Los cambios culturales que traerá consigo la Ley de Acceso a la Información Pública que comenzará a regir el primer trimestre del próximo año y que obliga a las instituciones públicas a informar sobre sus resoluciones y decisiones, forman parte del libro "Transparencia y Acceso a la Información: La Modernización que faltaba" del senador Hernán Larraín.
El texto, fue presentado hoy durante el seminario "Nueva Ley de Acceso a la Información Pública: del Papel a la Realidad de las Instituciones Chilenas", que se desarrollará en la Sala Matte del Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En la oportunidad el senador Larraín expuso sobre los alcances de esta nueva norma, junto a los panelistas Miguel Ángel Fernández, académico de la Facultad de Derecho UC; el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo; el presidente de la Fundación Pro Acceso, Juan Pablo Olmedo y el presidente de Chile Transparente, Davor Harasic.
El parlamentario, quien junto al senador Jaime Gazmuri es autor de la moción que dio origen al citado cuerpo legal, elaboró el libro en el que
reseña la historia política reciente en materia de transparencia en Chile.
Cabe recordar que la nueva Ley tendrá como efecto que las autoridades tengan el deber de rendir cuentas, conocer qué decisiones tomaron y bajo qué argumentos, cómo utilizaron recursos que nos pertenecen a todos y contar con un Estado más transparente.
Pero también tendrá efectos más cotidianos y directos que harán sentir su valor a los chilenos, partiendo por un mejoramiento de nuestra calidad de vida.
IMPACTO CIUDADANO
Según explicó el senador Larraín esta ley habilitará a los ciudadanos a tomar decisiones informadas, día a día, y a no resignarse con esperar una próxima elección para castigar o premiar a sus autoridades.
La publicación incluye artículos del Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo – sobre los posibles conflictos entre la nueva ley y la protección de la intimidad de las personas -; del profesor de derecho político y constitucional Miguel Ángel Fernández – sobre las causales de reserva o secreto que permiten mantener oculta determinada información –, del Presidente de la Fundación Pro Acceso, Juan Pablo Olmedo, en relación a los efectos que esta ley tendrá para el fortalecimiento de la sociedad civil en Chile, y del Director del Área Legislativa y de Políticas Públicas de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Roblero.
Asimismo, aborda los distintos aspectos de la ley y la creación de un Consejo de la Transparencia en entrevistas a destacados actores nacionales en el tema: el Secretario Ejecutivo de la Agenda de Transparencia del Gobierno, Felipe del Solar; el Presidente de Chile Transparente, Davor Harasic; el miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, Rafael Blanco; junto a referencias a fuentes calificadas en el tema de México, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros.
Cabe recordar que la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a todos los organismos de la administración central, regional y comunal a entregar en un plazo máximo de 20 días hábiles los antecedentes requeridos por los ciudadanos.
Para velar por el cumplimiento de la normativa se conformará un Consejo para la Transparencia, integrado por cuatro miembros que la Presidenta Bachelet debe nominar en octubre próximo, los que tendrán que ser ratificados por dos tercios del Senado.
La iniciativa, además, contempla un énfasis en el principio de transparencia activa, que obligará a los organismos públicos a actualizar mensualmente en sus sitios web información que irá desde las remuneraciones del personal hasta la contratación y adquisición de bienes y servicios.
Esta legislación pone a Chile a la vanguardia en materia de transparencia en América Latina y son 65 los países en el mundo que cuentan con leyes similares.
"Estamos ante una nueva mirada de lo público. En momentos en que se cuestiona el rol del Estado y su efectividad en atender las necesidades personales y sociales, su modernización pasa también por incorporar la transparencia como un fuerte impulsor de su reforma", dijo el legislador.
Cabe señalar que de acuerdo al Barómetro de Acceso a la Información aplicado a periodistas y editores, para evaluar a 51 instituciones y empresas, de las 10 instituciones mejor evaluadas en el ranking general de acceso a la información, 5 corresponden a otros poderes del Estado e instituciones en general. De ellas, el Senado y la Cámara de Diputados son las que obtienen la calificación más alta en disposición, confiabilidad y entrega de la información.
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera–Gallo, confirmó que el Ejecutivo enviará la próxima semana al Parlamento la propuesta presidencial con los nombres de los cuatro integrantes del Consejo de la Transparencia, que deberá ser ratificada por el Senado.