En comisión mixta de senadores y diputados:
Ley de acceso a información enfrenta su último trámite
CLAUDIO SALINAS
Cuestionan que la norma deje al Congreso y al Poder Judicial al margen de las exigencias de transparencia pasiva.
CLAUDIO SALINAS
Cuando el proyecto de ley que garantiza el acceso a información en poder de la administración del Estado está en su último trámite parlamentario, comienza a aflorar la renuencia de los poderes públicos a hacer efectiva dicha garantía.
La iniciativa legal, hasta ahora, establece que los órganos de gobierno tienen la obligación de responder los requerimientos de información que le formulen los ciudadanos, pero el Congreso y el Poder Judicial han sido exceptuados de esa exigencia.
El proyecto consagra un Consejo para la Transparencia, con facultades para forzar a las entidades estatales a entregar los antecedentes que se les soliciten (siempre que ello no afecte derechos de terceros o la seguridad del país). Sin embargo, el Banco Central quiere quedar al margen de esa tuición y la Contraloría mira con recelo al Consejo porque teme que interfiera en algunas de sus atribuciones de control y fiscalización.
Paralelamente, una docena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema entregaron un pronunciamiento en el que cuestionan algunas deficiencias que observan en el proyecto y piden a los legisladores que las corrijan.
La propuesta legal forma parte de la Agenda de Transparencia y Probidad que impulsa el gobierno de la Presidenta Bachelet y establece las obligaciones del Estado en materia de transparencia activa -entrega de información de propia iniciativa- y los procedimientos para que los ciudadanos puedan requerir los antecedentes (transparencia pasiva), acotando las causales de reserva que puedan invocar las autoridades para restringir ese acceso.
También crea un Consejo para la Transparencia, que velará por que la administración del Estado cumpla sus obligaciones de transparencia activa y pasiva. Esta institución podrá obligar a los funcionarios públicos a entregar información e incluso podrá establecer sanciones a quienes no lo hagan, que van desde una multa hasta la suspensión del cargo.
Después de dos años y medio de tramitación en el Congreso, la iniciativa legal se encuentra en estudio en una Comisión Mixta de senadores y diputados, después de que ambas cámaras aprobaran textos distintos. Afortunadamente existe un amplio rango de acuerdo político entre el oficialismo y la oposición sobre los contenidos de la normativa y sólo resta zanjar puntos específicos y darles la redacción definitiva.
Piden cambios
Doce ONG ligadas a la temática de acceso a información (Participa, ProAcceso, Ideas, entre otras) advirtieron que el proyecto de ley tiene "serias deficiencias" y piden a la Comisión Mixta que le haga cambios: entre otros, que todos los órganos del Estado se sometan a sus disposiciones, incluidos el Congreso y la Judicatura, y que las leyes de reserva no tengan preeminencia sobre el derecho de acceso.
El Contralor presentó sus reparos
En un informe presentado el 8 de agosto pasado ante la Comisión Mixta de senadores y diputados que estudia el proyecto, el contralor Ramiro Mendoza reparó sobre algunas disposiciones del texto que, según expuso, son inconciliables con la naturaleza de órgano autónomo de la Contraloría y que interfieren o se superponen con algunas de sus atribuciones.
Mendoza advierte a los legisladores que una de las funciones de la Contraloría es precisamente velar por el cumplimiento del principio de probidad administrativa y asegurar la transparencia de la información que generan los órganos públicos.
En ese contexto, cuestiona que el proyecto otorgue al Consejo de la Transparencia facultades de fiscalización y potestades sancionatorias sobre los funcionarios públicos, que considera dentro de la esfera de atribuciones de la Contraloría General. También objeta que se pueda reclamar ante el Consejo de las decisiones del contralor en materia de transparencia o que la nueva entidad pueda supervigilar la actividad de la Contraloría General.
Finalmente, Mendoza estimó extremadamente restringidos los alcances de la fiscalización que la Contraloría tendrá sobre el Consejo porque el proyecto la limita a sus cuentas de entrada y gastos, dejando con ello al margen del control preventivo aspectos como aplicación de medidas disciplinarias, compromisos financieros, licitaciones y contratos.
Ley de acceso a información enfrenta su último trámite
CLAUDIO SALINAS
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CLAUDIO SALINAS
Cuando el proyecto de ley que garantiza el acceso a información en poder de la administración del Estado está en su último trámite parlamentario, comienza a aflorar la renuencia de los poderes públicos a hacer efectiva dicha garantía.
La iniciativa legal, hasta ahora, establece que los órganos de gobierno tienen la obligación de responder los requerimientos de información que le formulen los ciudadanos, pero el Congreso y el Poder Judicial han sido exceptuados de esa exigencia.
El proyecto consagra un Consejo para la Transparencia, con facultades para forzar a las entidades estatales a entregar los antecedentes que se les soliciten (siempre que ello no afecte derechos de terceros o la seguridad del país). Sin embargo, el Banco Central quiere quedar al margen de esa tuición y la Contraloría mira con recelo al Consejo porque teme que interfiera en algunas de sus atribuciones de control y fiscalización.
Paralelamente, una docena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema entregaron un pronunciamiento en el que cuestionan algunas deficiencias que observan en el proyecto y piden a los legisladores que las corrijan.
La propuesta legal forma parte de la Agenda de Transparencia y Probidad que impulsa el gobierno de la Presidenta Bachelet y establece las obligaciones del Estado en materia de transparencia activa -entrega de información de propia iniciativa- y los procedimientos para que los ciudadanos puedan requerir los antecedentes (transparencia pasiva), acotando las causales de reserva que puedan invocar las autoridades para restringir ese acceso.
También crea un Consejo para la Transparencia, que velará por que la administración del Estado cumpla sus obligaciones de transparencia activa y pasiva. Esta institución podrá obligar a los funcionarios públicos a entregar información e incluso podrá establecer sanciones a quienes no lo hagan, que van desde una multa hasta la suspensión del cargo.
Después de dos años y medio de tramitación en el Congreso, la iniciativa legal se encuentra en estudio en una Comisión Mixta de senadores y diputados, después de que ambas cámaras aprobaran textos distintos. Afortunadamente existe un amplio rango de acuerdo político entre el oficialismo y la oposición sobre los contenidos de la normativa y sólo resta zanjar puntos específicos y darles la redacción definitiva.
Piden cambios
Doce ONG ligadas a la temática de acceso a información (Participa, ProAcceso, Ideas, entre otras) advirtieron que el proyecto de ley tiene "serias deficiencias" y piden a la Comisión Mixta que le haga cambios: entre otros, que todos los órganos del Estado se sometan a sus disposiciones, incluidos el Congreso y la Judicatura, y que las leyes de reserva no tengan preeminencia sobre el derecho de acceso.
El Contralor presentó sus reparos
En un informe presentado el 8 de agosto pasado ante la Comisión Mixta de senadores y diputados que estudia el proyecto, el contralor Ramiro Mendoza reparó sobre algunas disposiciones del texto que, según expuso, son inconciliables con la naturaleza de órgano autónomo de la Contraloría y que interfieren o se superponen con algunas de sus atribuciones.
Mendoza advierte a los legisladores que una de las funciones de la Contraloría es precisamente velar por el cumplimiento del principio de probidad administrativa y asegurar la transparencia de la información que generan los órganos públicos.
En ese contexto, cuestiona que el proyecto otorgue al Consejo de la Transparencia facultades de fiscalización y potestades sancionatorias sobre los funcionarios públicos, que considera dentro de la esfera de atribuciones de la Contraloría General. También objeta que se pueda reclamar ante el Consejo de las decisiones del contralor en materia de transparencia o que la nueva entidad pueda supervigilar la actividad de la Contraloría General.
Finalmente, Mendoza estimó extremadamente restringidos los alcances de la fiscalización que la Contraloría tendrá sobre el Consejo porque el proyecto la limita a sus cuentas de entrada y gastos, dejando con ello al margen del control preventivo aspectos como aplicación de medidas disciplinarias, compromisos financieros, licitaciones y contratos.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Renato Sánchez 3586 of. 10
Telefono: 2084334- 5839786
santiago-Chile
www.consultajuridicachile.blogspot.com
www.lobbyingchile.blogspot.com
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