CIUDAD DE BUENOS AIRES  (Urgente24). En el marco de una conferencia de prensa, el  defensor del pueblo, Eduardo Mondino, presentó un  informe sobre la renegociación de los contratos entre el Estado y las empresas  de servicios públicos, haciendo hincapié en el segmento energético.
 Según el análisis, "el servicio de  distribución y transporte de gas por redes presenta como primer déficit la falta  de inversiones en la producción", lo que deriva en menor volumen de  producto disponible.
 Agregó que "la caída de las reservas, la  limitación del transporte y la falta de inversión en redes para incorporar  nuevos usuarios denotan la deficiente situación del servicio". El defensor  puntualizó que un grupo importante de empresas del sector gasífero "no cuenta  con ningún avance en el proceso de renegociación" (MetroGas, TGS, TGN, y  Gas del Centro).
 En cuanto a las 3 distribuidoras eléctricas de  jurisdicción nacional (Edenor, Edesur y Edelap), Eduardo Mondino criticó los  aumentos tarifarios acordados, afirmando que no se puede establecer un aumento  "sin evaluar en qué condiciones se encuentra el escenario de la prestación  del servicio con posterioridad a la crisis", que es lo que se planteaba en  la ley de emergencia al proyectar la renegociación global de los contratos.
 Según el informe, "las tres empresas no  cuentan con revisión tarifaria integral, no desistieron de sus reclamos ante el  CIADI y limitaron sus ingresos destinados a la reposición y ampliación de los  sistemas de distribución, afectando la calidad del servicio".
 Añadió que lo mismo ocurrió con las  transportistas. El informe también reveló que entre enero y agosto, el estado  destinó $ 7.473 millones en concepto del subsidio al sistema eléctrico, mientras  en los doce meses de 2007, alcanzó a $ 6.212 millones. Estos subsidios, sin  embargo, no se destinan a las privatizadas de distribución y transporte, sino a  cubrir la diferencia entre el precio mayorista que se incluye en las tarifas al  público y el que se debe reconocer a las generadoras para que cubran sus  costos. 
 
Durante la  conferencia, Mondino señaló que "habiendo efectuado un análisis integral del  proceso de renegociación de contratos de servicios públicos, en los últimos 6  años, podemos concluir que el mismo resulta a todas luces inconstitucional a  partir de la aprobación ficta de múltiples contratos"
 En una parte de la conferencia, el Defensor del  Pueblo de la Nación advirtió que esta metodología es sostenida por el Estado  Nacional, " a quien le resulta  funcional para su manejo" y que "en este esquema, el usuario es  transformado en rehén, en tanto que los empresarios resultan ser cómplices, a  partir de su rol pasivo, ante las inconsistencias en los procedimientos y la  inseguridad jurídica que ello genera".
 "A 6 años vista de iniciado el proceso,  el nivel de acuerdos alcanzados conforme las previsiones de la Ley de 25.561  (que declaró la emergencia pública) , es prácticamente nulo, lo que demuestra a  las claras un contexto de fragilidad jurídica de gran magnitud", señaló el  Ombudsman nacional.
 El Informe de la Defensoría indica que  "tratándose de servicios públicos y siendo estos claves en el desarrollo  económico y social del país, esta no renegociación afecta de forma clara y  directa, ese desarrollo". 
 Por último, indicó  Mondino que elevará el  Informe Especial al Congreso de la Nación "con el objeto de solicitarle que  requiera el reenvío de todos los acuerdos para su análisis y aprobación, única  manera de lograr un encuadre jurídico sólido, acorde a ley y a la Constitución  Nacional, otorgando así verdaderas garantías a los usuarios, consumidores,  prestadores y al propio Estado Nacional".