En el Perú solo una lobbista cumple la ley
8:49 | El acceso a la información es una herramienta para investigar la corrupción, sin embargo, ningún ministerio ni otra entidad del Ejecutivo cumple con reportar sus reuniones con lobbistas
Por Nelly Luna Amancio
--Yo ya he encargado a un abogado, a uno de los abogados que tengo y que me ayuda en estas cosas --es un doctor Ortiz--, ya le he encargado que me vea la diferencia que hay entre el tráfico de influencias y lo que son los lobbies.
Ernesto Arias Schreiber en diálogo con Alberto Quimper Herrera.
Llama la atención que el abogado Ernesto Arias Schreiber, representante de la empresa involucrada en el escándalo (Discover Petroleum), haya solicitado --audio del 17 de setiembre del 2008 en el que ahora dice no reconocer su voz-- la opinión de un colega para entender mejor las diferencias entre el tráfico de influencias y el lobby.
Un mes después de esta conversación, los abogados penalistas consultados explican que lejos de ser un lobby los hechos que involucran a Arias Schreiber, junto a Alberto Quimper (miembro del directorio de Perú-Petro) y Rómulo León, revelan delitos de asociación ilícita para delinquir y tráfico de influencias.
La gestión de intereses (o lobby) --regulada por la Ley Nº 28024-- es un acto legítimo a través del cual el sector privado ejerce presión sobre algún funcionario público a favor de sus propios intereses. Sin embargo, "está claro que en este escándalo no hubo lobby sino corrupción", explica la economista Patricia Teullet.
¿Es posible evitar estos actos? "Solo eligiendo a personas honestas", dice Teullet. Pero también se podría advertir algunos indicios con una mayor transparencia en la información. La ley de lobbies obliga a todos los funcionarios del Estado --ministros, congresistas, alcaldes y presidente de la República-- a reportar periódicamente a la Sunarp todas las reuniones sostenidas con gestores de interés, sin embargo, nadie la cumple.
En cuatro años que lleva la norma, las actas de reunión que ha recibido la Sunarp se cuentan con los dedos. Todo indica que tampoco hay intención de informar sobre estos encuentros, pues, aún no se instala el Tribunal Administrativo Especial encargado de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la ley.
Las entidades tampoco publican en sus páginas web sobre estas gestiones. La Superintendencia de Bienes Nacionales, por ejemplo, colgó hasta el 2005 en su portal de transparencia las actas de reunión sostenidas entre sus funcionarios y algunos lobbistas, pero solo lo hizo ese año. No más.
"Los lobbies son legítimos, pero pareciera que las entidades públicas no los quisieran hacer transparentes", dice el secretario técnico de Transparencia, Percy Medina.
"Uno de los espacios donde los lobbistas son más visibles es en el Congreso, y también en algunos ministerios, como en el de Energía y Minas, aunque en estos últimos casos no son tan notorios", lo dice una lobbista, la más cumplida de todas, la única de 25 gestores de interés registrados que ha reportado semestralmente a la Sunarp sus reuniones con altos funcionarios: Juliana Reymer Rodríguez.
Pero no lo dice solo ella. Lo confirmaron algunos empresarios consultados. Así como los ministerios tienen un coordinador parlamentario en el Congreso (al que llaman enlace), algunos gremios empresariales también tienen los suyos. Esos son los casos de la Sociedad Nacional de Industrias, la de Pesquería y la Sociedad Nacional de Minería, entre otros. Las comisiones de Energía y Minas, Producción, Agraria y Medio Ambiente, son las que más acecho de lobbistas tienen.
Juliana Reymer cree que hace falta difundir los alcances de esta norma. Cuenta cómo una vez un congresista se negó a firmar el acta de la reunión que sostuvieron. "Le dije que la ley lo obligaba a hacerlo, pero aún así no quiso, y yo lo tuve que reportar así a la Sunarp", señala. La ley es bastante precisa y obliga a detallar incluso los temas que se tocaron en cada reunión. Percy Medina cree que "una regulación tan compleja la puede hacer inaplicable".
Otro tema que se presenta con este escándalo es el de la elección de los miembros de directorio en las empresas públicas. Como se recuerda, el saliente ministro de Energía y Minas Juan Valdivia declaró haber nombrado a Quimper en Perú-Petro solo porque conocía de su trabajo por algunos congresistas apristas.
El miembro del directorio de una empresa pública no puede ser abogado particular de una empresa privada interesada en invertir en su sector. No obstante, solo algunas instituciones se preocupan por regular ciertos criterios a la hora de elegir a sus representantes. Por ejemplo, a los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor de Indecopi se los obliga a no litigar ni asesorar a ninguna de las empresas que acudan a la institución, incluso hasta un año después de culminado el vínculo con la comisión. El representante de Transparencia considera que "deberían existir criterios más claros en la elección del miembro de un directorio".
Los especialistas consultados coincidieron en que por lo menos modificando estos aspectos y con una información más transparente se podrían advertir otros casos de corrupción. Está en manos del gobierno.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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