Punto/Contrapunto: La función del gobierno
Estudiantes filipinos participan en un programa nacional de siembra de árboles auspiciado por el gobierno de Filipinas. (© AP Images)
Tal como exponen los demás artículos que se incluyan en la presente edición del periódico electrónico, las empresas estadounidenses están adoptando nuevos enfoques de gestión sostenibles, por diversos motivos. Sin embargo, en el pasado, la política normativa del gobierno ha sido la principal impulsora de la limpieza medioambiental en muchos países. Cabe preguntarse, ¿cuál es la función que le corresponde al gobierno al promover mejores prácticas ambientales en el sector empresarial?
Hemos planteado esta pregunta a dos expertos a fin de conocer sus opiniones sobre el tema.
Margo Thorning es vicepresidente ejecutiva y economista en jefe del Consejo Estadounidense para la Formación de Capital (AAFC), en Washington D.C. Posee un doctorado en economía de la Universidad de Georgia y ha ocupado cargos en los departamentos de Energía y de Comercio de Estados Unidos, así como en la Comisión Federal de Comercio. La misión del AAFC es fomentar el crecimiento económico a través de la formulación acertada de políticas tributarias, comerciales, normativas y medioambientales.
Bob Willard, experto en la rentabilidad de estrategias empresariales sostenibles, es autor de la obra The Sustainability Advantage (La ventaja de la sostenibilidad) y de The Next Sustainability Wave (La próxima ola de sostenibilidad). Willard, con un doctorado de la Universidad de Toronto y 34 años de experiencia en el campo de desarrollo de empresas y liderazgo en IBM Canadá, asesora a la comunidad empresarial en la prevención de riesgos y aprovechamiento de oportunidades relacionados con la sostenibilidad.
A continuación siguen dos artículos que mantienen posturas contrarias en cuanto a la manera de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero:
(comienza el artículo)
Incentivos a la adopción de mejores prácticas medioambientales en el sector empresarial
Por Margo Thorning
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, una cuestión ambiental prioritaria, y el fomento del crecimiento económico son dos objetivos importantes para decisores públicos en todo el mundo. Por lo general, el sector empresarial estadounidense está de acuerdo con la idea de que las empresas deben poner de su parte para detener el aumento de las emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI). En 2002, la administración del presidente Bush asumió el compromiso de reducir las emisiones de intensidad GEI de Estados Unidos (la cantidad de energía necesaria para producir un dólar del PBI) en 18 por ciento en el período comprendido entre 2002 y 2012. Estados Unidos está camino de superar ese objetivo.
No obstante, la reducción de la tasa de GEI exigirá esfuerzos más firmes por parte de la industria, las empresas eléctricas, los hogares y el gobierno. La puesta en marcha de una estrategia que reduzca el costo del capital para las inversiones en energía limpia, para la investigación y el desarrollo, y para la gestión de la demanda podría generar mayores dividendos si se traduce en un crecimiento económico más fuerte y en la reducción de la intensidad energética, sin que se frene el crecimiento económico y aumente el desempleo.
Efecto de los programas obligatorios de reducción de los GEI
Muchas de las propuestas legislativas se basan en estrategias de "límites máximos y de comercio de derechos de emisión", mientras que otras proponen un impuesto a las emisiones de carbono. Es probable que, si se da fuerza de ley a estas propuestas, se reduzca el crecimiento de PBI y el empleo en Estados Unidos. Tal como señalaba el informe de 2007 Issues in Climate Change, de la Oficina de Presupuesto del Congreso: "Las compensaciones, o las medidas reductoras de emisiones para evitar tener que hacer las compensaciones, se añadirían al costo comercial de las empresas sujetas a los límites máximos de emisiones de CO2. Sin embargo, esas empresas no serían las que en última instancia correrían con los gastos de las compensaciones, sino que gran parte de los costos se pasarían a sus clientes (y a los clientes de sus clientes) con una subida de precios".
Muchos expertos consideran que la economía de Estados Unidos se acerca a una recesión, o se encuentra en ella. Mientras que los decisores públicos intentan reanimar la economía durante este difícil período, valdría la pena considerar algunos incentivos para ayudar a las empresas a hacer el tipo de inversión ecológica en fábricas y equipos, y en investigación y desarrollo, que no sólo contribuirán a la reducción de los GEI, sino que también aumentarían la productividad y el crecimiento económico.
La función del crecimiento económico y la tecnología en la reducción de los GEI
Muchos de los responsables de formular las políticas económicas hacen caso omiso del posible efecto positivo del crecimiento económico en la reducción de las emisiones de GEI. Por ejemplo, en 2006, cuando la economía de Estados Unidos registró un aumento del 3,3 por ciento, las emisiones de CO2 disminuyeron en un 1,3 por ciento. En general, la utilización de energía se redujo solo un 0,9 por ciento, lo cual indica que la economía de Estados Unidos hizo uso menos intensivo del carbono aun cuando no existía la obligatoriedad de los límites máximos de emisiones.
El desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías es la manera más eficientes de reducir las emisiones de GEI, y una economía dinámica tiende a salir adelante más rápidamente con la ayuda de la inversión de capital. Solo hay dos maneras posibles de reducir las emisiones de CO2 causadas por el uso de combustibles fósiles, a saber: una reducida dependencia de los combustibles fósiles, o el desarrollo de tecnologías de eficiencia energética para capturar las emisiones o sustituir la energía de origen fósil. La literatura que versa sobre la relación entre uso de energía y crecimiento económico es abundante, así como lo es también la que expone los efectos negativos de la reducción del consumo de energía. A largo plazo, son las nuevas tecnologías las que más prometen debido a su impacto sobre la tasa de emisiones de GEI y su nivel de concentración en la atmósfera. Los incentivos fiscales a la investigación y el desarrollo en Estados Unidos serían una medida alentadora, así como también el establecimiento de un crédito impositivo permanente a la investigación y el desarrollo que apoye programas a más largo plazo cuyos resultados podrían derivar en avances tecnológicos.
La función de las alianzas internacionales
La investigación realizada por David Montgomery y Sugandha Tuladhar, de CRA International, sostiene que proyectos como la Alianza de Asia y el Pacífico en pro del desarrollo limpio y el clima (AP6), un acuerdo suscrito en 2005 por India, China, Corea del Sur, Japón, Australia y Estados Unidos, propone un enfoque que reconcilia los objetivos de crecimiento económico y saneamiento medioambiental en los países en desarrollo. Los países firmantes de AP6 tienen juntos a su haber el 45 por ciento de la población mundial, y emiten el 50 por ciento de las emisiones de CO2 causadas por el hombre. Las proyecciones sobre el elevado aumento de los gases de efecto invernadero en los países en desarrollo en los próximos 20 años indican el enorme potencial que existe para la reducción de emisiones a través de mecanismos basados en el mercado para la transferencia de tecnologías.
Montgomery y Tuladhar señalan varios factores críticos que inciden en el éxito de un acuerdo internacional que depende mucho de la inversión del sector privado para su feliz término. Su investigación revela que las reformas institucionales son una cuestión de importancia crítica para los países AP6, puesto que la ausencia de un entorno de inversión orientado al mercado es el principal obstáculo a la reducción de gases de infecto invernadero en China, India y otras economías asiáticas. China e India han puesto en marcha los procedimientos necesarios para crear un sistema económico basado en el mercado, con beneficios obvios que se traducen en el aumento de la tasa de crecimiento económico. No obstante, el proceso de reforma ha sido lento y vacilante, y ha dejado tras de sí considerables barreras institucionales que impiden el cambio tecnológico, el aumento de la productividad y la reducción de las emisiones. El Banco Mundial y otras instituciones han llevado a cabo extensas investigaciones sobre la función de instituciones específicas en la creación de un clima propicio para la inversión. Entre ellas cabe destacar la reducción al mínimo de la corrupción y las cargas normativas, la creación de un estado de derecho eficaz, el respeto a los derechos de propiedad intelectual, la limitación de la función del gobierno en la economía, la eliminación de las distorsiones de los precios de energía, y la provisión de una infraestructura adecuada y una fuerza laboral capacitada y motivada.
La importancia de la transferencia tecnológica para la reducción de las emisiones
Tal como se ha explicado arriba, la tecnología reviste una importancia crítica porque las emisiones por cada dólar de ingreso son mucho mayores en los países en desarrollo que en Estados Unidos o en otros países industrializados. Ello supone un desafío y, a la misma vez, una oportunidad. Es un desafío porque la elevada intensidad de las emisiones — y del relativamente lento o casi inexistente progreso en la reducción de la intensidad de las emisiones — es lo que explica la elevada tasa de aumento de emisiones en los países en desarrollo.
Por otra parte, surgen también oportunidades porque la tecnología para la utilización de energía en los países en desarrollo representa una mayor cantidad de emisiones por cada dólar de producción que la que hay en uso en Estados Unidos. Lo mismo sucede a inversiones nuevas en tecnología en los países como China e India, así como en su base instalada. Por ejemplo, la tecnología incluida en la base instalada de bienes de capital en China produce emisiones a una tasa casi cuatro veces mayor la de la tecnología en uso en Estados Unidos. La intensidad de las emisiones de China mejora rápidamente, pero aún así, su nueva inversión incluye tecnología con una intensidad de emisiones dos veces mayor que la de la nueva inversión en Estados Unidos.
Estrategias para promover el cambio institucional
Aunque es evidente que existe una relación entre las instituciones, el crecimiento económico y las emisiones de gases de efecto invernadero, no es posible aplicar una formula general que identifique los fracasos específicos institucionales, que son los responsables de las elevadas emisiones por unidad de producción en un país específico. Para que se logre progreso en la reforma institucional, es necesario que, como mínimo, exista un acuerdo entre los principales actores o partes interesadas — las empresas, grupos con influencia sobre la opinión pública en China, India y otros países en desarrollo (entre ellos los gobiernos locales y regionales) y los gobiernos nacionales — sobre la naturaleza y el alcance de los problemas, sobre la reformas necesarias para atender esos problemas y sobre la identificación de las medidas concretas que cada gobierno deberá emprender para lograr la reforma institucional.
Por ejemplo, se puede incentivar el progreso en la implementación de AP6 si los gobiernos de Australia, Japón y Estados Unidos financian la investigación sobre temas tales como el clima de inversión, el nivel de tecnología incluido en la nueva inversión, la función de la inversión directa extranjera y los posibles ahorros energéticos obtenidos de la transferencia de tecnologías, la naturaleza y los efectos de las distorsiones causadas por los precios en la oferta y la demanda de energía, y las emisiones de gases de invernadero en China e India. Asimismo, sería muy útil el apoyo del gobierno a la investigación que aclare las consecuencias directas de las propuestas reformas de eficiencia energética y los beneficios de un clima de inversión basado en el mercado para el proceso total del crecimiento económico.
Ampliación de alianzas internacionales para incluir a los principales emisores
En la Cumbre G-8 celebrada en Alemania el pasado año, las autoridades responsables convinieron en adoptar varias medidas a fin de lograr la reducción de GEI. Al reconocer que el 85 por ciento de todas las emisiones proviene de unos 15 países, los mandatarios del G-8 decidieron convocar a los principales países consumidores de energía para acordar un nuevo marco internacional no más tarde de finales de 2008. Los mandatarios acordaron colaborar en el logro del objetivo de largo plazo de reducir los GEI, así como acelerar el desarrollo y despliegue de tecnologías de energía limpia. También acordaron colaborar para lograr la reducción y/o eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias a bienes y productos ambientales por medio de las negociaciones Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Otros temas en los que hubo acuerdo fueron: el desarrollo y puesta en práctica de programas nacionales de eficiencia energética, aumentar la cooperación internacional para lograr la eficiencia energética, así como realizar esfuerzos conjuntos en sectores claves tales como el desarrollo silvícola sostenible, la generación de electricidad, y transportación, industria y construcción de edificios. Por último, acordaron mejorar la cooperación con los países en desarrollo en la adaptación al cambio climático.
Conclusión
Michael Mobbs, asesor de medio ambiente, opina que las normativas del gobierno obstaculizan la construcción ecológica. (© AP Images)
La eficacia de las políticas de reducción de emisiones de GEI en todo el mundo depende de la inclusión de países tanto desarrollados como en desarrollo. Es probable que las políticas que contribuyen al desarrollo y transferencia de tecnologías tengan mucho más acogida que las que requieren reducciones rigurosas e inmediatas en la utilización per cápita de energía. La ampliación del marco de la Asociación Asia-Pacífico sobre Desarrollo Limpio y Clima para admitir a otros principales emisores de GEI hará posible que los países desarrollados dediquen sus esfuerzos allí donde mayor sea su rendimiento, traducido en reducciones de emisiones a un costo más bajo.
Por ultimo, si Estados Unidos no adopta un programa de reducción obligatoria de emisiones de gases de invernadero, deberá considerar seriamente el establecimiento de una carga impositiva al carbono, en lugar de optar por un sistema de topes máximos y comercio de emisiones como lo ha hecho la Unión Europea. Un elemento clave de cualquier programa obligatorio de Estados Unidos deberá ser la tolerancia del aumento de emisiones conforme crece la economía y aumenta la población en el país.
(termina el primer artículo)
(comienza el segundo artículo)
El liderazgo del gobierno en la búsqueda de la sostenibilidad
Por Bob Willard
El Informe 2007 del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático advierte sobre los pocos años que restan para lograr la estabilización de los gases de efecto invernadero antes de que se precipite un cambio climático irreversible. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio revela la degradación o utilización no sostenible del 60 por ciento de los 24 ecosistemas de los que somos actualmente dependientes, así como la amenaza que se ciñe sobre los restantes. Según la Red Huella Global, la huella ecológica de la humanidad supera en un 23 por ciento la capacidad de carga del planeta, y su tamaño sigue aumentando. El cuarto informe de Perspectivas del Medio Ambiente (GEO-4) del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente expone las principales amenazas que persisten todavía en el planeta: el cambio climático, el acelerado ritmo de la extinción de las especies y el problema de alimentación de una población en aumento, y todas ellas ponen en riesgo a la humanidad.
Los problemas de sostenibilidad se tambalean y están a punto de volcarse. Nos encontramos en una carrera que determinará si la humanidad será capaz de salvar el mundo que nos sustenta. De soluciones no hay carestía.
De lo que sí adolecemos es de una voluntad política sostenida. Es necesario se ponga fin a las prácticas insostenibles que llevan al planeta hacia una situación crítica; se declare una Guerra para la Sostenibilidad que fomente la resolución colectiva; y se atiendan las crisis climáticas, energéticas y ecológicas con el mismo grado de urgencia y nivel de recursos de la Guerra contra el Terrorismo. Los gobiernos deberán ser los líderes que preparen bien a la sociedad para el futuro.
A continuación se presentan siete medidas innovadoras que responden a los monumentales desafíos ambientales y sociales que afrontamos.
1. Integrar la educación sobre el desarrollo sostenible en los sistemas formales e informales de educación: Todos los niveles de gobierno deberán adoptar un enfoque sistémico integral en su política educativa, formación de docentes, operación de instalaciones y aplicación de programas de estudio. El objetivo proclamado del programa de las Naciones Unidas del Decenio 2005-20014 de la Educación para Desarrollo Sostenible es integrar los valores, principios y prácticas del desarrollo sostenible a todos los aspectos de la educación y del aprendizaje en todo el mundo.
Tal educación sensibilizará a niños y a adultos sobre la relevancia de cada persona para la sostenibilidad, los peligros que presenta el cambio climático y otras crisis de carácter social y ambiental, y la urgente necesidad de tomar medidas correctivas. Después de todo, es una población informada la que otorga a su gobierno el mandato de hacer un cambio.
2. Reemplazar el PIB con el IPG: El Índice de Progreso Genuino (IPG) incluye atención de salud, seguridad, limpieza ambiental y otros indicadores de bienestar que, junto a los valores financieros y económicos del producto interno bruto (PIB), resultan en una evaluación total del progreso nacional. La aceptación por el gobierno de este informe anual de la riqueza genuina de un país daría legitimidad a otros valores que no son monetarios. La evaluación de la huella ecológica o de carbono de una nación alertaría a la gente sobre la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático.
3. Implantar la traslación de impuestos ambientales: La mayor parte de nuestro sistema tributario está al revés: gravamos los "bienes" e incentivamos los "males". En lugar de ello, debemos imponer tributos a la contaminación, al carbón y a los residuos. Deberíamos incentivar el empleo, los recursos renovables, la reconversión del capital social, el consumo responsable y la eficiencia energética. La traslación de la carga impositiva para neutralizar las ventajas tributarias por ingresos obtenidos de lo no deseado por aquello que sí deseamos, enviará un mensaje convincente sobre la adopción de comportamientos más compatibles con el medio ambiente.
4. Eliminar las "subvenciones que causan distorsiones": En la actualidad, no se fomenta el uso de fuentes alternas de energía debido a las subvenciones distorsionadoras que reciben las industrias de energía nuclear y de combustibles de origen fósil. Los países industrializados aportan subvenciones a la industria de combustibles fósiles que alcanzan tanto como $200 mil millones por año. De esta cifra, se destinaron en 2005 entre $29 y $46 mil millones a la industria de combustibles fósiles de Estados Unidos. Estas subvenciones causan distorsiones porque contribuyen a un comportamiento que perjudica el medio ambiente. Y los ciudadanos reciben factura doble por ello — la primera cuando sus contribuciones a rentas internas pagan por las subvenciones, y luego cuando pagan los gastos directos o indirectos de la restauración ambiental o la atención de salud.
Junto a la traslación de impuestos y gravámenes ambientales, se deberán transferir las subvenciones de las industrias de energía nuclear y de combustibles fósiles a las industrias de tecnologías limpias.
5. Imponer límites/impuestos al carbono: El precio elevado fijo del carbono podría mitigar la causa del posible cambio climático en todos los sectores. La mayoría de los estudios indican que es posible que el alto precio del carbono (entre 20 y 50 dólares estadounidenses por tonelada de CO2 equivalente), ya se mantenga o incremente a lo largo de las décadas, propicie la creación de un sector generador de electricidad con un bajo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2050, así como otras opciones mitigadoras en los sectores de uso final de la energía y con un buen rendimiento económico. Por consiguiente, los gobiernos deberán imponer un límite a las emisiones de carbono, con adjudicación de licencias ambientales, y/o imponer un impuesto al carbono.
El grupo Earth Atmospheric Trust ha propuesto que los gobiernos impongan un límite máximo a las emisiones globales, adjudiquen licencias ambientales y distribuyan equitativamente los dividendos a cada ciudadano de la Tierra para ayudar a aliviar la pobreza. Otro informe, titulado Opción 13, propone un impuesto mundial al carbono. Ambos son ideas excelentes.
Por otra parte, convendría que los gobiernos impusieran una moratoria a las nuevas centrales eléctricas a carbón y a la expansión de arena petrolífera hasta tanto se hayan puesto a prueba las tecnologías para la captura y almacenaje del carbón.
6. Dirigir con el ejemplo: Es necesario que el sector público se posicione como líder haciendo que las compras del gobierno sean únicamente de productos "verdes" y de suministradores "verdes". Los gobiernos deberán marcar la pauta al comprar sólo enseres que cumplan las normas más rigurosas de eficiencia energética, vehículos de tecnología avanzada eléctrica o híbrida con baterías más potentes y fiables, productos de limpieza no perjudiciales al medio ambiente, papel con certificación del Consejo de Manejo Forestal de que está hecho de 100 por ciento fibra reciclada, y otros productos y servicios verdes similares. Todos los edificios públicos deberán recibir la certificación de categoría oro o más alta de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED, siglas en inglés), con lo cual un gobierno adquiere el derecho de cambiar las normas de construcción de los edificios y a exigir las mismas en los edificios residenciales, comerciales e industriales.
7. Trabajar para aliviar la pobreza: Dado el caso de que muchos de los desafíos de la sostenibilidad surgen de los esfuerzos desesperados de la población pobre en países desarrollados y en desarrollo en un intento por sobrevivir o mejorar su precaria situación, las acciones concertadas de los gobiernos de todo el mundo encaminadas a mejorar sus condiciones de vida podrían también contribuir a sanear el ambiente.
Conclusión
Estas innovadoras siete medidas tienen como norte la apremiante noción del gobierno de que debe mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos. El progreso hacia la sostenibilidad requiere que, aparte de la prevención de la contaminación, se integren de forma sistémica todas las consideraciones ambientales, sociales y económicas en la adopción de las decisiones en todos los niveles de la sociedad.
Incumbe a los gobiernos desplegar un conjunto más abarcador de políticas que impulsen la eficiencia y la productividad, que disminuyan la utilización de los recursos, eviten la contaminación y que movilicen a la ciudadanía. Los gobiernos cumplen la importante función rectora de velar que las fuerzas del mercado envíen indicaciones que animen un comportamiento corporativo, institucional y particular compatible con la sostenibilidad, y de sancionar a quienes se oponen a ello.
(termina el segundo artículo)
Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente el punto de vista ni la política del gobierno de Estados Unidos.
Max Weber fue, quizá, uno de los últimos grandes humanistas. Nacido en Alemania en 1864, vivió intensos 56 años en los que, con excepción de algunos períodos de cierto 
