La Cancillería de Bolivia no emitió anoche ningún  comentario sobre este asunto internacional. 
 El canciller chileno, Mariano Fernández, "rechazó" ayer la declaración del  presidente peruano, Alan García, en sentido de que América Latina quiere saber  qué se negocia entre La Paz y Santiago en torno a una eventual salida al mar de  Bolivia. Lima aseguró que, de acuerdo con el Tratado de 1929, Perú debe ser  consultado. 
 Según la agencia Andina, el jefe de la diplomacia chilena dijo que  "rechazamos de manera categórica la intromisión de un tercer país en las  relaciones bilaterales de Chile. Esto no es un tema para ningún organismo  multilateral y menos para que haya una inquisición de parte de terceros países  frente a Chile". 
 Fernández también desestimó las declaraciones de García con relación a que  "todos en América deben saber de qué se tratan las conversaciones entre Santiago  y La Paz, porque siempre hay antiguos intereses peruanos". 
 A juicio del Canciller chileno, este punto es "sumamente sorprendente",  porque los antiguos intereses del Perú en esta materia "francamente no tienen  nada que ver, salvo que sea un tema de nostalgia, y la nostalgia en política  exterior ha sido siempre una mala consejera". 
 Sostuvo que bajo ningún punto de vista Perú puede plantear el asunto en la  cumbre de Unasur de mañana en Bariloche, Argentina, y argumentó que la agenda de  13 puntos que Chile tiene con Bolivia es "un trabajo bilateral constructivo y,  por tanto, nadie debe entrometerse". 
 Sobre la posibilidad de que el embajador chileno en Lima, Fabio Vío quien se  encuentra en Chile hace dos semanas para tratar la demanda en La Haya,  permanezca por más tiempo en este país como señal de molestia, Fernández no la  descartó. 
 El Canciller, en declaraciones a la prensa chilena, se limitó a decir que  "esas cosas se resuelven y se comunican, no se anuncian". 
 La Prensa quiso hablar de este asunto con el canciller boliviano, David  Choquehuanca, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que esa  autoridad estaba en una reunión para coordinar su viaje al encuentro de Unasur.  
 La agenda de 13 puntos fue suscrita por La Paz y Santiago en julio de 2006 e  incluye, por primera vez entre ambos países, el tratamiento del tema marítimo.  
 Tratado de 1929 
 Por su parte, el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, precisó  ayer que el Tratado de 1929, firmado entre Lima y Santiago, establece la  participación de Perú en cualquier decisión sobre una eventual salida al mar de  Bolivia por territorios que fueron peruanos antes de la Guerra del Pacífico.  
 En ese sentido, aclaró que el presidente Alan García expresó su punto de  vista sobre las conversaciones que llevan adelante Chile y Bolivia, sustentado  en la "convicción profunda" de que las relaciones entre los países vecinos deben  ser "claras y transparentes". "No nos olvidemos apuntó la autoridad, según  Andina que en este tema están también en juego los intereses del país. El  Tratado de 1929 establece que cualquier decisión sobre el territorio de Arica y  que implique cesión de soberanía tiene que ser con la participación de Perú".  
 Subrayó que el recordatorio de Lima apunta a conseguir de La Paz y Santiago  "claridad y transparencia, y no porque es algo de interés intelectual, sino  (porque) hay un tratado". 
 El titular de la diplomacia peruana explicó que el Jefe del Estado sugiere la  existencia de un acuerdo entre Chile y Bolivia basado en las aseveraciones del  mandatario Evo Morales, quien aseguró que la demanda presentada ante la Corte  Internacional de Justicia de La Haya (Holanda) intenta perjudicar la aspiración  de su país de acceso al océano Pacífico. 
 Como es fácil entender, añadió el diplomático, si el presidente Morales  "considera que Perú quiere impedir a Bolivia su salida al mar, eso quiere decir  que hay una negociación". 
 En ese sentido, consideró, si se asocia a la demanda ante La Haya, podría  suponerse que el acuerdo de una salida al mar sería por Arica. 
 Lamentó, además, que la relación con Bolivia esté marcada por excesos  verbales del mandatario Morales. 
 Durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del  Congreso, adonde acudió para informar sobre las relaciones bilaterales con  Bolivia y Chile, el titular de Torre Tagle ratificó que no existe ningún  contencioso con el primer país. 
 Comentó que el embajador peruano en La Paz, Fernando Rojas, se reunió el  martes con el vicecanciller Hugo Fernández, a quien hizo saber el mensaje de  Perú sobre las relaciones bilaterales: "Tenemos divergencias, pero también temas  comunes que trabajar". 
 Resaltó que La Paz no tiene ninguna participación en la demanda presentada  por Perú ante la Corte de La Haya y que quienes plantean tal posibilidad tienen  una percepción equivocada sobre este diferendo limítrofe. 
 Los detalles 
 Chile sostuvo con Bolivia y Perú una guerra entre 1879 y 1883. En ese  conflicto el Estado boliviano perdió su acceso al océano Pacífico. 
 El Tratado de Paz y Amistad de 1904, entre La Paz y Santiago, rubricó el  traspaso de los territorios bolivianos a Chile. 
 Perú firmó un acuerdo en 1929 con Chile por el que cedió las ciudades de  Arica e Iquique. De acuerdo con ese convenio bilateral, Perú debe ser consultado  sobre cualquier gestión entre Santiago y La Paz que involucre territorios que  pertenecieron al Estado peruano. 
 En julio de 2006, Bolivia y Chile suscribieron la agenda de 13 puntos que  incluye por primera vez el tratamiento del tema marítimo. 
 Santiago y La Paz tienen, en el marco de esa agenda, un preacuerdo sobre las  aguas del Silala. Mediante ese documento, Chile propone a Bolivia el pago del 50  por ciento por el uso de ese recurso hídrico por un plazo de cuatro años. En ese  lapso se finalizará un estudio que determinará la naturaleza de esas aguas.  Bolivia asegura que es un manantial, mientras que Chile sostiene que es un río  internacional. 
 Los gobiernos de Bolivia y Perú mantienen diferencias desde hace tres años  por asuntos como el asilo otorgado por Lima a tres ex ministros de Gonzalo  Sánchez de Lozada, procesados por el caso octubre de 2003.