- Santiago Escobar Abogado y Cientista Político.
El gobierno no tiene un plan de desarrollo para la Araucanía. Así de tajante es la opinión de los parlamentarios de oposición, para referirse a las promesas incumplidas del gobierno respecto a la zona.
En agosto recién pasado el Presidente de la república anunció la ejecución de un plan para la región que comprometía US$ 4.400 millones durante todo su período presidencial. A poco andar la cifra se modificó y se empezó a hablar de una inversión de 500 millones de dólares para el período 2011- 2014. Sin embargo el Presupuesto del 2011 solo consideró $6.198 millones de pesos, es decir, 12 millones de dólares y no los 125 millones que correspondía según el anuncio presidencial.
Ese monto de 12 millones de dólares, o sea apenas el 10% de lo prometido para el año a los gobiernos regionales, debieran ser suficientes, en opinión del gobierno, para generar infraestructura que atraiga inversiones que originen trabajos de calidad.
Demandado el gobierno por la oposición en el Congreso para que explicara en qué consistía el Plan Araucanía, no hubo respuesta. Según la oposición porque no existe un Plan especial con recursos adicionales, y sólo hay continuidad de la inversión tradicional. Sin embargo esta tampoco está garantizada si se consideran casos como la Conadi, en que una parte sustancial del Presupuesto se ejecuta en la región. La mala ejecución presupuestaria y la parálisis que experimenta el organismo, podrían implicar que se quedara con la mitad de su presupuesto o simplemente desapareciera.
Para nadie es un secreto que desde 1990 hasta la fecha, el tema mapuche ha sido una cantera de problemas, y que la Araucanía, como quiera que se la mire, es una de las regiones de mayor tensión social. Tampoco es una novedad que cada vez que surge un conflicto mayor, este debe solucionarse mediante mecanismos especiales, sobre todo los que involucran al mundo mapuche. Lo que implica que las soluciones viven fuera del Presupuesto. Los impactos derivados del terremoto de febrero han agravado las tensiones en la zona.De ahí que la promesa de un Plan especial para la zona, no solo parecía razonable sino indispensable. Sin embargo no llegó. Las figuras de los comisionados presidenciales, ministros de Estado que actúan como negociadores, mediadores eclesiásticos, mesas de trabajo con garantes externos, y muchos otros, son externos a la institucionalidad encargada por ley de los asuntos indígenas, y a las programaciones presupuestarias.
Los impactos derivados del terremoto de febrero han agravado las tensiones en la zona. De ahí que la promesa de un Plan especial para la zona, no solo parecía razonable sino indispensable. Sin embargo no llegó. La Conadi a la deriva También la CONADI, tal como está, poco sirve para llevar adelante la política indígena que hoy se requiere. Hasta ahora ha ayudado, pero está lejos de ser un instrumento eficaz para solucionar aunque sea una parte de los graves problemas de la región. Ello quedó en evidencia durante la larga huelga de hambre de los comuneros mapuche. Ahora, en la percepción del actual gobierno, no solo no ayuda sino que más bien parece estorbar.
A principios de octubre, el senador Alberto Espina, en medio de los impactos de la huelga de hambre de los mapuches enjuiciados por la Ley Antiterrorista, señaló que el gobierno se ha retrasado en una serie de medidas que evitarían nuevas huelgas. Una de ellas es "la reestructuración y reformulación íntegra de la Conadi, comenzando por el cambio de su cabeza", la que no tiene "ni el liderazgo, ni la fuerza ni la capacidad necesarios para liderar este tema". Conadi, dijo, debiera ser reemplazada por un ministerio de asuntos indígenas.
Francisco Painepán, el Director Ejecutivo de Conadi, dice que "no se hace cargo de las opiniones del senador Espina", y agrega: "Yo soy Director porque tengo la confianza del Presidente de la República, y mientras la mantenga, eso es lo que me importa. No pertenezco a partido político alguno y solo me debo a esa confianza".
La opinión del senador Espina sobre la institucionalidad indígena concuerda con la iniciativa de Michelle Bachelet, la que al término de su mandato presentó un proyecto para crear un ministerio de asuntos indígenas. Según dirigentes indígenas, solo motivada por los escándalos evidenciados por la Contraloría en la ejecución del programa Orígenes, razón por la cual no tuvo apoyo de las diferentes etnias.
En mayo del presente año, el gobierno manifestó su voluntad de ejecutar un "cambio drástico en la institucionalidad y la asignación de recursos". Y anunció que se transformaría la CONADI en tres organismos independientes: uno destinado al diseño de políticas; otro a ser una agencia de desarrollo con capacidades ejecutoras y técnicas; y un tercero para ser un consejo nacional asesor, donde estuvieran representados todos los pueblos originarios. Para la oposición y la mayoría de las organizaciones indígenas eso era un anuncio de disolución.
Para el director de Conadi, por el contrario, ello es un cambio de rumbo indispensable que se asocia a un plan general para la Araucanía. "El organismo tal como está tiene demasiadas funciones que se enredan y lo debilitan", dijo a El Mostrador. E, independientemente que se cree la Agencia de Desarrollo Indígena, "el mando superior debe radicarse en un consejo interministerial". Sin embargo, la nebulosa de políticas se ha hecho permanente, sobre todo después del conflicto en torno a la aplicación de la Ley Antiterrorista.
La fusión que de hecho se ha producido entre el manejo de Conadi (desde que se creó e instaló en Temuco), y el tema mapuche, resulta fatal para la entidad. Peor aún si el Plan Araucanía no existe, y las políticas de desarrollo prometidas no tienen por donde llegar. Ello aumentará la presión sobre una Conadi paralizada. De eso fue a hablar el viernes 12 de noviembre la asociación de funcionarios con el ministro de Mideplan, Felipe Kast. CONADI debería devolver el 50% de su presupuesto Aunque para el gobierno actual uno de los problemas básicos de Conadi está en la entrega discrecional de tierras que aplica y en no enfocarse al desarrollo productivo, no ha sido capaz de desarrollar medidas correctivas eficientes. Simplemente ha paralizado los programas. De acuerdo a los datos de DIPRES al día de hoy, Conadi debería devolver cerca del 58% del presupuesto aprobado para el año 2010. Es decir, a menos de dos meses que termine el año, y en plena discusión del Presupuesto 2011, la Conadi ha gastado o comprometido apenas el 42% del total de los fondos que le fueron asignados para el 2010, y ya no tiene oportunidad de generar mayor ejecución, a menos que recurra de manera indiscriminada a la distribución de tierras que tanto se ha criticado. Pero incluso en ese caso, por razones estrictamente técnicas y de plazo, estaría muy por debajo de las metas trazadas el año anterior.
En un documento de tres páginas los dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios ANFUCO le expusieron de manera detallada al ministro Kast sus aprensiones. De acuerdo al SIGFE (Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado) el presupuesto total para el año era de $78.941.235.000.- y el devengado (comprometido y ejecutado) al 13 de octubre era apenas $29. 682.917.272. De acuerdo a lo que establece la normativa legal (Ley de Administración Financiera del Estado, LAFE) los fondos no utilizados del Presupuesto se pierden, y en este caso ascenderían entre 30 mil y 40 mil millones de pesos. Es decir, dicen los dirigentes, una cifra que prácticamente liquida a la CONADI en sus capacidades operativas.
Según Francisco Painepán tales cifras son efectivas, pero tiene su explicación en el estado financiero y de gestión en que se recibió el servicio. Según él, el mayor porcentaje del Presupuesto corresponde al fondo de tierras y aguas, más o menos el 67% del total, el cual ha debido ser analizado en detalle y reestructurado para terminar con las discrecionalidades de la administración anterior. Con todo, señala, "aunque estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para ejecutar de manera ordenada, "no creo que sobrepasemos el 52% de ejecución este año". La caza de brujas
Todos los atrasos y problemas que presenta hoy Conadi se deben a que desde que se instalaron las nuevas autoridades, estas se dedicaron a perseguir a los antiguos funcionarios "buscando operadores políticos", señalan los dirigentes sindicales.
Acusan a la Dirección Nacional de haber suspendido la ejecución de los programas con el propósito de indagar irregularidades que no han podido encontrar, pese a que no hubo cambio en los procedimientos. Y si bien reconocen que "las autoridades de turno no siempre han sido las más adecuadas, oportunas e idóneas", en referencia al gobierno anterior, destacan que los funcionarios han trabajado con ahínco y compromiso, obedeciendo órdenes, y que las "suposiciones y prejuicios" del actual director nacional son ideológicas y solo perjudican a la población indígena y a la institución.
Francisco Painepán niega haber llegado prejuiciado a Conadi. Sin embargo un correo de su autoría fechado 16 de febrero de 2010, es decir casi 45 días antes de ser nombrado director nacional, ya se pronuncia sobre cambios, el paso a segundo plano a los jefes de oficina, y menciona a Alfredo Peiñan como alguien que entregó información de funcionamiento y funcionarios al Instituto Libertad, y que sería designado como jefe de la oficina de Santiago debido a ese vínculo.
En el caso específico de la oficina de Santiago, Francisco Painepán descarta cualquier animadversión en contra del funcionario a cargo de la oficina, Marcos Haiquilaf, el que fue designado en el cargo mediante un concurso de Alta Dirección Pública.
Este, argumentando presiones e impedimentos para realizar sus funciones presentó un requerimiento a la Contraloría en contra del director nacional. Este a su vez lo calificó con nota uno en todos los rubros en el Informe de Desempeño correspondiente a los meses de febrero y junio de 2010.
Consultado sobre el tema, el Director Nacional dijo a El Mostrador que eso era "un error computacional", aunque el Informe tiene desarrollo de fundamentos y la firma responsable de quien lo emitió.
Sin Plan Araucanía y sin Conadi, solo falta que la nueva forma de gobernar elimine por decreto la región para que desaparezcan los problemas, ironizan en la oposición.
Fuente: El Mostrador
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La norma ISO 26.000 que definirá la Responsabilidad Social a nivel mundial, fue aprobada con 94% de los votos a favor, por los países miembros del grupo de trabajo de la Organización Internacional para la Estandarización ( International Standarization Organization ). Esta norma es uno de los pocos esfuerzos que ha reunido a expertos en RSE de grupos de interés tan variados como la industria, los gobiernos, los sindicatos, las ONG y los consumidores.
