En los últimos minutos de su discurso del 21 de Mayo, Sebastián Piñera señaló con particular fortaleza que se protegerían los derechos de los agricultores y que seguiría la senda señalada por los gobierno de la Concertación de convertir a nuestro país en una potencia agroalimentaria.
Una señal poderosa de un Presidente que tiene como Secretaria General de Gobierno a una de las herederas de más grande productor de semillas del país y que además, es hermana de la recién electa directora de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien ha señalado su empeño por introducir los transgénicos en Chile.
La idea de que Chile se convierta en una potencia agroalimentaria en el futuro próximo es un desafío que implica una verdadera revolución en muchos aspectos de nuestra agricultura tradicional. Para quienes están en negocio, las perspectivas comerciales que se abren son enormes. Pero hay quienes miran con recelo y desconfianza los pasos que se están dando para hacer posible este sueño: se trata de los pequeños y medianos agricultores quienes junto a una red de organizaciones medioambientales se han declarado en estado de alerta.
¿Por qué? Porque la legislación que implica hacer de este sueño un pingüe negocio puede significar un menoscabo para quienes han hecho de la agricultura más que una actividad productiva, sino un modo de vida desde hace cientos de años sino milenios. Esta legislación se discute actualmente en el Congreso Nacional pero dada su especificidad resulta complicada para los legisladores y más aún, para la opinión pública que se mantiene ignorante de lo que está pasando.
¿Cómo entender un proyecto de ley que lleva el críptico nombre de "Ley de obtentores vegetales? Partir diciendo que se trata de una ley que se enmarca dentro de una obligación adquirida en el marco del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., que exige a nuestro país regular los derechos del obtentor de acuerdo al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales o nuevas Variedades de Plantas UPOV 91.
Un obtentor puede ser desde un centro de investigación, una empresa o un agricultor que se dedique al desarrollo de plantas y semillas con el fin de crear nuevas especies que impliquen un mejoramiento, una técnica que está muy arraigada en el cultivo tradicional desde hace siglos. "Cualquiera de los vegetales que compramos, desde una manzana fuji, por ejemplo, ha sido generado a través de programas de mejoramiento genético. Incluyendo el maíz, que es un híbrido o las tradicionales frutillas", explica el director del Núcleo Milenio en Biotecnología Celular Vegetal, Ariel Orellana.
Sin embargo, el temor que existe respecto de esta ley, es que el proceso de patentamiento de especies y semillas nuevas implique también la legalización de otras que se hayan obtenido a través de la modificación genética, lo que en Chile no está permitido. "En estricto rigor, un transgénico es una variación y podría patentarse", acusa la directora de Terram, Flavia Liberona.
"Lo que intenta regular esta ley son las nuevas variedades y tiene que ver con la forma de cómo se protege la generación de nuevas especies a través del mejoramiento genético. Si la transgenia fuese legalizada en Chile, podría n patentarse los transgénico debido a esta ley, pero en el fondo, pensar que esta ley estaría pavimentando el camino a la transgenia, es una exageración", replica el científico Ariel Orellana.
La industria está también activamente participando en el proceso y niega que esta ley pueda significar una manera oculta de legalizar la transgenia. El objetivo de esta ley es proteger el derecho del obtentor que son aquellas industrias, empresas o centro s deinvestigación que han invertido incluso millones de dólares para crear nuevas variedades, y como todo autor, tiene derecho a cobrar por el uso que terceros hacen de su creación", señala el abogado y fiscal de la Asociación Nacional de Productores de Semillas, ANPROS, Alvaro Contreras.
La discusión del proyecto de "Ley de obtentores vegetales" está, en estos momentos, radicada en el Senado y sus implicancias son muy determinantes para un grupo de la sociedad civil. Y es que los argumentos de uno y otro lado son demasiado específicos y marginan a la opinión pública que debiera estar atenta a temas de tanta importancia. " Lo que genera más problemas- señala Flavia Liberona- es que hay mucha gente que no sabrá que está infringiendo la ley debido a los usos tradicionales de las semillas, lo que se ve con mayor claridad en las comunidades indígenas. Pero lo que ha encendido la alarma es que este convenio internacional es ya bastante complejo y, sin embargo, no se entiende porqué el Estado de Chile busca penalizar con más dureza en lugar de generar facilidades para que los campesinos".
El abogado Contreras lo refuta. " ANPROS ha estado de acuerdo en reconocer el derecho de pequeños y medianos agricultores a través del "privilegio del obtentor", que le permite a los agricultores reservar una parte de la cosecha para la resiembra sin tener que pagar por ello". Esta ley apuntaría, según el abogado, a atacar a los "grandes piratas" del sector en Chile que se dedican a multiplicar semillas y a distribuirlas, sin pagar por ello.
La feble biodiversidad
De sólo mirar a esta angosta y larga franja de tierra llamada Chile pudiera parecer una locura convertirla en una potencia alimentaria y forestal, sin embargo, el mejoramiento de las especies y de las semillas, lo permitiría. "En todos los casos que ha habido mejoramiento genético ha habido un aumento de productividad por hectárea, alcanzando, por ejemplo, en la papa un 90 por ciento, las lentejas un 51 y en los garbanzos un 43 por ciento. Las nuevas variedades han impactado 700 mil hectáreas, lo que corresponde al 80 por ciento de los cultivos anuales del país", como lo señala Leopoldo Sánchez, director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, dependiente del Ministerio de Agricultura.
Todas cifras que no pueden dejar indiferente a una industria que busca maximizar sus ganancias y proteger sus inversiones."Chile se presenta particularmente interesante para la industria debido a las barreras naturales que posee, lo que lo convierten en un verdadero laboratorio a gran escala. Sin embargo, sin estos centros de investigación o empresas que se dedican a esto, para Chile resultaría imposible costear las investigaciones. Lo que resulta determinante ahora, es darles la seguridad de que llegan a un país donde se reconocen los derechos de manera efectiva y es lo que nos permite esta ley, que está acorde a los estándares internacionales", dice Alvaro Contreras.
Otro de los aspectos que las organizaciones medioambientales ven con temor es que esta ley que protege los derechos de quienes son creadores de nuevas especies vegetales, llamados obtentores, estaría descuidando un aspecto trascendental como es la protección de la biodiversidad. "Chile no cuenta con ninguna ley que proteja la biodiversidad. Ha sido particularmente difícil de explicar a los legisladores que hay un tránsito entre la protección de la naturaleza hasta este derecho que se busca proteger, porque tenemos una grave falencia. No tenemos protegida nuestra naturaleza y cualquiera podría inscribir una especie, aduciendo una nueva variedad", señala Flavia Liberona. y lo niega el abogado Alvaro Contreras. "Esto no atenta contra la biodiversidad – retruca el abogado de ANPROS-, al revés, porque todo lo que existe ya está protegido".
La tarea ahora recae en la sociedad civil informada que debe estar alerta frente a una legislación que de manera silenciosa se discute sin que sea tema de diálogo social, porque no por empeñarse en el camino de consolidar a nuestro país como potencia agroalimentaria, se termine perjudicando de manera irreparable a la agricultura y quienes viven de ella a través de la legalización de especies modificadas genéticamente, es decir los transgénicos, cuya discusión está aún pendiente.
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