Sebastián Piñera
Presidente de la República
La globalización ha significado un verdadero renacimiento de las identidades locales y de los pueblos originarios en muchos países del mundo, incluido Chile. Actualmente, más de un millón 300 mil compatriotas se identifican con las comunidades aimara, atacameña, quechua, diaguita, colla, rapa nui, mapuche, alacalufe o yagán, entre otras, cuyos ancestros habitaban estas tierras desde mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. Esto, lejos de significar un problema, representa un motivo de orgullo y una fuente inagotable de riqueza étnica y cultural, que los países sabios debemos saber reconocer, valorar y proteger en toda su dimensión y profundidad.
Pese a ello, transcurridos casi tres siglos de coloniaje español y dos desde el nacimiento de nuestra República, es justo reconocer que seguimos manteniendo una deuda histórica con nuestros pueblos originarios, cuyas oportunidades de progreso material y espiritual no han estado a la altura de sus necesidades ni de las capacidades de nuestro país. En efecto, se trata de un grupo muy significativo de habitantes que viven mayoritariamente en condiciones precarias, con índices de desempleo y pobreza por sobre la media nacional, y con niveles de salarios, escolaridad, alfabetismo y oportunidades inferiores a los del resto de la población.
Por estas razones, tan pronto asumimos el Gobierno de Chile, nos propusimos pasar de los diagnósticos a la acción y avanzar decididamente hacia un nuevo trato para nuestros pueblos originarios. Este nuevo trato está fundado sobre cuatro pilares, tal como la tierra, el agua, el aire y el fuego representan los cuatro cimientos sobre los que descansa el acervo cultural indígena.
El primer pilar es facilitar y promover el reencuentro con nuestros pueblos originarios, pasando de una cultura de la negación y la indiferencia a otra de pleno reconocimiento y compromiso. Para ello, estamos impulsando una reforma constitucional que asuma a Chile como lo que es: una nación multicultural, en que dentro de un mismo territorio y bajo la jurisdicción y soberanía de un mismo Estado, coexisten diversas identidades étnicas, todas ellas con el derecho a expresarse y participar de la vida en común y con el deber de reconocerse y respetarse mutuamente. Este reconocimiento constitucional, unido al Convenio 169 de la OIT, les permitirá participar y contribuir más activamente en la sociedad y organizarse conforme a sus propias visiones, costumbres y valores.
Lo segundo es dejar atrás la estrategia de asimilación y sustituirla por una de verdadera integración, que, en esencia, significa no sólo tolerar, sino valorar y promover la cultura, historia, cosmovisión, lenguas y formas de vida de nuestros pueblos originarios. Para ello, además de promulgar una ley que prohíbe y sanciona toda forma de discriminación arbitraria, pusimos en marcha programas de educación bilingüe en más de 300 establecimientos de alta concentración indígena; fundamos cinco liceos de excelencia en Purén, Villarrica, Loncoche, Temuco y Angol, a los cuales sumaremos un sexto en Ercilla; incorporamos su medicina tradicional a los programas de salud; dictamos un instructivo para que sus lonkos y autoridades reciban la debida consideración en todas las ceremonias oficiales, y hemos avanzado mucho en la definición de criterios de autoidentificación y reconocimiento de sus costumbres como fuentes de derecho.
El tercer pilar es promover un desarrollo mucho más dinámico, tanto en el plano económico como social. Esto nos ha exigido reemplazar la aproximación puramente asistencialista que tradicionalmente ha existido hacia ellos, por otra mucho más participativa, que los estimule a confiar y desarrollar más sus propias capacidades y talentos. A través de los planes Arauco y Araucanía, hemos incrementado en un 50% los fondos públicos regionales de inversión, con énfasis en vivienda, salud, educación e infraestructura deportiva, vial, sanitaria, productiva e interurbana; perfeccionamos y extendimos las políticas de entrega de tierra para evitar abusos y promover su desarrollo productivo; fortalecimos los programas de apoyo al emprendimiento; triplicamos el número de beneficiarios indígenas de Indap y llegamos con banda ancha e internet a prácticamente todas sus comunidades. Todo ello nos ha permitido, en sólo dos años, dar un fuerte impulso a las exportaciones y el crecimiento económico regional y reducir en forma significativa los índices de pobreza y desempleo, gracias a la creación de 16 mil nuevas empresas y más de 35 mil nuevos puestos de trabajo.
El cuarto y último pilar es asegurar la paz, la seguridad, el orden público y la plena vigencia del Estado de Derecho en las zonas indígenas, pues esto es, sin duda, la primera y mayor responsabilidad de un gobierno. No vamos a permitir que la violencia e intolerancia de unos pocos frustren ni posterguen el desarrollo que nuestros pueblos originarios y regiones del sur tanto han esperado, necesitan y merecen. Por lo mismo, seremos implacables con quienes cometan delitos contra la vida o la propiedad ajena, pero seguiremos adelante en nuestra política de diálogo respetuoso, abierto y fecundo con las más de 2.800 comunidades indígenas de todo el país, que están integradas mayoritariamente por hombres y mujeres de honor y esfuerzo, amantes de la paz y profundamente orgullosos de ser chilenos.
Nuestros pueblos originarios forman parte esencial de la historia de Chile. Llegó el tiempo de hacerlos también protagonistas de su destino. Si el pasado ha dividido a los hijos de esta tierra, sólo el futuro nos puede reunir. Por eso, termino estas palabras invitando a todos mis compatriotas, a los herederos de Caupolicán y Lautaro, de O'Higgins y Carrera, a dejar atrás siglos de desencuentros, abrazar unidos el futuro y construir juntos esa patria libre, próspera, respetuosa, justa y fraterna que siempre hemos soñado.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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