argumentos de las partes y cronograma del proceso jurídico
La Haya: las claves que explicarían un fallo negativo para Chile
Dos de los tres diferendos que se verán en la Corte Internacional, serían favorables a Chile. No obstante, uno de ellos sería otorgado a Perú, lo que el gobierno de Humala presentaría como un "gran triunfo político".
Por Bárbara Gutiérrez P.
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El fallo que dará a conocer la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya -hacia mediados de 2013- sobre la demanda de delimitación marítima que presentó Perú contra Chile, resultará relevante como precedente en este tipo de litigios.
Y es que si bien se ha mencionado reiteradamente, que determinaciones anteriores como la disputa entre Nicaragua y Honduras (ver recuadro) podrían anticipar lo que ocurra en este proceso, son más bien otros los factores los que harían prever que Chile deberá enfrentar un escenario negativo en, al menos, uno de los tres diferendos planteados por Perú.
Una de las razones va más allá de los buenos argumentos de las partes. La CIJ, compuesta por jueces de distintas nacionalidades, está encargada de resolver por medio de sentencias las disputas entre estados, con veredictos vinculantes, finales y sin posibilidad de apelación. Sin embargo, su rasgo más relevante es que difícilmente dicho tribunal entrega la razón sólo a un Estado, por lo que sus fallos se han denominado como "salomónicos".
Quizás esa es una de las razones por las que las autoridades peruanas se han mostrado confiadas de lograr un resultado positivo, aún cuando la "ganancia" estaría en sólo un tercio de los diferendos presentados (ver infografía y entrevista relacionada).
El punto que se otorgaría a Perú se vincula al referido al triángulo exterior, tomando como base técnica que el derecho del mar se rige por el principio de "la tierra domina al mar". Hay quienes sostienen incluso que ese sería el mejor escenario para Chile porque esto es "altamar" y está regido por el principio de libertad de los mares, es decir, actualmente, todos los estados tienen derecho a navegación. "Para Chile eso no significa nada, en cambio para Perú, sería gravitante", afirman.
Estudiosos en la materia sostienen que la lectura que se dé de la resolución en cada uno de los países dependerá de la oportunidad en que cada gobierno empiece a anticipar el fallo y la forma en que se expliquen las implicancias de los escenarios. En el caso de Perú, pese a lo acotado del "triunfo" se prevé que el presidente Ollanta Humala apunte a capitalizar políticamente el hecho. En tanto, en Chile y dada la fecha en que se daría a conocer la sentencia -a sólo meses de la elecciones presidenciales- las consecuencias que podría tener, se mantienen en suspenso.
La demanda
El 16 de enero de 2008, Perú presentó ante la CIJ una demanda solicitando que se proceda a la delimitación marítima entre ambos Estados en el Océano Pacífico, que de acuerdo al texto peruano, "comienza en un punto en la costa denominado Concordia, conforme al Tratado del 3 de junio de 1929". Además, agrega, "la controversia también comprende el reconocimiento a favor del Perú de una vasta zona marítima que se sitúa dentro de las 22 millas marinas adyacentes a la costa peruana y que por tanto pertenece al Perú, pero que Chile considera como parte del 'altamar'".
A juicio de Perú, las zonas marítimas entre ambos países "nunca han sido delimitadas ni por acuerdo, ni de alguna otra forma", sin embargo, "Chile sostiene que ambos Estados han acordado una delimitación que comienza en la costa y continúa a lo largo de un paralelo de latitud".
Según consta en el resumen de la demanda peruana "desde los años 80, Perú ha intentado consistentemente negociar las diversas cuestiones incluidas en esta controversia, pero ha encontrado la constante negativa chilena a entrar en negociaciones".
Pero esta visión se contrapone con el documento "Los Temas Limítrofes de Chile y sus vecinos" elaborado por Claudia Hernández y Karin Ebensperger para Libertad y Desarrollo, que fecha esta intención recién en 1986 durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990) y que fue reflotado en el año 2000, además de una gestión de Alejandro Toledo en su mandato entre 2001 y 2006; y otro informe del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano en julio de 2004, donde invitaba al gobierno de Chile a iniciar negociaciones para acordar un tratado sobre el límite marítimo, "desconociendo los suscritos hacía más de 50 años", dice el texto.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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