El 15 de septiembre comienza a regir el Convenio 169 de la OIT
La Moneda dictará Decreto Supremo para proyectos de inversión en zonas indígenas
M. Helguero/ S.Celedón DF
Dictar un Decreto Supremo reglamentario a la actual Ley Indígena será la fórmula que empleará el Ejecutivo para regular las materias vinculadas con la participación y consulta que los servicios públicos deben efectuar a los pueblos originarios en aquellos actos administrativos que les incumben a estos como es el caso de los proyectos de inversión en dichas áreas.
De esta forma, La Moneda mantendrá sin cambios las inversiones en los señalados territorios dejando para el próximo gobierno la normativa legal.
Es que luego de meses de debate entre el empresariado y el gobierno ante la amenaza de una nueva norma para las inversiones en áreas indígenas, el Ejecutivo optó por postergar la propuesta inicial de un Código de Conducta Responsable, que modificaba las regulaciones, aumentaba la participación de los pueblos originarios en los beneficios de los proyectos y creaba un nuevo sistema de certificación.
Es que la autoridad se decidió por un reglamento transitorio para asegurar que las iniciativas que se desarrollen en tierras originarias cumplan con el Convenio 169 de la OIT, que comienza a regir el 15 de septiembre.
Así las cosas, la base será la legislación actual, ajustada a los planteamientos de la OIT, esto quiere decir que la consulta a los pueblos se aplicaría en el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental que considera, en un período de 60 días, la participación ciudadana, sin embargo, los reparos no son vinculantes.
Fuentes de gobierno, adelantan que la idea es que el formulario que se entrega a quienes realicen sus observaciones se incluya un ítem especial para pueblos originarios.
El giro del gobierno para abordar este tema fue bien recibido por el empresariado, ya que el martes pasado el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Rafael Guilisasti, entregó un informe al titular de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, donde planteaba los problemas de jurídicos del código indígena inicial.
Discrepancias y cambios
Viera- Gallo y el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, nunca estuvieron de acuerdo con el borrador del código elaborado por el comisionado presidencial para dichos asuntos, Rodrigo Egaña. Ambos consideraban -igual que los privados- que éste afectaría las inversiones.
Dada la poca acogida, la repartición comandada por Egaña comenzó una segunda fase que consistió en acoger y analizar discrepancias del empresariado y sector público.
Con ello, se elaboró un segundo código, pero esta vez bajo el nombre de Sistema de Normas de Inversión Privadas en Tierras y Areas Indígenas. El documento incorporó ideas también del sector público que no fueron parte del código inicial. De hecho, el texto ampliaba el plazo de certificación que en un principio debía hacerse cada tres años y respondía a temas que estaban inconclusos.
Además, estaban plasmadas todas las aprehensiones de quienes participaron en los seminarios.
El texto final no se envió a los gremios para ver su respuesta, dado el conflicto mapuche que terminó con la salida de Egaña del comisionado.
Pero se espera que este documento sea entregado al próximo gobierno, quien será el encargado de tomar las medidas legislativas
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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