El estudio se realizó mediante una encuesta cara a cara a 1.800 personas, mayores de 18 años, en todas las regiones del país.
Según explicó la presidenta del organismo, Danae Mlynarz, la encuesta muestra que un 43% de los chilenos desconoce que puede exigir derechos al atenderse en los servicios públicos, mientras que el 56% sabe que puede exigirlos, menciona la calidad, la rapidez y buen trato, entre los derechos más relevantes para los usuarios.
Aclaró que al ser consultados por los derechos de las personas en distintos ámbitos de la vida, un 47% dice que sus derechos se respetan siempre o casi siempre, respondiendo en mayor medida a sectores socioeconómicos bajos, sectores rurales y de baja escolaridad, mientras que respecto de los derechos que el Estado se ocupa de velar, los mejor evaluados fueron el derecho a la vivienda (63%), el derecho a la educación (62%), y el derecho a la salud y a la seguridad social aprobados ambos en un 57%.
En cuanto a la percepción y experiencia ante los servicios públicos, un 47% considera que la atención es lenta, mientras que un 17% sostiene que los funcionarios son fríos y poco amables.
Pese a lo anterior, un 95% de las personas que se atiende en distintos organismos públicos no reclama por la atención recibida.
De la cifra anterior un 41% considera que la atención recibida es la adecuada, al tiempo que un 13,5% siente que reclamar no tiene sentido y un 24% no sabe como hacerlo.
"Para cambiar la situación hay que avanzar en dos caminos: enseñarle a las personas que tienen derechos y que los pueden reclamar y, por parte de los servicios públicos, es importante que los funcionarios estén concientes de los derechos que asisten a los usuarios y establecer canales efectivos para reclamar. Para eso estamos trabajando junto al Servicio Civil en capacitar a más de 4.000 funcionarios y jefaturas", afirmó.
Finalmente, la encuesta es concluyente respecto al interés de los chilenos en la creación de un organismo autónomo que defienda los derechos de los ciudadanos frente a los prestadores de servicios públicos, donde más del 90% de la muestra se mostró "muy interesado".
Al respecto, Mlynarz indicó que "este es un fuerte impulso a la Reforma Constitucional que crea la Defensoría de las Personas" y llamó a los parlamentarios a "hacerse parte de este esfuerzo por modernizar el Estado, aprobando el proyecto que hoy está en la Cámara de Diputados".
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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