la tercera / A PESAR DE esperanzadores signos en el ámbito escolar -como que Chile es el segundo país que más progreso ha tenido en resultados de la prueba Pisa-, persisten enormes diferencias de aprendizaje en relación al ingreso de los padres, lo que muestra un sistema inequitativo en la entrega de oportunidades y que se refleja en segregación.
La segregación por cobro y pago está presente en la educación particular, que educa al 8% de los estudiantes. En la educación pública, que atiende al resto, la segregación ha sido vinculada al financiamiento compartido (FC), pero la verdad es que es una obligación para acceder al estatus de FC que las escuelas bequen al 15% de sus alumnos, lo que hace que la integración entre niños de familias con distintos ingresos sea relativamente mayor donde hay FC, porque la selección por ingresos está siendo abordada con distintas políticas, incluyendo la subvención preferencial. La discusión sobre la selección se ha focalizado en otros aspectos, particularmente en selección por religión, disciplina y nivel académico, lo que no necesariamente está vinculado al ingreso.
A pesar de lo álgido de la discusión, es esperable que la magnitud de la selección sea pequeña. La reducción de la natalidad y el surgimiento de una gran cantidad de escuelas subvencionadas hacen que la regla sea la falta de alumnos, y el exceso -asociado a la selección-, la excepción. Es que seleccionar no es sinónimo de pedir certificados, entrevistar a los padres u observar cómo los niños juegan. Esos suelen ser métodos para diagnosticar, para mejor enseñar o para indicarles a los padres que se trata de una escuela preocupada y que ellos la escojan. Por cierto, también esos pueden ser mecanismos de discriminación, que se refieren a diferenciar por nacionalidad, color de piel, preferencia política o simplemente arbitrariedad.
Pese a que la mayoría de las escuelas no enfrenta exceso de demanda, ¿para qué requieren antecedentes con los cuales excluyen alumnos? Una posibilidad es favorecer la educación. En algunos casos, el aprendizaje de las materias puede ser transmitido con mayor efectividad cuando los grupos tienen cierta homogeneidad en conocimiento, en la capacidad de concentración y en disciplina. El manejo de cursos con alumnos de distinto perfil es más complejo, y la especialización de profesores puede hacer de la separación algo positivo, por lo que mezclar alumnos puede afectar adversamente a adelantados y a rezagados.
Sin embargo, es a partir de un concepto más amplio de educación donde radica la discusión relevante. El Estado tiene un rol en garantizar que todos los niños accedan a unidades educativas en las que obtengan herramientas fundamentales para su desarrollo. Pero la verdadera educación trasciende al conjunto de herramientas mínimas contenidas en el currículum desarrollado por el Estado y la diversidad es incontenible por el Estado. Así, el principal rol de educador está en los padres, y ellos difieren en lo que es la mejor educación para sus hijos. Podemos decir que cualquier contenido especial o perfil educativo estará bien si no atenta en contra del mínimo conocimiento disciplinar, de la educación cívica y de los valores esenciales contenidos en el currículum. Si algunos padres se identifican con un proyecto religioso, bien; si otros quieren educación adicional en matemáticas, música o desean una integración social que excede la que hallan en sus medios, bien también.
Conciliar libertad educativa, currículo mínimo y prohibir la discriminación, que daña el alma de cualquier nación, es posible. El dilema de política pública consiste en reconocer la libertad de los padres para optar por su proyecto educativo, y a la vez velar que esa libertad, que puede lograrse con ciertos perfiles de padres, no se contraponga con otro principio fundamental, de servir para una discriminación arbitraria, que sí atenta en contra de principios de convivencia. En términos prácticos, consiste en evitar que una entrevista a los padres -que puede detectar las afinidades y el compromiso al proyecto de la escuela- no se transforme en una fuente de discriminación, puntualmente identificable cuando afecta a minorías relativamente indefensas.
Para ello, debe aceptarse como concepto la selección. Si, por ejemplo, la escuela define como su proyecto potenciar talentos matemáticos, una explicitación de ese objetivo a través de un reglamento que señala que los jóvenes que ingresen a esa escuela deben asistir a talleres o a horas extras de matemática, libera informadamente a los apoderados a optar o no por esa escuela. Una vez inscritos, se someten al proyecto. Lo mismo para el caso de una escuela religiosa, donde el reglamento establecerá el respeto a la religión, a sus valores y la asistencia a clases de esa religión. Por último, la escuela que quiera un sello de excelencia académica puede establecer un sistema de enseñanza en la que progresivamente se adquieren más conocimientos y que el nivel mínimo de conocimiento al cabo de cada año es algo superior al establecido por el ministerio.
En la práctica, la diferencia fundamental la debiera hacer si el instrumento se constituye o no en un test de admisión. En general, los tests al momento de la admisión no deben ser de admisión, lo que se incluye para las escuelas con proyectos religiosos y de aprendizaje de determinadas disciplinas.
Posiblemente, por la experiencia histórica y la imposibilidad de cambiar la educación pública en un período breve, la única excepción que cabe hacer es considerar, por motivos de aprendizaje y de movilidad social, que tests de conocimientos y aprendizajes puedan ser utilizados como mecanismos de selección en liceos que tengan como proyecto y perfil la excelencia académica; entendiendo que un liceo que selecciona académicamente limita la capacidad de evaluar cuán bueno es.
La mera existencia de dichos liceos promueve un esfuerzo enorme de trabajo y estudio por parte de familias, que por el momento pocas oportunidades tienen de acceder a escuelas públicas con profesores de altísimo nivel.
Con Información de la tercera
Saludos
Rodrigo González Fernández
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