Defensoría rechazan grilletes a reos en diligencias judiciales
(Panactual.com) La Defensoría del Pueblo rechazó el uso de grilletes y cadenas que son colocados a los detenidos cuando son trasladados para cualquier diligencia judicial dentro de sus procesos, incluso para asistir a sus citas médicas.
De acuerdo con el defensor del pueblo Ricardo Vargas, el uso de grilletes, cadenas y atadas a pies y manos como medios de sanción no sólo está prohibido por normas vigentes nacionales e internacionales, sino que menoscaba la dignidad humana de las personas privadas de libertad.
Las declaraciones del Ombudsman se dieron en el marco de una queja recibida en la Defensoría del Pueblo sobre la práctica de "exhibir públicamente encadenados de pies y manos a detenidos hasta para ir al médico".
Vargas recordó a las autoridades penitenciarias que Panamá es signataria de importantes instrumentos de derechos humanos que protegen derechos fundamentales, como el derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes a la dignidad del ser humano.
Explicó que el Artículo 73 de la Ley 55 de 30 de junio de 2003, Ley Penitenciaria, sólo permite la utilización de grilletes en casos en los que exista comprobado riesgo de fuga o agresión entre internos, previa evaluación de las Juntas Técnicas de los centros penitenciarios.
A raíz de las quejas, el Defensor ordenó una investigación sobre esta denigrante situación dentro de un sistema penitenciario que se precie de ser humano.
Igualmente, la Defensoría del Pueblo investiga el traslado en bus de mujeres privadas de libertad atadas a tubos fijos ubicados en el interior del vehículo, "lo que pone en grave riesgo sus vidas en la eventualidad de un accidente o siniestro".
"Estas prácticas permanentes de parte de quienes realizan las funciones de seguridad en los centros penitenciarios, fundamentadas en amenazas de fugas, no sólo vulneran el derecho a la integridad personal sino que constituyen un acto humillante hacia quienes únicamente tienen limitado el derecho a la libertad".
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por las Naciones Unidas, normas aplicables a todos los países miembros, establecen que se prohíbe completamente el uso de instrumentos de restricción como sanción. |
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