 Las manifestaciones asociadas a        Responsabilidad Social en el sector público generan incentivos de buenas        prácticas que permite tensionar tanto la filosofía como la        gestión organizacional, generando los círculos virtuosos de mejora        continua y de sostenibilidad en la forma de hacer las cosas, en pro de        beneficios concretos para la ciudadanía.
Las manifestaciones asociadas a        Responsabilidad Social en el sector público generan incentivos de buenas        prácticas que permite tensionar tanto la filosofía como la        gestión organizacional, generando los círculos virtuosos de mejora        continua y de sostenibilidad en la forma de hacer las cosas, en pro de        beneficios concretos para la ciudadanía.  
       
Cuando las organizaciones deciden incorporar herramientas de        gestión dentro de sus negocios, no siempre son conscientes de que están        ajustando la filosofía que subyace en estas herramientas. 
       
Por ejemplo, al considerar la implementación de un sistema de        gestión de calidad, de una u otra forma obliga a que las directrices        organizacionales, tanto sus políticas como su filosofía, incorporen el        concepto de calidad en su amplio espectro. Obviamente esto va de la mano        de la aplicación de las acciones y requisitos de un sistema de calidad,        que dan consistencia y fortalecen la incorporación de a poco a una nueva        filosofía, a una nueva forma de hacer las cosas al interior de la        organización. Situación similar ocurre con otros sistemas de gestión,        tales como ambiental, de riesgos, entre otros, en los que las        transformaciones sistémicas producto de acciones o requisitos normativos,        que inciden ajustando las directrices organizacionales. 
       Como resultado, después de numerosos esfuerzos y la perseverancia para        que estos sistemas estén realmente incorporados al interior de la gestión,        las organizaciones son reconocidas por los actores asociados como un        negocio que incorpora estos conceptos. Así la permeabilidad a las buenas        prácticas se traduce en estándares aceptados y comparables con los de        otras organizaciones a nivel internacional. 
       Una vez que el sistema está implementado, las directrices de la        organización junto con la cultura organizacional son las que harán que el        sistema pueda permanecer en el tiempo. Por lo tanto, para implementar y        darle sustentabilidad al los conceptos señalados, y en particular la        Responsabilidad Social Corporativa, es importante que co-existan dos        situaciones: permeabilidad en las directrices organizacionales e        implementación de buenas prácticas como una forma de hacer las cosas al        interior de la organización. 
       El Estado, y por lo tanto todas la institucionalidad pública, por        definición tiene debe ejercer un rol en lo social, cuyo objetivo        prioritario es la generación de políticas públicas en beneficio de toda la        ciudadanía. Bajo esta perspectiva, se podría decir que, la Responsabilidad        Social es parte inherente de la filosofía o política del Estado. Pero,        ¿las buenas prácticas de RS están incorporadas dentro de su gestión?        
       Aquí es donde el Estado tiene un gran desafío que abordar. A través de        la gestión de todas sus instituciones, puede ser reconocido por los        actores involucrados, al aplicar buenas prácticas y ser Responsable        Socialmente. No se puede dejar de mencionar la gran ventaja que posee        frente a otras organizaciones cuyo fin es totalmente diferente. Sin        embargo, el sector público tiene un "deber" respecto a la implementación        coordinada y planificada de buenas prácticas en materia de RS, a pesar que        se ha impulsado la implementación de una serie de herramientas de gestión        en pro de una mejora, como por ejemplo el Programa de Mejoramiento de la        Gestión Pública (PMG) creado a partir del año 1998 y perfeccionado en los        años venideros, se enfrenta a limitaciones que dificultan una adecuada        ejecución, como por ejemplo: 
       
 La distribución del presupuesto de las institucionales públicas        no es equitativa, por ejemplo, en términos de estándares de las        instalaciones, en la utilización de recursos, en la cantidad de personal,        etc. 
       
 Excesiva burocracia en la gestión habitual del sector. 
       
 Resguardos excesivos que se deben tomar para el desarrollo de        proyectos, que en muchos casos terminan en la no implementación, ya que si        no se obtienen resultados positivos en todos los proyectos a corto o        mediano plazo, se cuestiona la posibilidad de generación de nuevos        proyectos. 
       
 En varias organizaciones existe una cultura establecida para        hacer las cosas, que limita la implementación de nuevas ideas porque        "siempre se han hecho las cosas así". 
       
Para vencer estas dificultades, es necesario que las organizaciones        y sus directivos, revisen sus estructuras, competencias, funciones, etc. y        puedan definir las mejores estrategias para que los resultados sean        mejores. 
       
En este sentido, la implementación de prácticas socialmente        responsables en las instituciones públicas, es un aporte significativo al        funcionamiento general de las organizaciones porque genera valor agregado        en todos los actores o stakeholders, porque incentiva la implementación de        acciones en beneficio de la ciudadanía. 
       
Por todo lo anterior, la manifestación de responsabilidad social en        el sector público, promueve que las instituciones públicas revisen sus        respectivos objetivos y funcionamiento de sus negocios en todas las        dimensiones que considera el concepto (Gobierno Organizacional, Derechos        Humanos, Prácticas Laborales, Medio Ambiente, Prácticas Operacionales        Justas, Consumidores y Desarrollo Social y Económico de la Comunidad,        consideradas en la Norma ISO 26000 que se está elaborando actualmente), y        el cómo su accionar impacta a los stakeholders principales de cada        organización, preocupándose y ocupándose de mejorar continuamente su        gestión para que ésta sea cada vez mejor y así se la ciudadanía aumente su        satisfacción (cliente principal del Estado), lo que contribuye        directamente con el desarrollo del país. 
       
*Ricardo Loyola Moraga es Ingeniero Civil        Industrial por la Universidad de Chile. Cuenta con un MBA - Magíster en        Gestión Empresarial de la Universidad Técnica Federico Santa María.Este        artículo fue publicado en el blog:www.rsc-chile.cl.