Directorio de Chile Transparente acordó revisar procedimiento de elaboración de informes
Tensa jornada. Ese fue el escenario que se vivió ayer luego de la polémica generada tras las acusaciones del comando del candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, quien insistió en que hubo una operación política en el informe que fue elaborado por Transparencia Internacional, cuyo capítulo chileno preside la ex ministra de la administración Bachelet, Karen Poniachik y que salió a relucir el miércoles en el debate presidencial, con un emplazamiento de Eduardo Frei.
Ahora bien, este impasse no sólo tuvo eco en la esfera política, ya que el directorio de Chile Transparente sostuvo una reunión -pensada inicialmente para reemplazar al fallecido Edgardo Boeninger, vicepresidente de la entidad- y que terminó modificando radicalmente su temario por la polémica producida por el informe, donde se acordó revisar el procedimiento de elaboración del capítulo sobre Chile.
Es que existía una fuerte molestia de algunos integrantes del Consejo por la forma en que estaba redactado el documento elaborado por Marcelo Cerna -ex asesor legal del Ministerio de Hacienda hasta 2008- y Rocío Noriega, lo que hicieron saber a la presidenta de la instancia, Karen Poniachik.
Así, tras más de dos horas y media de debate, en un escueto comunicado y sin aceptar preguntas, la ex secretaria de Estado, afirmó que "al igual que en años anteriores y, como es práctica habitual en otros países, el capítulo referido a Chile es responsabilidad de los autores que lo suscribieron".
Acto seguido, la titular de la entidad sostuvo que el directorio del capítulo chileno "no conoció ni aprobó el tenor general ni el texto de este informe". De hecho, Poniachik reconoció que en la cita de ayer hubo directores y consejeros que manifestaron su desacuerdo con el contenido y la redacción del polémico documento.
La carta de molestia
Los miembros del Consejo, Cristián Larroulet, Patricia Matte y Gonzalo Delaveau, efectivamente enviaron una carta dirigida a Poniachik donde expresaron una profunda molestia por el informe al que calificaron como "sesgado y contiene inexactitudes que no condicen con el rigor y seriedad con que debe actuar una institución como Chile Transparente". Esto, considerando que su contenido "puede producir un innegable efecto político en la realidad actual del país, sobre todo dadas las circunstancias en que fue dado conocer", dice la misiva.
Los firmantes pusieron énfasis en el tratamiento "absolutamente desequilibrado" que se le dio a los dos casos mencionados por el informe, el caso D&S-Falabella -al que se habría dedicado un par de párrafos-, y la compra de acciones por parte de Piñera, analizado extensamente.
Además, la carta rubricada por Larroulet, Matte y Delaveau sostuvo que "es cuestionable que el informe en cuya elaboración participó el Sr. Marcelo Cerna, quien entendemos ha sido abogado Asesor del Ministerio de Hacienda desde 1991, no haya sido contrastado con otras opiniones independientes".
Fuego cruzado
La polémica se encendió luego de que el capítulo denominado "El abuso de la información privilegiada llega a las empresas chilenas", planteara que uno de los incidentes ocurridos en el país y que "significó un posible uso indebido de información privilegiada implica a Sebastián Piñera, uno de los ciudadanos más ricos de Chile y opositor de Michelle Bachelet en la elección presidencial de 2006".
Acto seguido, el informe se refiere a la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y explica que si bien la compra de acciones por parte del empresario "pareció deberse a la información revelada durante la reunión de junta directiva (en la que participó Piñera) la SVS llegó a la conclusión de que la compra se realizó antes de conocerse el desempeño de Lan. Sin embargo, no todos los observadores estuvieron de acuerdo con esa decisión".
El documento indica, además que, a pesar de esta resolución "parece que el incidente no tuvo ningún costo político para Piñera, uno de los candidatos para las elecciones presidenciales de 2009".
Estas frases -por las cuales Eduardo Frei emplazó a Piñera el miércoles- provocaron una fuerte molestia del empresario, quien fue explícito en sus acusaciones al señalar: "sé quién hizo el informe del capítulo chileno. Es una persona que trabaja para el Ministerio de Hacienda y, por lo tanto, creo que hay poca objetividad. Además, ese documento está totalmente equivocado y lo clasifica en un capítulo errado".
Las declaraciones del abanderado de la Alianza fueron respondidas por Transparencia Internacional, entidad que descartó de plano un manejo político en el informe correspondiente a 2009.
De hecho, a través de una comunicación enviada a los medios se señaló que "la fecha de difusión del informe fue planificada hace más de dos meses por la Secretaría General de Transparency International, con sede en Berlín, y obviamente no tiene relación alguna con las situaciones particulares de cada uno de los 46 países incluidos en este informe".
Rodrigo González Fernández
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