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lunes, octubre 15, 2012

Libertad y Desarrollo pide eliminar "incentivos perversos" a fiscales

Libertad y Desarrollo pide eliminar "incentivos perversos" a fiscales


María José Soler

Una serie de propuestas para modificar la Reforma Procesal Penal, tras el anuncio del Gobierno de una "reforma a la reforma", elaboró el Instituto Libertad y Desarrollo. Plantea cambios al Código Procesal Penal sobre las capacidades investigativas de policías y fiscales, y una reingeniería al sistema de evaluación de los actores del sistema de persecución penal.

La reforma prioritaria, según el coordinador de Políticas Públicas de LyD, José Francisco García, tiene que ver con las facultades del Ministerio Público y los incentivos a la labor de los fiscales. Según el instituto, hay una alta tasa de archivos provisionales (44% de las causas terminadas en el primer semestre) y una disminución en la "calidad" de las salidas judiciales. La cifra de sentencias condenatorias ha caído, mientras que las suspensiones condicionales del procedimiento suben. Antes de la reforma se proyectaba un 6% de suspensiones, pero hoy llegan al 17%. La propuesta concluye que "existen algunos incentivos perversos, donde los fiscales buscan juicios simplificados o procedimiento abreviado para negociar rápidamente una condena o 'negociar blando'".

García dice que "delitos de hurto, por ejemplo, en algunos casos son perseguidos por receptación porque así es más fácil negociar una condena (aunque menor y con acceso a beneficios). Esto pasa porque hay incentivos muy altos para poner término a las casos".

Algo similar se da respecto de los archivos provisionales, porque se miden indicadores cuantitativos de término de causa, y no cualitativos. LyD propone evaluar a los fiscales premiando las salidas judiciales de calidad, además de fijar estándares estrictos de calificación del delito y penas mínimas a solicitar.

En cuanto a las policías, propone aumentar sus facultades investigativas y fortalecer la coordinación inicial con los fiscales. Además, asumir compromisos de desempeño con metas colectivas e individuales. En cuanto a los jueces, LyD plantea cambiar el sistema de calificaciones, para garantizar objetividad en la evaluación, la que debe incluir aspectos cuantitativos y cualitativos sobre "el proceso judicial y la decisión judicial misma"

Fuente:emol

Saludos
Rodrigo González Fernández
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mineria Encomiable aporte de las empresas mineras

Encomiable aporte de las empresas mineras


En una iniciativa similar a las implementadas en Australia y Nueva Zelandia, el Consejo Minero, que reúne a las grandes mineras nacionales y extranjeras que operan en nuestro país, acordó crear un Consejo de Competencias Mineras con el objetivo de paliar las brechas laborales del sector, colaborando en la formación de los trabajadores que, según sus proyecciones, esa industria requerirá en las próximas décadas.

El sector minero nacional enfrenta un cuadro difícil, debido a los costos de la energía, el acceso al agua, las trabas burocráticas, la judicialización de los proyectos de inversión y la escasez de trabajadores calificados, lo que puede afectar significativamente su competitividad, en especial respecto de los países vecinos. A lo anterior se agrega el encarecimiento de la mano de obra, que ha experimentado en algunos casos un alza de más de 80% en la última década, por la carencia de capital humano especializado en los requerimientos de la industria. Pese a ser un país minero, Chile no cuenta con suficientes profesionales para cubrir las necesidades de la gran minería y contribuir a hacer viables sus planes de expansión. Estudios solicitados por el nuevo Consejo de Competencias Mineras prevén que ese sector requerirá en los próximos ocho años alrededor de 50 mil nuevos trabajadores, entre directivos, profesionales y operadores de diversas áreas.

Evelyn Mathei Ministra del trabajo

Oportuno y positivo es el apoyo que los ministerios de Minería y Trabajo han dado a este proyecto, pues -como reconoce la autoridad- la inversión pública en capacitación no tiene el impacto esperado en empleabilidad y remuneraciones. De allí que la definición de perfiles y competencias que haga la industria minera de acuerdo con la proyección de sus inversiones puede convertirse en una determinante retroalimentación para la educación superior (universidades, centros de formación profesional e institutos profesionales), especialmente en lo relativo a la formación de profesionales y técnicos, ya que son esas instituciones las llamadas a responder a una demanda cada vez más exigente y en sintonía con los requerimientos de una industria de alta complejidad, competitividad y de gran valor estratégico nacional.

Positivo es asimismo el interés de la autoridad por replicar esta iniciativa en otras áreas de nuestra economía, pues eso podría contribuir a orientar la formación de la mano de obra calificada, cada vez más requerida. Ni la capacitación sectorial ni el fomento de inmigración profesional han logrado el alcance que el desarrollo del país exige. El nivel de nuestro sistema de educación superior debe responder a estos requerimientos locales, e incluso podría derivar en un foco de atracción para extranjeros que necesiten formación en este y otros campos de especialización.

La encomiable labor actual del Consejo Minero para acercar a las grandes empresas mineras a la ciudadanía, particularmente en cuanto a formación de capital humano, reconfirma el crucial aporte que ese sector puede y debe realizar a nivel nacional

Fuente:

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.Hacia un nuevo trato para nuestros pueblos originarios

Hacia un nuevo trato para nuestros pueblos originarios


Sebastián Piñera 
Presidente de la República

La globalización ha significado un verdadero renacimiento de las identidades locales y de los pueblos originarios en muchos países del mundo, incluido Chile. Actualmente, más de un millón 300 mil compatriotas se identifican con las comunidades aimara, atacameña, quechua, diaguita, colla, rapa nui, mapuche, alacalufe o yagán, entre otras, cuyos ancestros habitaban estas tierras desde mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. Esto, lejos de significar un problema, representa un motivo de orgullo y una fuente inagotable de riqueza étnica y cultural, que los países sabios debemos saber reconocer, valorar y proteger en toda su dimensión y profundidad.

Pese a ello, transcurridos casi tres siglos de coloniaje español y dos desde el nacimiento de nuestra República, es justo reconocer que seguimos manteniendo una deuda histórica con nuestros pueblos originarios, cuyas oportunidades de progreso material y espiritual no han estado a la altura de sus necesidades ni de las capacidades de nuestro país. En efecto, se trata de un grupo muy significativo de habitantes que viven mayoritariamente en condiciones precarias, con índices de desempleo y pobreza por sobre la media nacional, y con niveles de salarios, escolaridad, alfabetismo y oportunidades inferiores a los del resto de la población.

Por estas razones, tan pronto asumimos el Gobierno de Chile, nos propusimos pasar de los diagnósticos a la acción y avanzar decididamente hacia un nuevo trato para nuestros pueblos originarios. Este nuevo trato está fundado sobre cuatro pilares, tal como la tierra, el agua, el aire y el fuego representan los cuatro cimientos sobre los que descansa el acervo cultural indígena.

El primer pilar es facilitar y promover el reencuentro con nuestros pueblos originarios, pasando de una cultura de la negación y la indiferencia a otra de pleno reconocimiento y compromiso. Para ello, estamos impulsando una reforma constitucional que asuma a Chile como lo que es: una nación multicultural, en que dentro de un mismo territorio y bajo la jurisdicción y soberanía de un mismo Estado, coexisten diversas identidades étnicas, todas ellas con el derecho a expresarse y participar de la vida en común y con el deber de reconocerse y respetarse mutuamente. Este reconocimiento constitucional, unido al Convenio 169 de la OIT, les permitirá participar y contribuir más activamente en la sociedad y organizarse conforme a sus propias visiones, costumbres y valores.

Lo segundo es dejar atrás la estrategia de asimilación y sustituirla por una de verdadera integración, que, en esencia, significa no sólo tolerar, sino valorar y promover la cultura, historia, cosmovisión, lenguas y formas de vida de nuestros pueblos originarios. Para ello, además de promulgar una ley que prohíbe y sanciona toda forma de discriminación arbitraria, pusimos en marcha programas de educación bilingüe en más de 300 establecimientos de alta concentración indígena; fundamos cinco liceos de excelencia en Purén, Villarrica, Loncoche, Temuco y Angol, a los cuales sumaremos un sexto en Ercilla; incorporamos su medicina tradicional a los programas de salud; dictamos un instructivo para que sus lonkos y autoridades reciban la debida consideración en todas las ceremonias oficiales, y hemos avanzado mucho en la definición de criterios de autoidentificación y reconocimiento de sus costumbres como fuentes de derecho.

El tercer pilar es promover un desarrollo mucho más dinámico, tanto en el plano económico como social. Esto nos ha exigido reemplazar la aproximación puramente asistencialista que tradicionalmente ha existido hacia ellos, por otra mucho más participativa, que los estimule a confiar y desarrollar más sus propias capacidades y talentos. A través de los planes Arauco y Araucanía, hemos incrementado en un 50% los fondos públicos regionales de inversión, con énfasis en vivienda, salud, educación e infraestructura deportiva, vial, sanitaria, productiva e interurbana; perfeccionamos y extendimos las políticas de entrega de tierra para evitar abusos y promover su desarrollo productivo; fortalecimos los programas de apoyo al emprendimiento; triplicamos el número de beneficiarios indígenas de Indap y llegamos con banda ancha e internet a prácticamente todas sus comunidades. Todo ello nos ha permitido, en sólo dos años, dar un fuerte impulso a las exportaciones y el crecimiento económico regional y reducir en forma significativa los índices de pobreza y desempleo, gracias a la creación de 16 mil nuevas empresas y más de 35 mil nuevos puestos de trabajo.

El cuarto y último pilar es asegurar la paz, la seguridad, el orden público y la plena vigencia del Estado de Derecho en las zonas indígenas, pues esto es, sin duda, la primera y mayor responsabilidad de un gobierno. No vamos a permitir que la violencia e intolerancia de unos pocos frustren ni posterguen el desarrollo que nuestros pueblos originarios y regiones del sur tanto han esperado, necesitan y merecen. Por lo mismo, seremos implacables con quienes cometan delitos contra la vida o la propiedad ajena, pero seguiremos adelante en nuestra política de diálogo respetuoso, abierto y fecundo con las más de 2.800 comunidades indígenas de todo el país, que están integradas mayoritariamente por hombres y mujeres de honor y esfuerzo, amantes de la paz y profundamente orgullosos de ser chilenos.

Nuestros pueblos originarios forman parte esencial de la historia de Chile. Llegó el tiempo de hacerlos también protagonistas de su destino. Si el pasado ha dividido a los hijos de esta tierra, sólo el futuro nos puede reunir. Por eso, termino estas palabras invitando a todos mis compatriotas, a los herederos de Caupolicán y Lautaro, de O'Higgins y Carrera, a dejar atrás siglos de desencuentros, abrazar unidos el futuro y construir juntos esa patria libre, próspera, respetuosa, justa y fraterna que siempre hemos soñado.

Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
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