Derecho a réplica
Con el título "El derecho de opinión y el disenso. La verdad. La verdad a medias y la mentira", el cuerpo colegiado respondió a los dichos del titular del Centro Mandela sobre lo actuado en el seno del Consejo de la Magistratura por el Dr. Miguel Angel Mo
En un extenso escrito cedido a la prensa, señala que "la libre expresión del pensamiento se nutre esencialmente de la cultura de la tolerancia. Expresado en palabras sencillas, significa reconocer la posibilidad del disenso pero unida al respeto por la opinión diferente.
Los conflictos, entre distintas ideas puestas en debate, pueden concluir en coincidencias, como también saldarse sin superar las contradicciones de las posiciones diversas.
Pero cuando las discrepancias llevan a calificar como verdades o mentiras las opiniones opuestas, la cultura de la tolerancia entra en crisis con grave riesgo de deslizarse hacia el dogmatismo, que es la herramienta que los autoritarios emplean para la exclusión de quienes no comparten sus ideas.
Con esta mirada que se encarna en el respeto por la pluralidad del pensamiento, hemos considerado recientes manifestaciones públicas del Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela y de su titular, el colega Alcides Rolando Núñez.
En sus primeras declaraciones, el afiliado al Consejo Profesional, Dr. Núñez, se refirió a la conducta del Dr. Miguel Angel Moreschi quien representa a los abogados de Resistencia en el Consejo de la Magistratura y preside el cuerpo.
Lo calificó de mentiroso por no haber cumplido las instrucciones que le impartieron los demás integrantes del organismo para que contestara la demanda que promovió el Gobierno Provincial con la finalidad de anular las designaciones de tres de los actuales miembros del Superior Tribunal de Justicia.
Agregó que la actitud individual del Dr. Moreschi hizo que el cuerpo que preside tomara posición en la contienda judicial avalando el proceso de designación de los tres magistrados.
De nada valió para el colega Núñez las aclaraciones del presidente del Consejo de la Magistratura sobre los términos acordados por sus integrantes para contestar la demanda en forma de un informe circunstanciado en el que se consignó que, de acuerdo a las actas correspondientes, cada uno de los jueces fue designado conforme con el régimen legal que los miembros de cada integración actuante consideraron que se encontraba vigente; lo que evidentemente en modo alguno importó asumir posición sobre la legalidad-ilegalidad, constitucionalidad-inconstitucionalidad de las designaciones por parte del organismo.
Tampoco tuvo relevancia para el colega Nuñez que los términos de contestación de demanda fueran informados en detalle y aprobados por unanimidad de los miembros del Consejo de la Magistratura; es decir, con el voto del representante del Gobernador, ministro Omar Judis.
Pero lo más importante es que el colega Núñez haya preferido tomar el atajo de calificar de mentiroso al Dr. Moreschi para manifestar su discrepancia, sin dedicarle una sola palabra a la conducta del ministro que representa al Poder Ejecutivo de la Provincia; quien, para no contradecir la decisión política de promover la nulidad de las designaciones de los jueces del Superior Tribunal de Justicia, debió solo y únicamente propiciar que el Consejo de la Magistratura se allanara a la demanda. Y no resulta creíble para nadie que, por su condición de muy buen abogado, al colega Núñez le haya pasado desapercibido semejante blooper.
Por el contrario, sí es absolutamente creíble que por indudables cálculos de conveniencia el colega Nuñez prefirió el intento de ofender al Dr. Moreschi llamándolo mentiroso, aunque eso implicara faltar a la verdad, puesto que el otro camino lo llevaba a enfrentarse con el gobierno provincial y esa opción evidentemente no le resultaba atractiva.
El Centro de estudios Nelson Mandela y el Dr. Núñez, también han hecho pública la opinión que les merece la trayectoria del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia en despectivas referencias que no merecen ser repetidas; las que remata como una suerte de estigmatización señalando que desde las filas del Consejo Profesional han salido gobernadores, ministros, secretarios de estado, jueces y funcionarios de las mas variadas jerarquías.
Es necesario recordar al colega Núñez que el Consejo de Abogados es una institución que tiene cincuenta años de actuación pública en el ámbito de la Provincia del Chaco y en la particular defensa de los derechos de los abogados chaqueños y de la independencia y el mejoramiento del servicio público de justicia en donde ejercemos nuestra profesión legal. Se cuentan entre nuestros socios casi novecientos abogados matriculados en la Provincia del Chaco. Se comprenderá entonces que, entre tantos abogados asociados. seguramente habrá algunos que han ocupado los más importantes como los menos conocidos cargos y funciones, públicas y privadas.
En particular nuestra profesión de abogados, por la formación académica, suscita con mucha frecuencia requerimientos para el desempeño de cargos públicas, por lo que muchos abogados en la historia de la humanidad y hasta en la actualidad, han ocupado y ocupan funciones públicas relevantes. Los abogados son mayoritariamente en la Argentina, los profesionales que ocupan funciones públicas. Tal condición no los vuelve ni "selectos ni recoletos", son simplemente profesionales que han decidido optar por el trabajo en áreas de los poderes estatales.
Pero de alli a que nuestra entidad haya construido poder, erigiéndose en un factor permanente de consulta, decisión o presión, existe una gran distancia. Y las pruebas están a la vista, por cierto con la única condición de que se quieran ver.
Unos muy pocos ejemplos en este sentido bastarán.
Durante los gobiernos del Dr. Rozas y el Sr. Nickish nos abstuvimos de votar candidatos a ocupar cargos en el Superior Tribunal de Justicia hasta tanto la Legislatura Provincial no cumpliera con el mandato constitucional y reglamentara el concurso público de antecedes y oposición que debía preceder a las designaciones. Pero además, ante la continuidad del vacío legal al respecto, promovimos mandamiento de ejecución para compeler a la Cámara de Diputados a cumplir con el mandato constitucional.
Durante la misma época nos opusimos a la reforma de la ley de amparo y su reemplazo por la conocida como 'ley de desamparo'. Más, ante la promulgación de dicho instrumento no bajamos los brazos ni nos resignamos. Por el contrario, junto a otros Colegios de Abogados del interior de la Provincia promovimos acción de inconstitucionalidad que fue rechazada localmente imponiéndonos ocurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que luego de derogarse la ley provincia de desamparo declaró abstracta la cuestión a resolver.
Por último es conocida nuestra predica para reestablecer la vigencia del sistema de Colegiación Legal en la Provincia.
Empero ninguna de las reivindicaciones aludidas encontraron eco en los poderes públicos, lo que echa por tierra que nuestra entidad constituya un factor permanente de consulta, decisión o presión; por lo que de ningún modo se compadece con la realidad histórica que el colega Nuñez vincule de una manera tan arbitraria y burda, la actuación institucional del Consejo de Abogados, con los males que antojadizamente enuncia.
Si nuestro Consejo es un grupo cerrado y selecto porque se integra por abogados, deberá también aceptar el colega Nuñez que esa es la misión de todo "gremio": nuclear a las personas por la afinidad de sus oficios o profesiones. Hemos intentado contribuir siempre a corregir errores o superar objetivos en el ámbito institucional y profesional en el que nos incumbe actuar: la abogacía.
Habremos cometido errores y muchas de nuestras decisiones institucionales tal vez no conformaron a algunos o a todos, pero siempre hemos estado vivos como asociación en procura de la realización de nuestros ideales y en defensa de los derechos de nuestros asociados. No somos un grupo cerrado ni existen vinculaciones afines entre todos nuestros asociados: litigamos a diario entre colegas y defendemos todos los días intereses contrapuestos, por lo que solo nos puede unir la aspiración colectiva de alcanzar el constante mejoramiento de la actividad profesional.
El Consejo de Abogados como cualquier otra asociación civil, se rige por un Estatuto y elige periódicamente sus autoridades entre sus socios. Todas nuestras autoridades hasta la fecha son producto del cumplimiento de estos procedimientos democráticos y republicanos. Nuestra fuerza institucional y nuestra permanencia en el medio se nutre siempre de esos socios que quieren asumir la adicional responsabilidad de ser directivos de una asociación civil que no remunera y se integra voluntariamente. Y cuando un grupo de socios ha mostrado disconformidad con la gestión de algún Directorio y ha querido ofrecer una alternativa de gobierno, se han producido las elecciones generales en las que han participado libremente los socios y en las que todo se ha resuelto, como corresponde en democracia por el voto de la mayoría.
Es precisamente para buscar mayor legitimidad en las decisiones que adoptan nuestros representantes, los de los abogados, que hemos establecido hace muchos años un acuerdo escrito con los representantes de los abogados del interior de la Provincia del Chaco para respetar la selección que hacía el Colegio o el Consejo de la jurisdicción en la que se encontraba el cargo en proceso de cobertura.
Como no puede ignorar el colega Nuñez quien primero experimenta el sufrimiento por el desempeño de un mal juez es el abogado que litiga ante su estrado, para recién luego hacerlo el cliente a quien éste representa. Por tanto, quien está en mejores condiciones de opinar sobre una designación es pues el abogado que habrá de padecer al mal candidato a juez cuyo nombre se encuentra en danza.
Por esta razón y no otra, es que los abogados con responsabilidad para representar a este sector en el Consejo de la Magistratura hemos acordado respetar la opinión del consejero que represente en ese momento a la jurisdicción donde el magistrado habrá de ser nombrado.
En la difícil procuración del máximo posible de legitimidad y eficacia en el ejercicio de la función de representar a los abogados del Chaco, tanto los abogados del interior como los de nuestro Consejo, hemos realizado este acuerdo para intentar alcanzar una selección justa y razonable. El sistema de selección nunca podrá ser perfecto, justamente porque involucra decisiones humanas y es por tal solo perfectible.
En esa búsqueda de mejoramiento, alguna vez hemos pensado y aplicado este acuerdo de respeto por la opinión del consejero que se encontraba en mejores condiciones de opinar. Ese pacto que el colega Nuñez reputa espureo, permite inferir claramente que avala que los lugares en el Consejo de la Magistratura que la Constitución reserva para el foro de abogados, sean ocupados por el poder político, quien de tal modo subtrepticiamente incorpora un colega, pero que sistemáticamente vota junto con los representantes del partido político que le es afín; basta con revisar las actas del Consejo en el periodo inmediato anterior y en su actual integración, donde bajo la bandera de la libertad, se ha fijado un alineamiento automático con los intereses partidarios que en cada caso le eran afines. Libertad, para integrar la necesidad de expansión del poder político, y ahora ya no basta el representante de los abogados del interior, sino que asumimos que van por el representante de la primera circunscripción y por ello la virulencia del ataque al Consejo Profesional y al Consejero Moreschi.
También debe tener presente sobre este punto que los consejeros que representan a los abogados surgen del voto directo de sus pares como no sucede en ninguno de los restantes sectores que conforman el Consejo de la Magistratura. Por tanto la opinión de estos consejeros se encuentra avalada por los abogados que los han elegido y constituye una señal de respeto por la voluntad de sus representados escuchar a los abogados que se representa.
En cuanto a la actuación del consejero que representa a los abogados de la Primera Circunscripción y que en este momento por voluntad del voto mayoritario de los abogados de esta circunscripción corresponde a los candidatos propuestos por este Consejo, le consta al colega Nuñez que su decisión se encuentra precedida por un intenso y abierto debate que se lleva a cabo en el seno de nuestra asociación, mediante reuniones del Directorio, plenarias y ampliadas, que se convocan precisamente con el fin de recabar opiniones de los colegas sobre los candidatos postulados y que concluye por medio de una elección en la que participan todos los miembros del Directorio y los dos representantes del Consejo de la Magistratura.
El representante de los abogados de la primera circunscripción cuyo nombre es propuesto por el Consejo de Abogados lleva un mandato que solo se otorga cuando se ejerce la función de selección y nunca cuando el Consejo se constituye en jurado de enjuiciamiento, pero que se encuentra conformado y que es el resultado previo de una deliberación amplia y democrática. Estas reuniones no se hacen a puertas cerradas, son abiertas y se escucha a todos los colegas que quieran opinar sobre la idoneidad de los candidatos.
De la misma manera, la práctica de recibir en reuniones ampliadas y públicas a los candidatos a ocupar magistraturas no nos avergüenza ni ha intentado ser nunca una instancia oculta que ahora haya sido develada por un lapsus del Presidente de nuestra entidad como ensaya hacerlo aparecer el colega Nuñez. Las entrevistas que el Consejo de Abogados realiza con los candidatos a ocupar magistraturas constituyen instancias únicas donde los abogados podemos tomar contacto directo con los futuros jueces y conocer su visión sobre la administración de justicia y su opinión sobre la gestión judicial que se encuentra a cargo de todo magistrado. No se trata de un momento degradante ni de una plataforma suplicante. Por el contrario y aunque no sea habitual en nuestro País, esas entrevistas son instancias previas donde se escucha al futuro magistrado con el fin de intentar formar algún juicio fundado acerca de su idoneidad.
Este juicio será siempre subjetivo y falible, pero aún así no podemos ni debemos renunciar al intento de introducir mecanismos que nos permitan llenar de contenido objetivo a esa opinión final que en definitiva es el voto del consejero que nos representa. Si prefiere formas más autocráticas pues es comprensible que no coincida con la actuación institucional de nuestro Consejo.
No nos oponemos nunca al debate sobre nuestros actos personales o institucionales como asociación que tiene vida activa en la Provincia del Chaco, pero no podemos permanecer callados ante la irresponsable atribución de vicios que precisamente tratamos de eliminar y de combatir por medio de los procedimientos de participación y decisión que se encuentran presentes en nuestra vida asociacional. Y si es cierto que nuestra intervención es siempre relevante en la definición de las cuestiones vinculadas a nuestra profesión como abogados, pues eso tiene que ver con el compromiso de la institución y el acierto de sus intervenciones. Pero por lo menos tendremos siempre el consuelo de que nunca nos corresponderá la crítica por aquello que dejamos de hacer o que consentimos inermes. Los detractores del Consejo de Abogados serán siempre aquellos que no han sabido ganar legitimidad por medio de la representatividad amplia de un sector de personas interesadas en hacer escuchar su voz.
Finalmente debemos señalar que en sus criticas al Consejo de la Magistratura, que según aprecia el colega Nuñez lo han llevado a una situación de franca decadencia, ha mencionado como casos emblemáticos, entre otros, el enjuiciamiento persecutorio de la Dra. Lotero juez civil de Resistencia y el caso del Dr. Paz de la ciudad de Charata, cuya postulación como juez para el fuero penal era impulsada por el Colegio de Abogados de esa circunscripción.
En ambas referencias el colega Núñez ha omitido aspectos trascendentes que nos hace pensar que su proceder no es inocente.
Asi no recordó que, en definitiva, el enjuiciamiento de la Dra. Lotero no prosperó, que el representante de los abogados de Resistencia ante el organismo y perteneciente al Consejo Profesional de abogados primeramente votó para que no se la sometiera al jury y luego para que se declararan insubsistentes las causales por las que estaba siendo enjuiciada. Decisión esta última con la que quedó concluida la causa contra la Dra. Lotero, y que fuera confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; circunstancias ambas de gran relevancia que el colega Nuñez silenció solo por el sentimiento de rencor que profesa contra los integrante de nuestra entidad.
Parecida situación es la de la postulación del Dr. Paz para la magistratura penal de la ciudad de Charata, respecto de la cual Núñez también parece haber olvidado que el Dr. Miguel Angel Moreschi, representante de los abogados de Resistencia en el Consejo de la Magistratura y dirigente del Consejo Profesional, cumpliendo el acuerdo entre entidades profesionales que el colega Núñez considera espurio, votó al Dr. Paz para el cargo que el Colegio de Abogados de su ciudad había resuelto postularlo por decisión democrática de sus asociados.
Sorprende que quien exhibe un acopio de información e inteligencia política para el abordaje de los mas variados temas incurra en omisiones tan trascendentes y en contradicciones tan graves.
Aunque no es la primera vez ni lamentablemente será la última a juzgar por la realidad. Aquí nomás en el tiemp, también el colega Núñez optó por no opinar sobre la injustificada demora en la designación de la única postulante por concurso de antecedentes y oposición para el cargo de Juez de Familia de la ciudad de JJ Castelli, a pesar de que por la inteligencia política que practica sabía perfectamente que la estrategia de no dar quórum para cubrir la vacante estaba exclusivamente inspirada en el encono personal del Vicegobernador de la Provincia, Dr. Juan Carlos Bacileff Ivanoff, contra la postulante por haberle promovido una demanda en ejercicio del cargo de Defensora Oficial.
Y el silencio del colega Núñez respecto de esa situación habla elocuentemente acerca de su apoyo irrestricto a modelos de justicia y de designación de jueces que nada tienen que ver con la democratización de su acceso para los más amplios sectores, con la independencia de la función y la idoneidad técnica y moral de los magistrados, sino con la simpatía o antipatía personal con las que los postulantes sean vistos por algún funcionario político relevante.
Todo lo que viene a demostrar con demasiada claridad, lamentablemente, que si el colega Núñez para discrepar necesita ofender, faltar a la verdad o silenciarla en parte, no milita en la cultura de la tolerancia y por lo tanto no respeta el derecho de opinión.
Y que su mal habito de llamarse a silencio cuando de enfrentar al poder o los poderosos se trata seguramente le brindará satisfacciones personales aunque deje hecha jirones su honradez intelectual".
El Directorio
Consejo Profesional de Abogados y procuradores de Resistencia.
Fuente:
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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