.
 El Mostrador quiso obtener una versión de parte de la Bolsa,  pero se indicó que los responsables de entregar una opinión se encontraban fuera  de Chile. Lo mismo sucedió con la SVS, donde se explicó que al existir una  investigación en curso, se encontraban imposibilitados de emitir cualquier  declaración.
  
 Lea los documentos:
 Informe  confidencial del BICE
 Sanción de la SVS  del 6 de julio de 2008 contra Alfa
 Sanción de la SVS  del 6 de febrero de 2004 contra Alfa (link)