Crisis de la acuicultura requiere de un apoyo mínimo del Estado

Crisis de la acuicultura requiere de un apoyo mínimo del Estado

Por Antonio Horvath, senador por la Región de Aysén

Senador Antonio Horvath, Región de Aysén

La gran mayoría se ha enterado  del nivel de crisis que está presentando el sector de la acuicultura. Esta es una actividad que se ha desarrollado de manera creciente en nuestro país. El año 2007, recién pasado, generó ingresos por sobre los 2 mil 200 millones de dólares. Y la actividad tiene que enfrentar hoy en día una situación bastante difícil por la crisis financiera internacional y, particularmente, por la intromisión de algunas enfermedades también conocidas a nivel internacional, como son el virus ISA y el Cáligus.
                   
Esta actividad genera directamente 30 mil empleos, e indirectamente encadena servicios que, a su vez, tienen 15 mil empleos, más de 1.200 pequeñas y medianas empresas proveedoras y de servicio, que pueden seguir desarrollándose  en nuestro país por el largo perímetro de costa y condiciones de las aguas que tenemos.
                   
Un punto importante es que esta actividad incluye cada vez más la participación de pescadores artesanales en labores como son el buceo, transporte y servicios derivados, y por cierto también a los trabajadores de las propias plantas pesqueras.
                   
En esta materia resulta muy importante tener instrumentos de planificación de nuestro litoral y mar interior, como lo son la zonificación del borde costero, que en algunas Regiones, como la de Aisén, ya está vigente después de un procedimiento participativo y resuelto mediante Decreto Supremo,  Nº 153 del año 2005.

La cuicultura, por su naturaleza, es muy similar a la agricultura, a la ganadería y a la avicultura. Y eso requiere especiales medidas de bioseguridad, entre ellas contar con las adecuadas barreras sanitarias, como las que exige el Servicio Agrícola y Ganadero en la frontera y entre Regiones o macro regiones de nuestro país.
                   
En Chile, como he señalado, se han introducido enfermedades para algunas especies, como el salmón y la trucha, bastante difíciles aún de manejar, situación que previamente ocurrió en Escocia, en Noruega y en otros países.

                   
Por lo tanto, estas medidas de bioseguridad son radicales. En algunos casos, incluyen el sacrificio de todas especies. La situación no es fácil, de acuerdo a encuestas por lugares y sitios que indican el increemento de estas enfermedades
                   
A estos dos elementos señalados, se añade algo que para nadie es desconocido: existe también una campaña internacional en contra de la salmonicultura, que desde luego perjudica a esta actividad.
                    
Estimo que, más que una campaña en contra, lo que hay que hacer es una campaña para que esta se acondicione a las normas ambientales, laborales y, desde luego, a los instrumentos de planificación como los reseñados anteriormente.
                   
Esta crisis internacional está afectando no solo a la actividad salmonera propiamente tal, sino a la gente relacionada a través de este encadenamiento en la vía de acceso al crédito, sistemas de factoring y otros apoyos financieros y económicos, pese a que en algunos casos, por el cambio del dólar y por la crisis, se han reducido algunos costos de insumos y mejorado el valor del dólar.
                   
Por estas razones es que se requiere un apoyo mínimo por parte del Estado para respaldar y sostener esta creciente actividad, que se puede desarrollar en forma armoniosa en nuestro país.
                   
Por eso, con el patrocinio de los senadores Carlos Kuschel, Sergio Romero, Carlos Bianchi y el Presidente del Senado Adolfo Zaldívar presentamos  un proyecto de acuerdo, que debe ser sancionado por la Sala  el  el cual se solicita al gobierno que se establezcan mesas de trabajo regionales entre las autoridades competentes y los representantes de la actividad de la acuicultura, como empresarios, profesionales y trabajadores, y que incluyan al sector pesquero artesanal e industrial; permitir que estas actividades y las relacionadas accedan a fondos de garantía y avales del Estado contra el respaldo del patrimonio de las propias empresas, incluyendo las concesiones, y dar garantía aval y apoyo a acceso financiero, como el factoring y otros, a todos los que participen del encadenamiento o denominado cluster de la actividad.

CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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