La reforma al sistema electoral, el reconocimiento constitucional de        los pueblos indígenas y la adhesión de Chile a la Corte Penal        Internacional, son sólo algunos de los proyectos que incluyó la Presidenta        Michelle Bachelet en su mensaje del 21 de mayo, que requieren de la venia        de la derecha para su aprobación.        
Ello, pues aunque el conglomerado opositor se ha escudado en que la        mayoría simple que tiene la Concertación en ambas ramas del Congreso        debería bastarle a la mandataria para sacar adelante su agenda, las once        líneas legislativas que esbozó Bachelet en su cuenta obligan a un "pacto legislativo" como el propuesto por el ministro        secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.        
En función de los capítulos de la Carta Fundamental que cada iniciativa        aspira a reformar, se requieren de dos tercios o cuatro séptimos de cada        rama del legislativo para convertirse en ley. Lo mismo ocurre con las        Leyes Orgánicas Constitucionales, como la LOCE, que exigen para su        modificación los mismos cuatro séptimos de los legisladores en ejercicio.        
Así, mientras la derecha arguye que el desorden oficialista es el único        obstáculo que puede entorpecer el éxito de las propuestas, en estricto        rigor la oposición puede "torpedear" como dijo la misma Presidenta- las        transformaciones que el gobierno comprometió al país.        
Y así quedó demostrado en el rechazo por falta de quórum del proyecto        que permitía el voto de los chilenos radicados en el extranjero, a pesar        que durante la campaña presidencial, el candidato opositor Sebastián        Piñera se comprometió explícitamente a sacar adelante esta ley.        
Pero esa razón, aunque la derecha descartó el pacto al que convocó        Viera Gallo, ayer mismo el ministro del Interior, Belisario Velasco,        subrayó las necesidades de acuerdos para que "podamos despachar, al más        breve plazo, los proyectos que den beneficios a todos los chilenos".        
El propio Viera Gallo siguió en esa línea, sentenciando que "los        dirigentes de la oposición deberían responder derechamente a la invitación        que se les ha hecho. Decir sí o no, eso es lo que quiere la opinión        pública", sentenció.        
Los proyectos más conflictivos        
El ministro Viera Gallo mencionó en estos días que se requeriría llegar        al famoso "pacto legislativo" con la oposición para cumplir con la reforma        al sistema electoral, una de las transformaciones más difíciles de tragar        en la Alianza por Chile, ya que la UDI asegura su rechazo y RN mantiene        serias dudas.        
En lo que respecta a la participación democrática, se buscarán los        votos de derecha para aprobar la inscripción automática en los registros        electorales, y la desafiliación voluntaria. La Mandataria anunció además        que insistirá en una reforma para permitir la votación de los chilenos en        el extranjero, lo que hace esperar que se reponga un antiguo proyecto que        permanece en el Senado o se envíe uno nuevo dentro de un año a través de        la Cámara Baja.        
Para las etnias, el gobierno se la jugará por la aprobación del        Convenio 169 de la OIT y de una reforma constitucional que reconoce el        carácter multicultural de la nación chilena, los pueblos originarios y el        ejercicio de sus derechos, obligando al Estado a proteger las tierras y        aguas indígenas.        
En tanto, en términos de derechos humanos está la insistencia en la        ratificación de la Convención de Roma, que crea el Tribunal Penal        Internacional y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la        Tortura, además del anuncio de Bachelet de promover una ley que resuelva        todos los asuntos patrimoniales y civiles de las víctimas, además de        apoyar la moción que declara inaplicable la amnistía y la prescripción        para los crímenes de lesa humanidad.        
De los conflictos a la urgencia        
Para solucionar los problemas de Transantiago, la jefa de Estado envió        al Congreso un proyecto que crea la Autoridad Metropolitana de        Transportes, y otro que establece un administrador provisional o        interventor cuando caduca la concesión de un operador por incumplimiento        grave, mientras que las dudas se depositan en la aprobación de los 290        millones de dólares para financiar los déficit del sistema.        
Los fondos para la educación municipal están entre los compromisos más        importantes en ámbito social, y no existe la certeza de que estén todos        los votos necesarios. A esta iniciativa se suman el proyecto que deroga la        antigua LOCE, y propone una nueva Ley General de Educación que está en        trámite-; y la creación de una Superintendencia de Educación, responsable        de fiscalizar el buen uso de los dineros anunciados.        
La propia mandataria pidió el 21 de mayo "un análisis acucioso, pero        también una aprobación rápida" del Congreso para hacer posible la        destinación de 650 millones de dólares adicionales para la educación        escolar a partir de 2008.        
También se requiere la anuencia de la derecha para buena parte de la        Reforma previsional, la iniciativa más emblemática del gobierno de        Bachelet.        
La Presidenta no podía dejar fuera de su discurso esta medida de        protección social, por lo que destacó que "analizaremos las indicaciones        de los parlamentarios con la mayor atención y discutiremos todo aquello        que enriquezca nuestra propuesta".        
También ingresarán al Parlamento un proyecto para perfeccionar el        seguro de cesantía y ampliar el número de beneficiarios, otro que        permitirá a los trabajadores hacer valer eficazmente sus derechos en        juicio, un tercero que crea más tribunales del Trabajo y, por último, el        que instituye la figura del Defensor Laboral.        
Las soluciones planteadas para los deudores habitacionales son asimismo        urgentes, luego de las bulladas manifestaciones respaldadas por la        derecha. Mientras que para fortalecer el área Salud, estará el proyecto de        ley para extender a 80 la cobertura de problemas de salud con garantías        explícitas de aquí al año 2010. 
 
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