Rodrigo González Fernández
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Saludos
por Graciela Palma
Los excluídos de siempre
Se lo ha visto Sr.Defensor en varias oportunidades en los medios denunciando las serias irregularidades en los trenes, contaminación, campaña por una ley vial nacional, ahora este tema de política exterior pero nada ha denunciado sobre la existencia de más de 3 millones de ciudadanos en todo el país, víctimas del tráfico de niños que buscamos nuestra verdadera Identidad de Origen. Somos los bebés del tráfico de niños, no hablamos de resolver adopciones que significa ubicar un expediente.
No existe en todo el país un lugar que atienda de manera completa este tema. Esta tragedia que es la sustracción de identidad va acompañada por la falta de antecedentes médico genéticos que afecta nuestra salud y la de nuestros hijos.
Tal es la magnitud de todo esto que el Equipo Argentino de Antropología Forense que inició una campaña de extracción de sangre para identificar los restos que aún tienen, reciben cantidad de llamados de personas que buscan sus orígenes pero son rechazados ya que no tienen la confirmación de ser parientes de desaparecidos. Pero tampoco existe prueba alguna de lo contrario, vuelvo a preguntar ¿todos los desaparecidos eran hijos biológicos? ¿Qué prueba concreta existe que determine que no podemos tener parentesco con ellos?
¿Acaso incluir nuestros datos no ayudaría a las identificaciones? Extraterrestres no somos, de alguien nacimos, somos eslabones que buscan la cadena que le corresponde.
"El derecho a la vida y a la integridad de las personas es un derecho básico y fundamental", fueron sus palabras. Las personas con sustracción de identidad tenemos violados esos derechos. ¿No merecemos un pronunciamiento a nuestro favor?
Graciela Palma (ciudadana sin identidad) DNI 16.496.527
palmagraciela@gmail.com
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CARTA AL MINISTRO DE CULTURA
CONTRA
No hay nada que resquebraje más los fundamentos de la democracia que la corrupción.
María Teresa Fernández de
Señor Ministro:
Dado que su Ministerio está impulsando la necesaria reforma democrática de los medios artísticos y culturales de titularidad pública, mediante la aplicación de un Código de Buenas Prácticas, los abajo firmantes le pedimos que haga extensiva esta iniciativa a los ámbitos literarios de nuestro país que, directa o indirectamente, son de titularidad o financiación pública, y sobre los que se ha ido extendiendo poco a poco, mediante el consentimiento pasivo o cómplice, una serie de conductas que no pueden ser calificadas más que como corrupción, en la medida en que el dinero público acaba utilizándose para beneficio de unos pocos o desviándose hacia manos privadas sin posibilidad de control legal ni democrático alguno. Nos referimos a premios, publicaciones, actos, congresos, viajes, ferias, publicidad, subvenciones, ayudas, etc., que tienen por objeto promover, difundir o reconocer la obra literaria de nuestros autores, y que se llevan a cabo a través de todo tipo de organismos públicos, semipúblicos o privados financiados con dinero público, tales como ayuntamientos, diputaciones, ministerios, consejerías, direcciones generales, departamentos, concejalías, universidades, colegios, centros, asociaciones, fundaciones, revistas, editoriales, bibliotecas, museos, teatros, partidos, sindicatos, etc., todo un entramado de instituciones que dedican parte de su presupuesto a la edición y promoción de obras literarias o creativas de poesía, narrativa, teatro o ensayo. Que el amiguismo, el tráfico de influencias y favores, la existencia de camarillas y grupos minoritarios de presión y poder, la selección o exclusión de nombres en función de la docilidad, la ausencia de libertad y crítica, la adulación, la creación de prestigios artificiales mediante técnicas publicitarias y "mediáticas"
, que todo ello se haya convertido hoy en práctica casi común y aceptada, tal y como reconocen pública y privadamente la mayoría de nuestros escritores, es algo que ya no estamos dispuestos a seguir tolerando con resignación y fatalismo. Creemos que ha llegado el momento de denunciar este tipo de abusos e irregularidades, como las que los tres finalistas del II Premio de Poesía "Viaje del Parnaso", impulsores de esta carta, hemos puesto de manifiesto. Pero, al mismo tiempo, y para que de verdad cambie esta situación de corrupción consentida, de dimensiones nada despreciables, pensamos que es imprescindible que se establezcan principios generales y normas que hagan imposible la actual impunidad de los corruptos y la indefensión de la mayoría, especialmente en todo lo referente a las Publicaciones y a la concesión de Premios Literarios. No queremos que el libro siga la senda del ladrillo, aunque algunos ya no distingan lo uno de lo otro, y lo único que les importe sea construir su propio palacete o chiringuito. Respetamos y dejamos de lado, por supuesto, los negocios literarios de empresas privadas, sean editoriales o de otro tipo, pero defendemos la labor que el Estado debe llevar a acabo para corregir los abusos y desigualdades del mercado, favoreciendo la creatividad y la innovación, poniendo siempre, por encima de cualquier otro interés, el mérito, el talento y la calidad de las obras literarias. Pensamos que existe en nuestro país, en todas sus lenguas y culturas, una gran capacidad creativa y literaria que, ante el panorama descrito, se está dilapidando, malversando o marginando, sin que las mejores obras puedan llegar a un público que igualmente valoraría y reconocería y con las que podría disfrutar, enriqueciendo así su vida y experiencias, que no otro es el fin de la literatura.
Esperando que nuestra carta sea de alguna utilidad, reciba un saludo de quienes todavía confiamos en que la democracia sepa atajar aquello que, en las palabras que encabezan este escrito, más la resquebraja y pone en peligro.
Santiago Trancón, Esteban Martínez Serra y Javier García Cellino
SI ESTÁS DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE ESTA CARTA TE ROGAMOS NOS HAGAS LLEGAR TU NOMBRE, DNI Y PROFESIÓN A ESTA DIRECCIÓN:
contracorrupcion07@gmail.com
Las adhesiones pueden ser tanto individuales como de asociaciones o grupos, o de ambas formas a la vez.
Una vez recogido un número suficiente y representativo haremos llegar este escrito al Ministro de Cultura.
Las negociaciones se extendieron más de lo presupuestado. Todo apunta a que se llegará a un acuerdo no vinculante. |
Antecedentes fueron entregados por abogados del senador al propio TS en carpeta "reservada". |
Monumento en Viña a marca mundial de Larraguibel | |||
En la Av. Jorge Montt de Viña del Mar se inauguró ayer una escultura de bronce, de 5 m de alto, que recuerda la marca mundial vigente de 2,47 m en salto ecuestre que logró el capitán de Ejército Alberto Larraguibel, en su caballo "Huaso", el 5 de febrero de 1949. Además, se abrió la primera etapa del parque costero de la ciudad. |
| Un régimen excepcional de contratación. Consiste en que una empresa de servicios transitorios (EST) suministra o proporciona trabajadores a una empresa usuaria para que realice una determinada labor.
¿Cuáles son las sanciones para la empresa de servicios transitorios (EST) cuando no cumple con su parte del contrato?
La empresa usuaria ¿conoce los términos del contrato que se firmó entre la empresa de servicios transitorios (EST) y los trabajadores? Sí, una copia del contrato de trabajo de servicios transitorios se envía a la empresa usuaria donde el trabajador prestará servicios. En el caso de reemplazos de trabajadores, se extenderá por lo que dure la ausencia del trabajador titular. Para los eventos extraordinarios y el aumento de producción, el contrato de trabajo para prestar servicios no podrá exceder de 90 días. Y en los casos de proyectos nuevos e inicio de actividades en empresas nuevas, el plazo no podrá superar los 180 días. Estos contratos no podrán ser renovables. Sí, se podrá prorrogar el contrato hasta completar los 90 ó 180 días en su caso. |
Paridad |
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Ley de cuotas: Más mujeres en política28 de noviembre 2007
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Comisión de DD.HH acordó votar en enero proyecto contra la discriminación
Así lo informó el presidente de esa instancia legislativa, senador Jaime Naranjo, tras señalar que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo permitirán concitar un mayor respaldo parlamentario.
Comisión de Derechos Humanos
Con el propósito de analizar en profundidad las indicaciones presentadas al proyecto que establece medidas contra la discriminación, la Comisión de Derechos Humanos acordó iniciar la votación en particular de la iniciativa la primera sesión que tendrán en el mes de enero.
Así lo informó el presidente de esa instancia legislativa, senador Jaime Naranjo, tras señalar que aunque las indicaciones presentadas son de forma más que de fondo, permitirán concitar un mayor respaldo parlamentario.
"El Ejecutivo presentó nuevas indicaciones tratando de concitar el mayor respaldo parlamentario, sobre cuestiones más de forma que de fondo y que no alteran el objetivo central del proyecto que es evitar la discriminación", señaló.
Agregó que las organizaciones que se verían beneficiadas con los alcances de este proyecto, están de acuerdo con los cambios propuestos, por lo que se espera tener el proyecto en condiciones de ser visto por la sala en enero del próximo año.
El parlamentario explicó que entre las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, destaca la que elimina el recurso judicial especial que contenía el proyecto original, permitiendo que cualquier persona que se sienta discriminada pueda interponer un recurso de protección.
Asimismo, se establece que se considerarán actos discriminatorios no sólo los que puedan cometer los funcionarios públicos, sino que también los privados.
LEGISLACIÓN NECESARIA
Según el senador naranjo, la eliminación del recurso especial no afectará en nada la eficacia de la ley, pues actualmente se puede recurrir de protección a los tribunales.
"Lo importante es tener una ley de discriminación en el país, independiente de las acciones judiciales que puedan implementarse. Hoy día en Chile operan distintos instrumentos a los cuales las personas pueden recurrir frente a situaciones de discriminación, como los recursos de protección o de otra naturaleza, por lo tanto, no creo que ese sea un inconveniente", explicó.
Cabe recordar que la iniciativa tiene por objeto prevenir y sancionar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona.
Se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en cuestiones de ideología, religión o creencias, lugar de nacimiento, posición económica, cultura, etnia, raza o color, enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, sexo, género, orientación sexual, descendencia, edad, opinión política o de otra índole, o cualquiera otra condición social o individual, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio, de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
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Aprueban entregar beneficios y bonificaciones al personal de la atención primaria de salud
Senadores Matthei y Pérez |
La Sala del Senado respaldó en forma unánime la iniciativa que contempla bonos de desempeño y de incentivo al retiro voluntario, además de estímulos para el personal de las zonas extremas.
Un apoyo unánime tuvo en el Senado el proyecto, en segundo trámite, que entrega una serie de beneficios al personal que se desempeña en los servicios de atención primaria de salud, tales como bonos por desempeño y de incentivo al retiro voluntario, además de estímulos para quienes se desempeñan en zonas extremas.
Uno de ellos es el que señala que las disposiciones de este proyecto no sólo se aplicarán a todo el personal que se desempeñe en los establecimientos municipales de atención primaria de salud, sino que también a las personas que pertenezcan a una entidad administradora que ejecuten en forma personal y exclusiva acciones directamente relacionadas con la atención de salud.
atifican Tratado de Libre Comercio entre Chile y Panamá
Senado aprobó por unanimidad el instrumento comercial, luego que el país centroamericano levantara una prohibición del ingreso de fruta chilena.
En condiciones de ser ratificado oficialmente por nuestro país, quedó el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Panamá, luego que el Senado aprobara en forma unánime el instrumento comercial, terminando así con su trámite en el Congreso.
Cabe recordar que este convenio iba a ser votado por la Sala de la Cámara Alta el 6 de noviembre pasado, pero se acordó postergar su aprobación luego que el presidente de la Comisión de Agricultura, senador Juan Antonio Coloma, advirtiera la necesidad de revisar la existencia de medidas paraarancelarias por parte de Panamá hacia nuestro país.
En tal sentido recordó que la suspensión del trámite tuvo como propósito estudiar a fondo las medidas adoptadas por la autoridad panameña de seguridad de alimentos (UPSA), en relación a la fruta chilena.
El senador explicó que la Comisión de Agricultura vio que el 5 de abril de 2007 se suspendió el acceso al mercado para manzanas y peras, por la supuesta presencia de plagas, prohibición que se levantó los primeros días de julio. No obstante, el 23 de agosto se volvió a cerrar el mercado, afectando a las cerezas, nectarines, damascos y ciruelas.
Según el senador, "a propósito de la suspensión en el Senado de este Tratado, las autoridades panameñas se reunieron con el SAG, el 13 y 15 de noviembre y posteriormente el 23 de noviembre se acaba de firmar el Protocolo Fitosanitario para la exportación de manzanas, peras cerezas, ciruelas, damascos, duraznos y nectarines originarios de Chile".
BUEN PRECEDENTE
En tal sentido, el senador Coloma manifestó que "esto ha sido un gran adelanto, porque además, este Protocolo puede ser utilizado el día de mañana respecto de otros países que viven situaciones parecidas, para de esta manera cumplir con lo que de alguna manera buscamos, que es que el libre comercio sea real y que no haya ni asomo de medidas paraarancelarias para poder impedir el libre tráfico de productos debidamente sanitizados".
Cabe recordar que el objetivo principal de este acuerdo es facilitar el libre comercio entre Chile y Panamá, estimulando su expansión y diversificación, eliminando los obstáculos al comercio, facilitando la circulación transfronteriza de mercancías y servicios y promoviendo condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
De hecho, nuestro país alcanzó el año 2005 un intercambio comercial con Panamá de 122 millones de dólares, con una balanza comercial superavitaria de 100 millones de dólares.
En ese escenario, hay que destacar que este es un Tratado de cobertura amplia, en el cual, casi todos los productos tendrán acceso libre de aranceles a los mercados de las partes dentro de un plazo máximo de 15 años en Panamá, y 10 años en Chile.
Empresas y órganos del Estado serán sancionados si no entregan información solicitada por el Congreso
Senador José Antonio Gómez, presidente de la Comisión de Constitución |
Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias sobre la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, aprobó por unanimidad esa disposición que permite cumplir con el principio de transparencia fijado en la Constitución.
Ramiro Mendoza, Contralor General de la República.
Multas equivalentes a una remuneración mensual, enfrentarán los jefes superiores o representantes legales de las empresas y órganos del Estado que no entreguen en un plazo de 30 días, los antecedentes que soliciten los senadores y diputados para poder cumplir con su labor parlamentaria.
Así lo aprobó la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputados sobre el proyecto que adecua la Ley Orgánica del Congreso Nacional a la nueva Constitución, estableciendo el principio de transparencia de los actos y resoluciones de los distintos órganos del Estado.
Estuvieron presentes los senadores José Antonio Gómez (presidente), Alberto Espina y Hernán Larraín, y los diputados Juan Bustos, Alberto Cardemil y Andrés Egaña.
Según explicó el senador Gómez, la disposición aprobada en forma unánime por los parlamentarios presentes, surgió de un texto cuya base fue elaborada por el Senado y perfeccionada por la Contraloría General de la República.
"Contamos con la presencia del Contralor (Ramiro Mendoza) y aprobamos una norma muy importante que establece la obligatoriedad de todos los órganos del Estado y de las empresas en las cuales tiene participación, mayoritaria, de responder los oficios que envían los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones", señaló el senador.
Precisó que dicha disposición no se topa con la función fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados lo que está regulado en un capítulo aparte- sino que se refiere a la posibilidad de legislar y de contar con los antecedentes necesarios, pues muchas veces éstos se solicitan y los distintos servicios o empresas no contestan porque no están obligados a hacerlo.
TRANSPARENCIA
A juicio del senador Gómez, la aprobación de estas disposiciones consagra el principio de transparencia establecido en la Constitución, porque "abre la posibilidad de pedir la información y establece la obligatoriedad de entregarla, porque si no se aplican sanciones por parte de la Contraloría a través de un procedimiento expedito que también se establece en la ley".
En tal sentido, agregó que "esta norma es esencial para la transparencia y para lo que la propia Presidenta de la República ha planteado, en el sentido de que tengamos todas las posibilidades de información y todo lo que sea posible de conocer a través de los organismos del Parlamento".
En lo fundamental la norma aprobada señala que los órganos del Estado y las entidades en que éste tenga aporte, participación o representación mayoritaria, deberán proporcionar los informes y antecedentes que les sean solicitados por los parlamentarios o los organismos internos.
Asimismo señala que el jefe superior o representante legal de tales entidades que no cumplan con la entrega de información en un plazo de 30 días, "serán sancionados por la Contraloría General de la República con la medida disciplinaria de multa equivalente a un tercio, media o una remuneración mensual".
También será responsable y tendrá idéntica sanción por su falta de comparecencia a la sesión de una comisión a la que hubiere sido citado, o la de los funcionarios de su dependencia, cuando la ausencia de éstos le sea imputable.
Para cobra la multa, la Contraloría oficiará directamente a la oficina pagadora del respectivo órgano público o entidad a fin de que proceda a retener las remuneraciones del personal involucrado las cantidades correspondientes y a enterarlas en arcas fiscales.
La iniciativa también contempla que en los casos en que se reitere el incumplimiento de entrega de información, se podrá sancionar al infractor con la suspensión del empleo desde 30 días a tres meses, con goce de un 50% a un 70% de las remuneraciones.
Una de las normas cuya votación quedó pendiente para la próxima sesión de la Comisión Mixta y que podría generar un fuerte impacto para las empresas del Estado que han presentado acciones declaratorias de mera certeza entre ellas Codelco- es la que establece un efecto retroactivo para las disposiciones anteriores.
La propuesta establece que tales normas "son y han sido aplicables a todas las empresas públicas creadas por ley, incluso a aquellas que de acuerdo con sus normativas requieren mención expresa o se encuentren sometidas a regímenes de fiscalización especiales".