Argentina deporta a ex lautaristas involucrados en muerte del cabo Moyano
Los ex subversivos Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, que están detenidos en Neuquén, llegarían a la Región Metropolitana en las próximas horas.
SANTIAGO.- El Gobierno argentino decidió deportar a los ex lautaristas Freddy Fuentevilla (37) y Marcelo Villarroel (35), sindicados como participantes en el asalto en que murió el cabo de Carabineros Luis Moyano, y que permanecían detenidos en la cárcel de Neuquén.
Según informó radio Bío Bío, las autoridades trasandinas aprobaron el traslado de ambos ex subversivos a Santiago, anulando la condena que pesaba en su contra por delitos en territorio trasandino.
Fuentevilla y Villarroel purgaban una pena de tres años y medio de cárcel por el delito de porte ilegal de armas.
A comienzos de año, desde la prisión donde cumplían condena en Neuquén, los ex lautaristas grabaron un mensaje y lo distribuyeron en diversas páginas de internet sostenidas por grupos antisistémicos.
En parte del registro, de 19 minutos, llamaron a la destrucción y ataque de la sociedad por parte del "proletariado en revuelta".
Turbulenta estancia en Argentina
Durante el período en que han estado detenidos en Argentina, Mauricio Villarroel y Freddy Fuentevilla no han pasado desapercibidos.
El 6 de octubre de 2008, "El Mercurio" dio a conocer que la Policía Penitenciaria de Neuquén solicitó autorización a la Cámara Criminal de Zapala para trasladar a la cárcel de máxima seguridad de Buenos Aires, distante 1.200 kilómetros de esa capital provincial patagónica, a ambos condenados, por considerarlos de extrema peligrosidad.
Días después, el 17 de noviembre, iniciaron una huelga de hambre líquida para exigir refugio político en dicho país.
Los dos subversivos fueron apresados el pasado 16 de marzo en la localidad de San Martín de Los Andes, tras protagonizar una riña con personal de seguridad de un pub, meses después de ser ligados al asalto al Banco Security, durante el cual fue asesinado el cabo de Carabineros Luis Moyano, en octubre del 2007, en pleno centro de Santiago.
Según la ley trasandina, Villarroel y Fuentevilla tendrían que cumplir la pena en ese país y podrían acceder a beneficios cuando haya transcurrido la mitad de la condena.
Durante el juicio, los acusados se mostraron desafiantes: "No le tenemos miedo a nada ni a nadie (...) estamos orgullosos de ser combatientes populares".
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