Mantener la carga a los combustibles encarece un  proceso esencial para que la economía funcione
Por  Adolfo Zaldívar, Presidente del Senado
Presidente  del Senado Adolfo Zaldívar
Finalmente  y después de largas negociaciones y esperas, contradiciendo las peticiones de  los consumidores y de la ciudadanía en general, el ministro de Hacienda mantuvo  el Fondo de Estabilización del Petróleo como su arma amortiguadora de los  elevados precios de los combustibles. 
 
El  pobre resultado no se hizo esperar ya que ante una rebaja esperada de la  autoridad de $60 a $80, se obtuvo en sus inicios una mera rebaja de  $  22  y que con las alzas de esta semana quedarán en la  nada.
 
A  este ritmo de aumento del precio del petróleo, el Fondo  no durará más de  algunos meses, en tanto que Hacienda plantea que durará hasta 2010. Es claro que  estamos en presencia de una porfía propia de una sociedad inmovilista. ¿Por qué  razón?.
 
La  primera, es que en el inmovilismo,  un impuesto no desaparece más, por  irracional e injustificado que sea mantenerlo. Mañosamente se quiere relacionar  una eliminación del impuesto con una reforma tributaria  que compense los  ingresos perdidos, sin preguntarse si esos ingresos son necesarios, y sin darse  cuenta que la millonaria recaudación del IVA que conlleva el precio del crudo,  está dando con creces los fondos que por ahora dejarían de obtenerse en caso de  eliminar el impuesto.
 
Están  apareciendo una serie de argumentos ambientales -evitar la polución- que  intentan a toda costa mantenerlo, cuando el sólo precio del petróleo,  literalmente en las nubes, es suficiente para disuadir su uso sin necesidad de  ponerle una carga adicional.  
 
La  eliminación del impuesto tiene una justificación en si misma. Se impuso para  reparar caminos dañados por el terremoto del 85, etapa claramente superada y  mejorada, así que no tiene sentido que continúe. En segundo lugar, en el corto  plazo, su eliminación es muy eficaz, porque  alivia la inflación y el costo  de una materia prima en su  momento más álgido, que golpea a la ciudadanía  en forma inmisericorde, produciendo un  IPC que sólo se veían en la épocas  de desajustes macroeconómicos  que no es el actual caso de Chile.  Y  mantenerlo encarece un proceso-el transporte y la calefacción- que es esencial  para que la economía funcione en forma más competitiva, cuando la productividad  del país está seriamente cuestionada a nivel local e  internacional.
Subyace,  al insistir en el uso del Fondo -y no eliminar el impuesto- la manía de  inamovilidad de la máquina recaudatoria y pérdida absoluta de la fe en un mayor  crecimiento del país que allegará fondos fiscales en forma más racional que con  este mecanismo y en particular, en este preciso momento que el petróleo ya  supera los US $ 140 el barril. 
 
Porque  con el Fondo como mecanismo de rebaja de los precios, y no la eliminación del  impuesto, al bajar el precio del crudo , el Fondo requerirá que se reintegren la  platas prestadas, lo que se logra manteniendo  el precio de los  combustibles más altos que lo que correspondería a su precio internacional más  los recargos normales. En tanto, eliminando el impuesto, esta carga artificial  desaparecería para siempre, pero sin duda dejaría al país en un pie mucho más  eficiente y con una población tratada con mayor justicia, porque ya no  discriminaría rebajas entre diesel, bencina y parafina, camioneros o  automovilistas, sino en un beneficio que es común para  todos.
  
Las  proyecciones económicas de Chile, artillado hasta los dientes con  multimillonarias reservas fiscales y monetarias, permiten proyectar  un  crecimiento que allegará cualquier ingreso fiscal en forma más eficiente que  este antediluviano e irracional impuesto, y para ello se requiere una autoridad  que haga del crecimiento una tarea prioritaria. 
 
No  se logrará sin duda, si la autoridad persiste en mantener lo que se ha producido  por simple agregación durante décadas, y maximizando  a cualquier costo los  ingresos fiscales, como sucede ahora.
 
La  autoridad no está haciendo buena economía. El sector privado requiere menos  impuestos y más justicia en los impuestos, pero en esa tarea, las rémoras que  persisten en la peor de las situaciones, claramente no tienen  cabida. 
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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