Cuarenta de ellos están procesados o cumplen condenas de hasta 10 años de prisión por supuestos delitos terroristas,
en hechos donde, según observa Meza-Lopehandia, nunca hubo “desprecio por la vida humana” ni
muertos como consecuencia, como supone el concepto de terrorismo
Como contraste, por dar muerte al joven comunero Matías Catrileo, la sentencia del tribunal militar determinó que el policía
uniformado responsable de su muerte tendrá una condena de sólo 2 años con pena remitida, es decir, no cumplirá
prisión efectiva.
La Ley Antiterrorista, promulgada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), según diversos organismos
de derechos humanos no es aplicable a la protesta mapuche.
Investigaciones judiciales secretas, uso de testigos protegidos que impiden una legítima y oportuna defensa, aumento de
la detención preventiva y duplicación de las penas para los condenados son algunos de sus vicios.
Según detalla el abogado se rompe la presunción de inocencia, manteniendo privados de libertad a indígenas que se
“presumen culpables” sin, muchas veces, existir pruebas contra ellos.
También genera preocupación que en la práctica rebaja el estándar de acción y respeto a los derechos fundamentales
desde policías y fiscales.
La lógica que hay detrás de la Ley Antiterrorista es la lógica del “derecho penal del enemigo”, analizó Meza-
Lopehandia. “Entonces, se deshumanizan, ya no son objetos de derecho, se los puede torturar”, agregó.
En octubre pasado, el representante de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en este país, Gary Stahl
hizo un llamado “a parar la violencia que involucra a niños, de cualquier lado que venga”, luego de
reunirse con tres ministros del gobierno de Michelle Bachelet para manifestarles la preocupación del organismo
internacional frente a las graves denuncias de violencia policial contra niños y niñas mapuche.
Todas esta situación explica que muchos indígenas no confían en el Estado ni en la defensoría pública que les ofrece,
buscando sus propios instrumentos como el Defensor Autónomo Mapuche.
“No hay garantías” en procesos judiciales “manipulados por el Estado”, señaló a IPS el
coordinador el Defensor Autónomo, argumentando que “te persigue con la policía, te pone el fiscal y por otra parte
te pone abogados (…) defensores públicos que obedecen a un sistema y obedecen a un patrón político del Estado,
y a un patrón de intereses económicos de este país”.
PROYECCIÓN ANTE NUEVO GOBIERNO
Las diversas organizaciones mapuches no creen que la política del Estado variará con el gobierno de Sebastián
Piñera, en cuanto a seguir negando sus derechos, pero sí temen aumente la represión y la aplicación de la Ley
Antiterrorista.
El derechista Sebastián Piñera, que asumirá el gobierno en marzo, amenaza burlar parte de su forma colectiva de
organizarse como una de sus estrategias para apagar el foco de protesta.
Su política de tierras la enfocará en la entrega de subsidios individuales y no reconociendo derechos colectivos, lo que
podría aumentar el nivel de conflictividad.
Piñera también apunta a reestructurar la institucionalidad pública dedicada a temas indígenas para, según él, hacerla
más eficiente.
Pero “cualquier cambio en la institucionalidad de los pueblos indígenas hoy día no se puede hacer sin consulta a
los pueblos indígenas”, advierte el abogado, en referencia al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas que
el 15 de septiembre entró en vigencia en Chile
El relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya señaló el uso de la
ley antiterrorista y la extrema violencia en la Araucanía, entre los temas que le preocupan, llamando al nuevo gobierno a
respetar los acuerdos en materias indígenas.
Para Meza-Lopehandia es fundamental dar ciertas señales como la “desmilitarización del territorio mapuche,
amnistía a los presos”, y hacer un reconocimiento y pedir perdón “no sólo por las atrocidades que se
cometieron 100 años atrás, sino las que se han cometido los últimos veinte años”
Por Pamela Sepúlveda