El caso de las  empresas farmacéuticas que se habrían coludido para fijar los precios de los  medicamentos mezcla y confunde temas distintos:
1. El reconocimiento  de la colusión por parte de una de las tres acusadas, FASA, vindica la tarea  acometida por la Fiscalía Nacional Económica contra ellas y hace verosímil el  cargo formulado.
Naturalmente, este  reconocimiento es una «delación compensada»: la confesante, según los documentos  que conocemos, ha logrado de la Fiscalía: a) que se le aplique una multa  inferior a la que normalmente le hubiese correspondido, y b) un grado, que no  está claro, de impunidad penal. Además, insiste la confesante en que la colusión  se estructuró al nivel medio de sus ejecutivos, sin aprobarla ni conocerla los  elementos superiores de la empresa. Circunstancia que no es imposible, pero sí  improbable .Y que no exoneraría de culpa, por grave descuido, a la dirección más  alta de la firma.
Han surgido reparos  éticos y de conveniencia pública a la «delación compensada». Dignos de  consideración y regulación, estos reparos no quitan valor al reconocimiento  ningún inocente aceptará se le rebaje el castigo por algo que no ha hecho ni  su utilidad social para derribar el tinglado de abuso contra el  consumidor
2. Las otras empresas acusadas niegan  enérgicamente la colusión que se les imputa, tanto entre sí  
A primera vista, es  una defensa bastante inverosímil. La colusión exige coludidos, y ¿por qué la  habría de confesar uno de ellos si no fuese efectiva? Pero el asunto no es tan  sencillo. Pues FASA no dice haber hablado directamente con sus otros «socios»,  sino a través de ejecutivos de laboratorios (El Mercurio, 25 de marzo). Se da  entonces la paradoja de que sólo a quien confiesa la colusión se le puede dar  ésta por acreditada; a los restantes acusados deberá probárseles que incurrieron  en ella.
Y aquí opera la  presunción de inocencia, fundamental, y más todavía en un caso que quizás  inevitablemente se está juzgando con despliegue de pasión mediática y  callejera.
El Gobierno no puede  unirse a semejante pasionalismo.
Lo digo porque los  noticieros de TV del fin de semana subrayaron la «fiscalización» farmacéutica  desatada en el centro de la capital, a cargo de una lucida caravana funcionaria,  que encabezaba el seremi de Salud metropolitano. Iba este caballero, para mayor  relieve 
Pero la  fiscalización se dirigía exclusivamente contra locales de las tres empresas  acusadas de coludirse.
Esto no es correcto. El  Gobierno presiona a sociedades con las cuales tiene un juicio administrativo  preciso, el de colusión, ante el Tribunal de la Libre Competencia, pero  invocando motivos las infracciones sancionadas por el seremi di bianco vestito absolutamente ajenos a ese juicio. ¿Despachará  mañana al Servicio de Impuestos Internos contra las litigantes? Además, atiza el  fuego de la agitación «popular» alrededor de las farmacias y de sus  dependientes... que, por supuesto, nada tienen que ver con la  colusión.
El Estado no  necesita estos pasos de farándula. ¿Fiscalizaciones? Todas las necesarias o  convenientes, pero generales, no sesgadas hacia las farmacias que litigan por  otras razones con las autoridades que las  fiscalizan.
Lo peor  
Es obvio que,  utilizando porcentaje tan reducido, aquel candidato no ha podido tener  directores, ni intervenir en el manejo de la sociedad, ni conocer éste. Algo que  entienden hasta los niños. Pero el 0,7% ha sido presentado  
-El primero en  levantar el escándalo, con grandes titulares, ha sido el diario La Nación, cuya  mayoría absoluta de acciones pertenece al fisco. Por este motivo, cualquier  gobierno de turno se ha sentido siempre moralmente autorizado sin ningún  motivo para usarlo de modo abierto como instrumento de propaganda política. Y  ahora, además, configurando una indiscutible intervención electoral: tocar a  rebato contra el candidato opositor a La Moneda y, peor todavía, invocar para  ello un argumento deleznable.
-Desgraciadamente,  igual camino tomó el precandidato mayoritario a La Moneda que levanta la  Concertación.
Un ex presidente, e  hijo de ex presidente, no puede caer en estas trampas fáciles. Ni menos  enarbolando argumentos como el que usó: que poseer su rival 0,7% de FASA  demostraba la verdad de una afirmación anterior del postulante concertacionista:  que existiría incompatibilidad entre ser político y ser hombre de negocios. Esto  es cuando menos sostenible, pero no lo demuestra para nada el caso de FASA. No  hay conexión lógica entre premisa y conclusión en el argumento contra el  candidato de la Alianza.
Adicionalmente, hay  algo de injusticia, de asimetría, en que las inversiones  
La «peligrosidad»  
-Finalmente, otros  personeros concertacionistas, comprendida (creo) la Presidenta, sin criticar  directamente aquel 0,7%, insisten en que el caso FASA demuestra que no se deben  confundir política y negocios. Es una forma de atacar al postulante sin decirlo,  «sin querer queriendo», pero también exhibiendo inconsistencia. Porque en FASA y  sus «alrededores» no ha habido dueños, ni interesados, ni gestiones ni  «comisiones» de carácter político. ¿Cuál sería, entonces, la  confusión?
Es preciso elevar el nivel de la lucha por La Moneda, o terminará con espacios fijos en los programas de chismes de la TV
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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