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martes, julio 24, 2018

Enrique Dans : La progresiva instrumentalización política del social media

La progresiva instrumentalización política del social media

IMAGE: Blogtrepreneur (CC BY)Oficialmente, las redes sociales son espacios para que las personas compartan áreas de actividad, opiniones, fotografías, pensamientos… fueron creadas con esa idea en la cabeza: proporcionar herramientas para la expresión individual, para que podamos comentar una noticia, publicar una foto o escribir algo sin tener que pasar por las barreras de entrada que existían para una publicación en medios de comunicación que no estaba al alcance de todo el mundo. Ese planteamiento inclusivo, bajo el que, teóricamente, cualquiera con acceso a una conexión y cuatro nociones básicas de uso podía abrirse una cuenta y convertirse en su propio medio de comunicación, con tanta importancia como le otorgasen su volumen de seguidores, está sin duda en la base del éxito de las redes sociales, convertidas en un fenómeno de difusión tecnológica sin precedentes.

Sin embargo, tras la fase de crecimiento exponencial que conocimos y que convirtió a las redes en fenómenos cuyo número de usuarios se contaba por cientos o por miles de millones en todo el mundo, llega una segunda fase, caracterizada por el uso gubernamental y por el intento de poner esas mismas redes sociales bajo control. Sabemos ya, por las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller, que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no solo se ayudó de herramientas diseñadas en Rusia para alcanzar sus objetivos electorales, sino que además, enseñó a Facebook cómo llevar a cabo un uso político de su plataforma y se ha convertido en el su mayor anunciante.

En China, las redes sociales, en permanente vigilancia gubernamental, se han convertido en una herramienta de control social al servicio del estado: según lo que digas o cómo lo digas, puedes verte desde enmendado en público por los trolls gubernamentales, hasta borrado, pasando por problemas de todo tipo en tu relación con la sociedad. Gobiernos como el de Ecuador, Filipinas, India, Malta, México, Turquía, Venezuela o Vietnam, por citar tan solo algunos, han puesto en marcha ejércitos de trolls estatales instrumentalizados para defender determinadas posturas o combatir otras.

En Uganda, un impuesto decretado sobre el uso de redes sociales y de comunicación ha encendido los ánimos de toda la población: una cantidad que, aunque parece menor, cinco céntimos al día, para poder hacer uso de este tipo de herramientas, sí supone una barrera de entrada importante para el nivel de ingresos medio en el país, y sobre todo, que impone un nivel de control gubernamental importante a las acciones en las redes, del que los ciudadanos intentan escapar mediante el uso de unas VPNs ya puestas en la mira del gobierno para intentar prohibirlas. Las meta, claramente, no es únicamente recaudatoria, que también, sino poner las redes sociales bajo control gubernamental.

El mismo objetivo se persigue en Egipto, donde una nueva ley otorga al estado poderes para bloquear cuentas en redes sociales, blogs o páginas con más de cinco mil seguidores, pasando a considerarlas como medios de comunicación a todos los efectos y con la posibilidad, por tanto de sancionarlas si emiten algún tipo de noticia considerada falsa o si se estima que contribuyen de alguna manera a generar alarma social. Las herramientas que, en ese mismo escenario, jugaron un importante papel en la llamada primavera árabe, puestas bajo control para intentar evitar que algo así pueda volver a ocurrir.

Los gobiernos de todo el mundo han tenido ya oportunidad de darse cuenta del importante poder que pueden llegar a tener las redes sociales, y ahora, en esta fase, se afanan no solo por controlarlas, sino también por utilizarlas para sus fines políticos. Una nueva etapa que llevamos tiempo presenciando, pero que promete no solo generalizarse, sino también intensificarse, ante unas estructuras que eluden todo control y crean su propio entorno legal a medida de sus intereses. Un nuevo orden internacional, una nueva geopolítica con gobiernos dotados de poderes ilimitados, preparados para instrumentalizar las redes sociales, entre otras herramientas, para ponerlas a servicio de sus intereses. Las redes sociales, al servicio de la forma más populista de entender la política.

 

 

 

This post is also available in English in my Medium page, "How social media are increasingly coming under government control

 



Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 
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Indagan 5 casos de encubrimiento de autoridades de la Iglesia por abusos

Indagan 5 casos de encubrimiento de autoridades de la Iglesia por abusos

El Ministerio Público mantiene 36 causas vigentes por delitos sexuales que involucran a miembros del clero. En total, se han realizado 144 investigaciones. Las fiscalías regionales de La Araucanía, Valparaíso y Metropolitana Sur solicitaron mayor información al Vaticano.


La Fiscalía Nacional dio a conocer el catastro de los casos de abuso sexual que involucran a sacerdotes y laicos de la Iglesia Católica chilena. La información fue entregada por el jefe de la Unidad de Delitos Sexuales, Violencia de Género y Derechos Humanos del Ministerio Público, Luis Torres, quien recopiló y analizó la información solicitada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, a la totalidad de los fiscales regionales.

Según el catastro, se identificaron 266 víctimas de abusos sexuales al interior de la Iglesia, de las cuales 178 corresponden a niñas, niños y adolescentes. Además, hay 31 adultos y 57 "sin precisar", relacionados a casos denunciados antes del año 2000, cuando entró en vigencia la Reforma Procesal Penal.
Además, el catastro estableció que hay 158 personas investigadas, las que están asociadas a 144 investigaciones sobre casos ocurridos desde el año 1960 a la fecha. La mayor cantidad de denuncias se realizaron en las regiones Metropolitana (39), del Biobío (18) y de Valparaíso (17).

De las 158 personas indagadas, 74 son obispos, sacerdotes o diáconos que no pertenecen a una congregación; 65 corresponden a religiosos que sí pertenecen a una orden, en los cuales destacan 16 salesianos y 15 maristas. Además, hay 10 laicos a cargo de pastorales parroquiales o pertenecientes a colegios.

El catastro tiene su génesis en las denuncias y protestas en contra del ahora exobispo de Osorno, Juan Barros, durante la visita del Papa Francisco a Chile, en enero de este año. Estas generaron que un mes después el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote Jordi Bertomeu, visitaran el país para investigar. Aquello resultó en un informe de 2.300 páginas y 64 entrevistas. El resultado conllevó a una segunda visita de los enviados especiales del Pontífice en junio, donde tuvieron audiencia con el fiscal Abbott y los otros persecutores del país. Ahí, se acordó realizar este análisis para determinar qué información sería relevante pedir a la Santa Sede.

Casos por recubrimiento

De las 36 causas vigentes, si bien la mayoría corresponde a delitos sexuales, hay "cincos casos por encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de una determinada diócesis", indica el estudio del Ministerio Público.

Los casos están en reserva, aunque la semana pasada el titular de O'Higgins, Emiliano Arias, indicó que "podría configurarse el delito de encubrimiento" por parte del arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, en el marco de la investigación por abuso sexual contra menores y estupro que lleva contra el excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo.
En este caso en específico, el vocero de la Conferencia Episcopal de Chile, Jaime Coiro, expresó que, "si el arzobispo de Santiago es citado ante la justicia, pierda cuidado que él va a comparecer y prestará su colaboración en ello. Son los tribunales de justicia los llamados a establecer si hay o no un determinado delito".

Ante la discusión que se ha presentado por algunas autoridades de la Iglesia frente a la entrega de documentos con testimonios de víctimas y que podrían estar pasando a llevar su privacidad, Coiro aseguró que "la confidencialidad de los datos de la víctima no pueden ser pretexto para encubrir los antecedentes de un victimario. La confidencialidad de la víctima significa que yo le garantizo protección, pero no significa en ningún minuto que se ampara el secretismo del acusado".

Las fiscalías regionales de Valparaíso, Metropolitana Sur y La Araucanía, pidieron más antecedentes al Vaticano sobre los procesos penales canónicos seguidos en contra de ocho personas por distintos delitos sexuales cometidos contra menores. Al respecto el jefe de la Unidad de Delitos Sexuales, Luis Torres, dijo que el objetivo es "saber qué es lo que se va a reportar, para que cada fiscalía evalúe lo que corresponda y así fortalecer estos casos y asegurar que las víctimas tengan una respuesta eficaz".
Ítalo Ortega, fiscal preferente de La Araucanía, señaló que solicitaron que "nos remitieran los antecedentes relativos a los sacerdotes o a las investigaciones contra presbíteros que ellos tuvieran en su poder. Esto se pidió respecto de aquellos nombres que nosotros manejábamos previo a la entrada y registro de la Diócesis de Temuco y Villarrica".

El persecutor añadió que "la información incautada en esa diligencia está siendo analizada y si con posterioridad es necesario ampliar ese requerimiento, será de esa manera. La solicitud dice relación con los antecedentes que ellos tengan tanto de sacerdotes investigados, como de otras personas del clero investigadas y las víctimas que figuren en esos antecedentes".

Por su lado, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, dijo que de los 17 casos que se investigan en la región, tres están vigentes y que la solicitud al Vaticano es precisamente "para recabar más antecedentes sobre las otras 14 causas que aparecen terminadas". En tanto, que el fiscal metropolitano Sur, Raúl Guzmán, indicó que solicitaron "los antecedentes en relación a dos aristas de la investigación en particular y esperamos contar con la colaboración del Vaticano, tal como indicaron los enviados Bertomeu y Scicluna en su oportunidad".

Balance

El sacerdote Eugenio de La Fuente, quien fue víctima de abuso de poder y conciencia por parte del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, dijo que "es un hecho gravísimo y triste, pero que es muy bueno que se clarifique. Si hay hechos delictuales, como todo ser humano, se tiene que comparecer ante la justicia, y si hay hechos que atentan contra la persona con hechos concretos, es una obligación moral denunciar".

El informe del Ministerio Público no solo se centra en casos de abuso efectuados por autoridades religiosas, sino también de laicos. Juan Antonio Claret, vocero de los Laicos y Laicas de Osorno, señaló que "eso nos permite ampliar la mirada para comprender que el problema no es como los obispos nos han intentado aparentar, de homosexualidad o celibato, sino que tiene que ver con el ejercicio del poder donde hay personas que en una situación de privilegio se aprovechan de la vulnerabilidad de otro. Es ahí donde tenemos que replantearnos el ejercicio de poder dentro de la Iglesia".

La próxima semana se llevará a cabo la Asamblea Plenaria, donde el foco será cómo simplificar los canales de comunicación entre la fiscalía y la Iglesia.

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El Ministerio Público mantiene 36 causas vigentes por delitos sexuales que involucran a miembros del clero. En total, se han realizado 144 investigaciones. Las fiscalías regionales de La Araucanía, Valparaíso y Metropolitana Sur solicitaron mayor información al Vaticano.


La Fiscalía Nacional dio a conocer el catastro de los casos de abuso sexual que involucran a sacerdotes y laicos de la Iglesia Católica chilena. La información fue entregada por el jefe de la Unidad de Delitos Sexuales, Violencia de Género y Derechos Humanos del Ministerio Público, Luis Torres, quien recopiló y analizó la información solicitada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, a la totalidad de los fiscales regionales.

Según el catastro, se identificaron 266 víctimas de abusos sexuales al interior de la Iglesia, de las cuales 178 corresponden a niñas, niños y adolescentes. Además, hay 31 adultos y 57 "sin precisar", relacionados a casos denunciados antes del año 2000, cuando entró en vigencia la Reforma Procesal Penal.


De las 158 personas indagadas, 74 son obispos, sacerdotes o diáconos que no pertenecen a una congregación; 65 corresponden a religiosos que sí pertenecen a una orden, en los cuales destacan 16 salesianos y 15 maristas. Además, hay 10 laicos a cargo de pastorales parroquiales o pertenecientes a colegios.


El catastro tiene su génesis en las denuncias y protestas en contra del ahora exobispo de Osorno, Juan Barros, durante la visita del Papa Francisco a Chile, en enero de este año. Estas generaron que un mes después el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote Jordi Bertomeu, visitaran el país para investigar. Aquello resultó en un informe de 2.300 páginas y 64 entrevistas. El resultado conllevó a una segunda visita de los enviados especiales del Pontífice en junio, donde tuvieron audiencia con el fiscal Abbott y los otros persecutores del país. Ahí, se acordó realizar este análisis para determinar qué información sería relevante pedir a la Santa Sede.

Casos por recubrimiento

De las 36 causas vigentes, si bien la mayoría corresponde a delitos sexuales, hay "cincos casos por encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de una determinada diócesis", indica el estudio del Ministerio Público.

Los casos están en reserva, aunque la semana pasada el titular de O'Higgins, Emiliano Arias, indicó que "podría configurarse el delito de encubrimiento" por parte del arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, en el marco de la investigación por abuso sexual contra menores y estupro que lleva contra el excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo.
En este caso en específico, el vocero de la Conferencia Episcopal de Chile, Jaime Coiro, expresó que, "si el arzobispo de Santiago es citado ante la justicia, pierda cuidado que él va a comparecer y prestará su colaboración en ello. Son los tribunales de justicia los llamados a establecer si hay o no un determinado delito".

Ante la discusión que se ha presentado por algunas autoridades de la Iglesia frente a la entrega de documentos con testimonios de víctimas y que podrían estar pasando a llevar su privacidad, Coiro aseguró que "la confidencialidad de los datos de la víctima no pueden ser pretexto para encubrir los antecedentes de un victimario. La confidencialidad de la víctima significa que yo le garantizo protección, pero no significa en ningún minuto que se ampara el secretismo del acusado".

Las fiscalías regionales de Valparaíso, Metropolitana Sur y La Araucanía, pidieron más antecedentes al Vaticano sobre los procesos penales canónicos seguidos en contra de ocho personas por distintos delitos sexuales cometidos contra menores. Al respecto el jefe de la Unidad de Delitos Sexuales, Luis Torres, dijo que el objetivo es "saber qué es lo que se va a reportar, para que cada fiscalía evalúe lo que corresponda y así fortalecer estos casos y asegurar que las víctimas tengan una respuesta eficaz".
Ítalo Ortega, fiscal preferente de La Araucanía, señaló que solicitaron que "nos remitieran los antecedentes relativos a los sacerdotes o a las investigaciones contra presbíteros que ellos tuvieran en su poder. Esto se pidió respecto de aquellos nombres que nosotros manejábamos previo a la entrada y registro de la Diócesis de Temuco y Villarrica".

El persecutor añadió que "la información incautada en esa diligencia está siendo analizada y si con posterioridad es necesario ampliar ese requerimiento, será de esa manera. La solicitud dice relación con los antecedentes que ellos tengan tanto de sacerdotes investigados, como de otras personas del clero investigadas y las víctimas que figuren en esos antecedentes".

Por su lado, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, dijo que de los 17 casos que se investigan en la región, tres están vigentes y que la solicitud al Vaticano es precisamente "para recabar más antecedentes sobre las otras 14 causas que aparecen terminadas". En tanto, que el fiscal metropolitano Sur, Raúl Guzmán, indicó que solicitaron "los antecedentes en relación a dos aristas de la investigación en particular y esperamos contar con la colaboración del Vaticano, tal como indicaron los enviados Bertomeu y Scicluna en su oportunidad".

Balance

El sacerdote Eugenio de La Fuente, quien fue víctima de abuso de poder y conciencia por parte del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, dijo que "es un hecho gravísimo y triste, pero que es muy bueno que se clarifique. Si hay hechos delictuales, como todo ser humano, se tiene que comparecer ante la justicia, y si hay hechos que atentan contra la persona con hechos concretos, es una obligación moral denunciar".

El informe del Ministerio Público no solo se centra en casos de abuso efectuados por autoridades religiosas, sino también de laicos. Juan Antonio Claret, vocero de los Laicos y Laicas de Osorno, señaló que "eso nos permite ampliar la mirada para comprender que el problema no es como los obispos nos han intentado aparentar, de homosexualidad o celibato, sino que tiene que ver con el ejercicio del poder donde hay personas que en una situación de privilegio se aprovechan de la vulnerabilidad de otro. Es ahí donde tenemos que replantearnos el ejercicio de poder dentro de la Iglesia".

La próxima semana se llevará a cabo la Asamblea Plenaria, donde el foco será cómo simplificar los canales de comunicación entre la fiscalía y la Iglesia.

































































































































































































































































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Rodrigo González Fernández
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