Miércoles, 07 de Noviembre de 2007
Economía y Negocios
LINA CASTAÑEDA
Antonio Peñalosa, secretario general de la Organización Internacional de Empleadores, sostiene que en el mundo se ha producido una gran baja en la afiliación sindical, y también en los partidos políticos, e instituciones empresariales y religiosas.
El diálogo social, la empresa  sostenible y la responsabilidad social, son los principales temas que se  debatirán en la Cumbre Empresarial Iberoamericana que se inicia hoy en  Santiago.
Se trata de los principales asuntos que hoy preocupan al  sector, dice Antonio Peñalosa, secretario general de la Organización  Internacional de Empleadores (OIE). Es el organismo de cúpula de los empresarios  en el ámbito mundial para los temas socio-laborales; representa a los  empresarios de 142 países y defiende los intereses empresariales y de sus  organizaciones en las Naciones Unidas.
En un  contexto de crecimientos superior a lo acostumbrado, postula aunar esfuerzos y  tener un diálogo social con la sociedad, sindicatos y gobiernos. "En muchos  países, el Estado ha sido generoso cediendo espacio a las empresas en áreas  económicas e industriales donde históricamente la responsabilidad era del  Estado. Las empresas tienen que ser generosas con las respuestas que pueden dar,  más allá de sus obligaciones legales y eso es la responsabilidad social",  señala.
-¿Qué condiciones deben cumplirse para que exista diálogo  social?
"Tiene que haber instituciones libres, representativas e  independientes de empresarios y de trabajadores. Muchas veces se habla de  diálogo social ampliado, pero el diálogo social es exclusivamente entre  sindicatos y organizaciones empresariales. Las ONG pueden cumplir una función  importante en la sociedad, pero no son parte del diálogo social".
"Es muy  importante que sea un movimiento sindical libre e independiente de todo, que  defienda los intereses de los trabajadores. Pueden estar marcados por un signo  ideológico, pero que no sean una cadena transmisora de los  partidos".
-¿Es posible el diálogo cuando la sindicalización es de 8 a  10% como en Chile?
"Es un nivel de sindicalización próximo al de España y  Francia. Hay países escandinavos y europeos donde alcanza a 30 y 50%. Pero ha  habido una gran baja en el nivel de afiliación sindical. En todas partes hay una  crisis de instituciones, la gente no tiene la misma ceguera o apoyo hacia ellas,  sean de tipo político, gremial, religioso, etc. Los partidos políticos no reúnen  el apoyo ciego de antes y tampoco las organizaciones sindicales y  empresariales".
"Ahora hay tendencia a dar más importancia a las voces  individuales de la sociedad civil, lo que para mí no es fácil de asumir, porque  creo que es muy importante que los sindicatos sean representativos que haya una  voz. Un 8% puede significar pequeño, pero es representativos, y lo relevante es  la eficacia del diálogo social. Quizás hay cierta dejadez, pero ya no existe la  visceralidad en las relaciones obrero-patronales de antes. En la mayoría de los  países hay comunidad de intereses entre empresarios y  trabajadores".
-¿Preocupa a la OIE el populismo en algunos  países?
"Por supuesto. América Latina es el único continente donde están  despertando unos populismos socialistas que examinamos con preocupación, como es  el caso concreto del Presidente Hugo Chávez en Venezuela".
"Hemos  presentado una queja múltiple ante la Organización Internacional del Trabajo  (OIT) por la creación de instituciones gremiales paralelas para intentar  debilitar el movimiento empresarial; la invasión de locales de la cúpula  empresarial; la prohibición a 16 líderes empresariales de salir del país; el  cierre de radio Caracas Televisión. Las instituciones paralelas son dirigidas  por líderes gubernamentales que disponen de beneficios que los gremios  independientes no tienen, como acceso a crédito y divisas".
"Las empresas  tienen que ser generosas con las respuestas que pueden dar, más allá de sus  obligaciones legales y eso es la responsabilidad social".
" Reforma  constitucional en Venezuela amenaza a la empresa privada
No es lo mismo  un Estado socialista que un gobierno socialista, y Chile es un gran ejemplo,  dice José Manuel González, presidente de Fedecámaras.
José Manuel  González de Tovar, presidente de Fedecámaras, la organización que agrupa a los  gremios empresariales de Venezuela, destaca que su país tiene un gran potencial  económico, y que es solidario con todas las naciones del mundo.
"Estamos  seguros de que más temprano que tarde vamos a poder mantener una democracia como  debe ser y aprovechar los inmensos recursos que tiene nuestra patria para  sacarla adelante".
-¿Cuál es la preocupación fundamental de los  empresarios venezolanos?
"El proyecto de reforma constitucional  presentado por el Presidente de la República. Es un proyecto excluyente, que  convierte a Venezuela en un Estado socialista. No es lo mismo un gobierno  socialista que un Estado socialista, y Chile es un gran ejemplo de ello; es un  Estado democrático con un gobierno socialista".
"Si el territorio es socialista, como el Estado, y el gobierno es  socialista, eso significa que la población tiene que ser socialista, que no hay  cabida para la pluralidad política; que no hay cabida para otras ideologías; que  para trabajar con el Estado y contratar con el Estado hay que ser socialista. Es  decir, es una exclusión total".
"Estas experiencias  han fracasado en el mundo; en China, Corea del Norte, Cuba y en Venezuela  pretenden imponerse. La reforma cercena la propiedad privada y la libre  iniciativa queda abolida. De aprobarse esta reforma, los venezolanos no podrían  decidir a qué se dedicarán; será el Gobierno el que lo haga".
-¿Tiene más  alcances económicos?
"Con este proyecto, donde pareciera no haber cabida  para la empresa privada, se estaría acabando con la democracia. El Banco Central  pierde autonomía y será el Presidente quien decida cómo se manejan las reservas  a su libre antojo y sin control. Es un proyecto inconstitucional porque está  tocando la estructura de la Carta Magna, y entonces ya no es una reforma, sino  una nueva Constitución. De aprobarse, Venezuela se sumiría en un gran atraso, se  alejan las inversiones".
-¿Qué otros problemas los  afectan?
"Tenemos un control de cambios que, sumado a una economía  inflacionaria, nos resta competitividad. Y tenemos un congelamiento de los  precios que asfixia al aparato productivo. Muchos de los productos controlados  no se encuentran en el mercado formal. Hace diez días la gente hacía seis horas  de cola para comprar un kilo de leche. Venezuela importaba históricamente US$  15.000 millones, y este año vamos a cerrar con US$ 45.000 millones. No estamos  aprovechando la bonanza para impulsar el aparato productivo y el empleo formal.  Tenemos 16 trimestres de crecimiento económico basado en el gasto público; las  inversiones del sector privado, dada la falta de confianza, apenas alcanzan a 9%  del PIB, y lo ideal es que sea 25 a 30%. Las 12.000 industrias que había al  iniciarse el Gobierno de Chávez se han reducido a la mitad, y no hay nuevas  inversiones en las industrias".
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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Santiago-Chile
 
 
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