Imagen: Plantas desalinizadora | Wikimedia (Cc)
Chile, como cualquier otro país, también atraviesa por diversos conflictos de relevancia social y política. Entre estos, sobresale lo que viene ocurriendo en Calama, donde la relación entre la gran minería y el recurso hídrico se ha instalado como un asunto especialmente sensible – apunto de explotar, dirían algunos- entre autoridades locales, organizaciones civiles y empresas privadas. Asimismo, otro de los temas que se ha posicionado en la agenda nacional es la discusión en torno a la matriz energética que queremos para Chile y quiénes serán los realmente beneficiados con los proyectos energéticos que se buscan concretar.
Si tomamos estos dos ejemplos e intentamos analizarlos desde la sostenibilidad, entendiéndola como el equilibrio entre lo económico, social y ambiental, ¿Cuál sería el denominador común que ha provocado tanta frustración ciudadana?
Muchos, sólo a modo de ejemplo podríamos mencionar la incapacidad que tenemos como país de distribuir la riqueza hacia las regiones (fuente de la misma), nuestra insistencia para delegar la labor del Estado a la empresa privada (es cosa de ver los programas de RSE de algunas empresas) y la insuficiente planificación del uso de los recursos renovables y no renovables (¿tendrá límite la explotación minera en Chile?).
Plantas desaladoras
Frente a estos escenarios plagados de conflictos de intereses, llama la atención la escasez del recurso hídrico en el Norte Grande y el discurso que ha generado consenso entre varias autoridades locales, el cual apunta a que "las mineras tienen los recursos económicos para desalinizar agua de mar".
Sin duda la afirmación es esperanzadora para estos territorios, sobre todo considerando lo que publicó el diario La Tercera días atrás, señalando que el Ministerio de Minería estimó que la inversión en plantas desalinizadoras alcanzaría los 3.900 millones de dólares para este sector, el cual ya tiene 11 proyectos en carpeta y cuatro plantas en funcionamiento.
A modo de contextualizar mejor el tema, las plantas desaladoras comienzan a funcionar en Europa a partir de 1965 en Lanzarote, España, donde se construye la primera planta con tecnología de evaporación, la misma que ya se sustituyó por el método de osmosis inversa en 1971 en el mismo país. Según el sitio web Soliclima.com, actualmente más de 150 países en el mundo emplean la desalación de agua de mar para solventar sus necesidades. Entre los países que más utilizan esta tecnología destacan Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, España, Kuwait, Argelia, China, Qatar, Japón y Australia.
En relación a lo anterior, la alternativa de desalar agua de mar en Chile para uso industrial, que se posiciona como la salvación para descomprimir la competencia por el recurso hídrico y terminar con la dependencia del negocio de la minería hacia el agua dulce, ¿constituirá realmente una solución integral para aumentar los estándares de sostenibilidad en que se desenvuelven, tanto esta industria, como algunos territorios de nuestro país?
La respuesta no es simple, aquí sólo se sugieren algunas ideas para la discusión.
Las plantas desaladoras tienen impactos en los ecosistemas marinos y requieren de mucha energía para realizar su proceso de desalación. A su vez, la mayoría de la energía que se produce en el norte de Chile es generada en base a plantas termoeléctricas, las mismas que son acusadas de impactar negativamente muchas bahías en donde operan. Por lo mismo, no es extraño encontrarse con pequeñas caletas de pescadores que se han visto afectadas económica y culturalmente por la presencia de estas termoeléctricas.
En este contexto, ¿son las plantas desaladoras una solución sostenible?, ¿es nuestra legislación ambiental, desde la mirada de la sostenibilidad, lo suficientemente confiable como para resguardar los posibles efectos que pudieran acarrear la multiplicación de plantas desaladoras con fuentes energéticas
convencionales?
Ante estas incertidumbres, pareciese que la reflexión apunta a que nuevamente, como país, y en caso de no actualizar la labor reguladora y fiscalizadora de los órganos competentes en materia ambiental, estamos ad portas de hacer más extenso un mismo y antiguo problema, aquél que se relaciona con esa necesidad incansable que tenemos como sociedad de llevar las cosas hasta su punto máximo de saturación; en donde el Estado termina diciendo "no lo vi venir", las empresas, con reporte GRI en mano, asegurando que son sustentables y las regiones, igual que ayer y hoy, solicitando que no se les postergue más.
Juan Pablo Gándara
Juan Pablo Gándara es Sociólogo de la Universidad Diego Portales. Ha participado en investigaciones sobre temáticas de Responsabilidad Social Empresarial y evaluaciones a programas sociales; y ha trabajado como consultor y monitor en el ámbito de desarrollo organizacional con empresas privadas.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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