Según estudio elaborado para presentar el escrito entre el 2006 y el 2010, los ejecutivos claves de la cadena y otras sociedades relacionadas con la empresa, efectuaron ventas de acciones por US$ 226 millones, cifra que alcanza casi la mitad de las utilidades de los últimos 10 años de la firma. Una de las más de 200 querellas interpuestas en el "caso La Polar", por fraude, uso de información privilegiada y los delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores, fue más allá y marcó en el año 2002 al origen de las malas prácticas de la multitienda.
Es así como el accionista de La Polar, abogado y síndico de quiebras, Tomás Andrews Hamilton, acusa que las repactaciones unilaterales de créditos de la firma le permitían modificar sus resultados, lo que era verificado "con la negligencia o colusión de sus auditores internos y externos y con pleno conocimiento de su alta plana ejecutiva y al parecer de varios directores".
Salta a la vista, según expresa la querella de Andrews, la participación importante de PwC, "ya que el fraude no hubiese podido ser consumado si ésta no hubiese consistentemente suscrito informes de auditoría que avalaban los estados financieros consolidados y que fueron presentados por la sociedad".
De hecho, para Andrews, genera abundantes suspicacias que dicha firma auditora (PwC), con fecha 29 de abril de 2011, pocas semanas antes que se revelara la magnitud de la defraudación de La Polar, "validara los procedimientos y sistemas asociados a los riesgos de créditos y de provisiones de la compañía".
El Origen
De este modo, y tras un estudio, Andrews concluye que "la única explicación que puede encontrarse a estos hechos está en el proceso desencadenado con la apertura a Bolsa de la compañía en el 2002", que fue impulsada por el fondo de inversión Southern Cross, de Raúl Sotomayor y Norberto Morita.
A partir del año siguiente comenzó el proceso de stock options u opciones preferentes de compras de acciones para ejecutivos. Estos fueron incluidos en la propiedad de La Polar "y comenzó a gestarse el incentivo perverso para un aumento artificial del valor de los títulos en el mercado de capitales", esgrime Andrews en su querella.
Desde el 2004, y en lo sucesivo, los ejecutivos y miembros de la administración conformaron sus propias sociedades de inversión, con el exclusivo objeto de transar estos papeles. "En el 2006, cuando Southern Cross decidió vender su 20,2% en la multitienda, una nueva opción preferente para altos ejecutivos dio origen a la sociedad Alpha S.A., otro vehículo de inversiones en el que participan los profesionales como grupo", precisa la querella.
"Aunque los ejecutivos señalen no haber nunca comprado acciones de La Polar, es evidente que no necesitaban hacerlo porque contaban con los mecanismos de adquisición internos a través de opciones preferentes", recalca la querella.
Según información de las Memorias, entre el 2006 y el 2010, los llamados "ejecutivos claves" de la cadena y otras sociedades relacionadas con la empresa, efectuaron ventas de acciones por US$ 226 millones, cifra que alcanza casi la mitad de las utilidades de los últimos 10 años de la firma, que apenas sobrepasan los US$ 500 millones, remata la querella de Andrews.
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