DIIVORCIO EN CHILE
Diputada María Angélica Cristi:
"Gobierno es cómplice por omisión en aumento de divorcios en Chile"
Esta semana hemos recibido dos malas noticias para la familia: el presidente Barak Obama, autorizó el financiamiento para organizaciones que promuevan o practiquen el aborto fuera de los Estados Unidos (entre ellas ONGs que operan en Chile); y un diario de circulación nacional nos alertó del aumento sostenido de divorcios en nuestro país.
Como era previsible, tras la promulgación de la Ley de Matrimonio Civil que creo la figura del divorcio, hemos entrado en una espiral de rupturas matrimoniales que sobrepasan la legalización de parejas que ya vivían separadas y que, legítimamente, querían formalizar su situación. De hecho, la mayor cantidad de divorcios corresponden a parejas menores de 40 años.
De acuerdo al Registro Civil, al 30 de Noviembre del año 2008 se habían celebrado en nuestro país 52.488 matrimonios y 18.320 divorcios. Es decir, por cada tres matrimonios se sentencia un divorcio, acercándonos a las tasas de países en donde está legalizado desde hace más de tres décadas: 33% en Francia, un 38% en Suiza y casi el 50% en Inglaterra.
Para muchos representantes de la Concertación, estas cifras son un signo de progreso y de garantía de libertad. Para nosotros, en cambio, son un signo de alarma, porque el divorcio genera numerosas y graves consecuencias sociales que afectan a todos los miembros de la familia y especialmente a la mujer y a sus hijos.
La consecuencia más grave y la más urgente de resolver, es la feminización de la pobreza. Ya la Encuesta Casen de 2006 arroja un indicador que debiera prender la luz roja del gobierno: el 44% de los hogares indigentes están hoy encabezados por una mujer. Miles de mujeres de sectores medios, tras un divorcio que las despoja de bienes que contribuyeron a adquirir, ingresan al grupo de los chilenos más pobres. Las situaciones más dramáticas corresponden a mujeres mayores de 60 años, que nunca trabajaron fuera del hogar, porque dedicaron sus años más productivos a la casa y a la familia y, por tanto, se encuentran hoy fuera del mercado laboral, sin previsión y sin bienes.
Ningún gobierno de la Concertación ha implementado políticas pro familia. Al contrario, se han empeñado en promover reformas que la debilitan, generando una tensión artificial entre la libertad y la responsabilidad. Parlamentarios, alcaldes y concejales le hemos hecho llegar varias propuestas al gobierno en estas materias y nunca ha habido la voluntad de implementarlas. Hay numerosas medidas que podrían implementarse, sin coartar la libertad de las personas y el derecho a elegir sus propios caminos:
• Subsidiar a instituciones que trabajan en la resolución de conflictos de pareja, como Iglesias de distintos credos, ONGs, escuelas para padres, programas municipales, entre otros. El gobierno destina más recursos a facilitar la ruptura que a mantener la unión matrimonial. Ni un solo peso de gasto social se destina a proveer de servicios profesionales a quienes desean reconstituir la relación. Tal como se han dispuesto miles de millones de pesos para infinidad de causas sociales, políticas y culturales, el gobierno debe comprometerse con una de las causas más importantes y que constituye el motor de la sociedad: la familia.
• Disponer la obligatoriedad de los cursos de información prematrimonial que imparten el Registro Civil y otras instituciones.
• Darle urgencia a los proyectos de ley que mejoran la Ley de Matrimonio en materia de compensación económica para el cónyuge más débil.
En nuestro país es mucho más fácil tramitar un divorcio que resolver una crisis matrimonial. No existen servicios públicos y gratuitos para las parejas que buscan orientación para prevenir el quiebre. Sin embargo, está lleno de ofertas y facilidades públicas y privadas para quienes desean tramitar un divorcio. Hasta la tarjeta de crédito que emite un supermercado promociona el pago de un divorcio en ¡36 cuotas!
Contraer matrimonio y divorciarse son decisiones que se toman en forman voluntaria y en la intimidad de una pareja. El Estado no puede impedir que un matrimonio decida terminar con su relación, pero tampoco puede mirar para el lado cuando tiene frente a sus ojos una realidad como la que indican las cifras y cuyas consecuencias traspasan las paredes de un hogar. Hasta el momento, el gobierno ha sido cómplice por omisión del aumento de divorcios en Chile y de la inestabilidad y pobreza en la que deja sumidas a miles de familias.
Rodrigo González Fernández
DIOPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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