LINA CASTAÑEDA   El  Gobierno lanzó ayer cuatro iniciativas en materia laboral, dos de las cuales son  proyectos de ley que se enviarán al Congreso la próxima semana.
 Mejorar  el funcionamiento del mercado del trabajo, promover la contratación en las  empresas y proteger a los empleados, son los objetivos que están detrás de las  medidas.
 Entre  ellas, la creación de una Bolsa Nacional del Empleo que se financiará con  recursos del fondo solidario del seguro de cesantía, cuyo decreto será firmado  en los próximos días.
 Los  antecedentes fueron entregados por los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y  del Trabajo, Camila Merino, quienes presentaron a los doce expertos que  integrarán la Comisión Técnica que, de aquí a junio, definirá los parámetros de  reajuste del salario mínimo. Ésta es otra de las medidas que forma parte de la  agenda laboral "corta" del Gobierno.
 El  grupo será presidido por el economista y coordinador académico del Centro de  Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer. Lo integran tres representantes de  gremios sindicales (Juan Carlos Scapini y Roberto Morales, por la CUT y  Cristóbal Huneeus, por la UNT); tres representantes del empresariado (Pablo  Bosch y Alfonso Swett, por la CPC y Carlos Boada, por la Conapyme) y los  académicos Bernardita Vial, Ricardo Paredes, Joseph Ramos, Alejandra Mizala y  Raphael Bergoeing.
 "Mejorar las condiciones es un desafío"  "El  país tiene un desafío en mejorar las condiciones de sus trabajadores",  comentó Harald  Beyer (en la foto), presidente  de la Comisión Técnica encargada de definir los parámetros para reajustar el  salario mínimo y de entregar una propuesta a los ministerios de Hacienda y del  Trabajo para luego dar lugar a la mesa de negociación con sectores  sindicales.
 Ésta  es una instancia asesora, dijo Beyer, quien recordó que el proyecto de ley del  salario mínimo debe ir después al Congreso. "Lo único que vamos a analizar son  los números vigentes, las restricciones que pueda haber y las mejores  posibilidades para mejorar las condiciones de los trabajadores y entregar  oportunamente el informe", agregó.
 Para  Pablo Bosch, representante de la Confederación de la Producción y del Comercio  (CPC), quien se desempeñara varios años como presidente del Hogar de Cristo, ésa  es una experiencia que le permitirá abordar mejor su tarea en esta comisión. Hay  sectores vulnerables, que a lo mejor no son los más pobres, pero que tienen  problemas físicos u otros.
 "Lo  que enseña el Hogar es que la sociedad entera tiene que hacerse cargo de los más  débiles, y en esta comisión creo que vamos a poner ese tema sobre la mesa, cómo  nos hacemos cargo de los más vulnerables; entre ellos, los jóvenes que no tienen  capacitación", señaló Bosch.
 Aunque  la comisión no se ha reunido aún para definir los temas, la posibilidad de  tratar una mayor diferenciación del salario mínimo ya suscita el rechazo de  Roberto Morales, quien participa en representación de la Central Unitaria de  Trabajadores. "La diferenciación del salario mínimo nos parece una  discriminación", comentó.
 Ésta  es la primera vez desde el gobierno de Aylwin en que representantes  empresariales y sindicales se juntan para ver el salario mínimo. "Pero esto es  una comisión técnica, no de negociación política, como fue antes. Pero cada vez  que se instala una instancia de diálogo social tripartito, es algo positivo",  agregó.
Detalles de la agenda "corta" laboral  1  Bolsa Nacional del Empleo
 Su  objetivo es acercar la oferta de trabajo por parte de las empresas a la demanda  de los trabajadores, de manera que las personas tengan un mecanismo eficiente  para acotar la búsqueda y aumentar la posibilidad de encontrar un empleo. La  administración de la bolsa fue licitada y se la adjudicó la empresa  Trabajando.com, y debe estar en operaciones en septiembre.
 Se  financiará con dineros del fondo solidario del seguro de cesantía, contemplando  un pago inicial de $10 millones para su implementación y una inyección de $299  millones para su plena operación. El acceso de los trabajadores será gratuito,  mientras que las empresas más grandes pagarán $1.000, y las micro y pequeñas y  medianas empresas (mipymes) $500.
 2  Franquicia para capacitación
 La  franquicia tributaria para financiar la capacitación de trabajadores que están  en vías de ser contratados por la empresa -que se adoptó el año pasado por la  crisis y que termina el 30 de junio-, se extenderá hasta el 31 de marzo de  2011.
 "El  período de reconstrucción va a requerir gente especializada, sobre todo en el  área de construcción", dijo la ministra Merino, quien estimó que se necesitarán  más de 80 mil personas en las nuevas obras, que se construirán gradualmente,  porque se requieren procesos de estudio previos. La franquicia permite a las  empresas descontar 1,25% (1% contemplado en el contrato de capacitación, más  0,25% en el precontrato de capacitación) de las remuneraciones anuales de los  trabajadores.
 3  Causal de "fuerza mayor"
 La  próxima semana, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para limitar  el uso del artículo 159 número 6, que establece la figura de despidos "por  fuerza mayor", sin dar lugar a indemnización por años de servicio.
 Merino  indicó que la ley protegerá a los trabajadores y les entregará claridad jurídica  para evitar abusos de parte de los empleadores.
 La  iniciativa legal se basa en el dictamen de la Dirección del Trabajo, que  permitió que casi 3 mil de los 9 mil trabajadores despedidos por "fuerza mayor"  hayan retornado a sus laborales luego
 que  las empresas revocaran su decisión.
 4  Escuela sindical
 El  Gobierno dará impulso a la escuela sindical con el propósito de formar  dirigentes sindicales preparados y potenciar el rol colectivo de las  organizaciones gremiales.
 La  ministra Camila Merino indicó que se ha licitado y llamado a 19 instituciones en  el país, con lo que se espera capacitar a más de 800 dirigentes.
 Además,  van a solicitar que al menos 33% de los alumnos sean mujeres, porque si bien la  participación femenina se ha ampliado en muchos ámbitos, en el mundo sindical no  tiene mayor presencia y es algo que el Gobierno quiere incentivar.
 Para  este año, el programa dispone de un presupuesto de $420  millones.