Una inédita y valiosa alianza han acordado los presidentes de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, el contralor, el fiscal nacional y el presidente del Consejo de Defensa del Estado para contribuir al control de la corrupción en Chile, en especial mediante el intercambio de información para prevenir las faltas a la probidad de los funcionarios públicos. La corrupción daña la vida económica y social, y hay abundante evidencia empírica respecto de cómo ella afecta la inversión y, por esa vía, el crecimiento de los países. Además, crea desconfianzas que elevan los costos de transacción de los intercambios personales, sociales y políticos propios de la vida en común. Finalmente, las instituciones se desprestigian y afectan la calidad de nuestra democracia.
Por el desarrollo de sus instituciones, su apertura comercial y la adopción de reglas no discrecionales para la ejecución de la función pública, Chile ha logrado situarse entre los países con menor nivel de corrupción en el mundo. Además, cuando se han dado casos graves, ha logrado acordar reformas para perfeccionar su regulación y corregir vacíos que facilitaban hechos de este tipo. Todo esto ha sido muy positivo, y nuestro país se ha ganado con justicia una reputación de poco corrupto frente a los organismos internacionales e inversionistas extranjeros.
Sin embargo, sus indicadores, basados principalmente en información subjetiva, están aún lejos de los observados en los países con menor corrupción. A esto se suma el que las instituciones del Estado y sus funcionarios están constantemente sometidos a nuevas presiones que invitan a ella. El narcotráfico, por ejemplo, ha corrompido en los últimos años a las instituciones de muchos países, y también en el nuestro hay señales de que ese fenómeno se ha profundizado, con riesgos evidentes. Pero existen asimismo otros ámbitos que incentivan la corrupción. En la experiencia comparada se ha observado que una red social más extensa da lugar a múltiples pequeñas o medianas corruptelas, que también lesionan la solidez institucional. En diversas encuestas a distintos grupos demográficos, entre cinco y 10 por ciento de los chilenos mencionan que han debido hacer alguna forma de favor para acceder a un servicio público. Estas proporciones no parecen muy importantes, pero llevadas a números absolutos son significativas. Velar por que tengan debida sanción no sólo los grandes actos de corrupción, sino también los pequeños, contribuye a crear una cultura de respeto a las instituciones y las reglas que, a la postre, es muy constructiva.
Las instituciones que se han comprometido en esta tarea de contener a la corrupción con los medios institucionales a su alcance podrían hacer un gran aporte. Por ejemplo, han pensado en crear instrumentos para medir el fenómeno. Con su experiencia y conocimiento de esta materia, seguramente podrían realizar una buena tarea. Bien diseñado, un instrumento semejante podría ser una inmensa ayuda, pues la información cuantitativa es crucial para el control. También podrían diseñar prácticas que minimicen la corrupción, y evaluar sus resultados, para que otras instituciones del Estado puedan incorporar aquellas que se muestren como más eficaces. Y, por la función que les compete, muchas de estas instituciones son propicias para detectar formas incipientes de corrupción. Cuando éstas surjan, sería muy positivo que divulgaran oportunamente esa información, para que las demás agencias públicas y privadas y los actores políticos, económicos y sociales estén atentos y tomen los resguardos naturales. Es éste un esfuerzo muy valioso, que cabe esperar se traduzca en acciones concretas.
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Fuente:el mercurio
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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