El proyecto que se votará mañana en el Congreso define como lobby "la actividad remunerada que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés de carácter individual, sectorial o institucional con decisiones de toda naturaleza que en el ejercicio de sus funciones deban adoptar los órganos de la administración del Estado o el Congreso Nacional".
Con ello, se deja fuera de la normativa a quienes representen intereses particulares o de terceros sin cobrar por ello, como es el caso de los gremios empresariales, ONG ambientalistas o sindicatos. Por eso, el nivel de satisfacción, especialmente en la Cámara de Diputados, no es alto. Más bien prima el inconformismo, porque -se dice- queda un vacío legal enorme. Aún así, se reconoce que se avanza.
"En esta materia tendremos todos que vigilar el fiel cumplimiento de las nuevas obligaciones para quienes hacen lobby y (o) contratan lobbistas, porque por primera vez estaremos regulando una actividad que desde hace décadas funcionaba sin normas claras", dice el diputado Jorge Burgos (DC), presidente de la Comisión de Constitución, encargada de ver el tema.
El cuerpo legal que se espera se apruebe mañana también prohíbe que los lobbistas financien partidos políticos. Además fija como incompatible que jueces o funcionarios del Estado y del Congreso Nacional, autoridades de partidos políticos, sus descendientes o ascendientes directos, o cónyuges de éstos, hasta dos años después de que el respectivo funcionario haya abandonado su cargo, puedan desempeñar estas funciones remuneradas.
De aplicarse al pie de la letra, su implementación provocaría cambios importantes en el mercado del lobby nacional. Uno de los casos es el de Jorge Schaulsohn. Si bien Schaulsohn abandonó el Congreso hace varios años, es una de las principales figuras de Chile Primero, por lo que no podría realizar estas labores.
Hace unos días el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, identificó a Schaulsohn como lobbista ante el Servicio de Registro Civil en la ahora suspendida y cuestionada licitación de una nueva plataforma tecnológica. Schaulsohn niega -y ha negado varias veces- dedicarse a esta actividad, y asegura que lo suyo es la representación jurídica.
Sin embargo, Burgos cree que sí hace lobby, más allá de si está o no involucrado en el caso del Registro Civil. Para ejemplificarlo cuenta una historia: "Hace unos años, Jorge Schaulsohn me invitó a una reunión en mi condición de diputado integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara. Ahí me presentó a un grupo de personas que argumentaba por qué era útil para el país que se compraran ciertos sistemas de armas -en este caso, buques de guerra- a una determinada empresa ( ). Por cierto que su gestión en este caso no tenía nada de jurídica", dice.
Cuando se rechazó en la sala de la cámara las modificaciones que realizó el Senado, Burgos contó otra historia similar. "Hace un tiempo -dijo-, me llamó por teléfono la señora Cristina Bitar para decirme que la empresa en la que trabaja, legítimamente, por cierto -es muy conocida y reputada-, quería pedirme que recibiera al gerente general o al presidente de la Asociación de AFP. Le contesté que no tenía problemas, siempre y cuando lo hiciera en mi oficina y registrara en mi agenda aquella petición. Me reuní con el presidente de la Asociación de AFP y me planteó sus dudas respecto de un proyecto que ya votamos".
"Si me llama la gerente o directora de una empresa de lobby internacional y me dice que lo hace porque es cliente de ella determinada asociación gremial, ¿Qué se está haciendo sino lobby?", se preguntó Burgos esa vez.
Otro caso discutido es el de las hermanas Velasco, fundadoras de Extend Comunicaciones. Ellas caben en la categoría de "descendientes directas" de un ex funcionario, en este caso, el ex ministro del Interior Belisario Velasco. LN
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