Denuncia por falsos exonerados políticos: Gobierno anticipa "acuciosa investigación"
- UBILLA: "Ésta es una industria de asignación de pensiones vitalicias"
"Solicité a la comisión que adoptáramos acuerdo de recurrir al Consejo de Defensa del Estado para que se investigara...", dijo el diputado UDI Gustavo Hasbún, en un pasillo de la Cámara, antes de que su par Fidel Espinoza (PS) lo interrumpiera.
"¡No, no fue así!", le espetó el parlamentario opositor. "¡Pero sí fue así", le retrucó Hasbún, antes de que su colega le gritara: "¡Eres una persona falsa!".
El incidente, ocurrido a las 16.30 horas de ayer, reflejó el impacto que generó en el Congreso una investigación del programa "Contacto", de Canal 13, respecto de personas que habrían obtenido pensiones del Estado sin ser efectivamente exonerados políticos.
Según el reportaje, parlamentarios opositores suscribieron documentos que supuestamente facilitaron la entrega de esos beneficios. Entre ellos se mencionó al diputado Sergio Ojeda (DC), presidente de la Comisión de DD.HH. de la Cámara, y a los senadores Alejandro Navarro (MAS), Isabel Allende (PS) y Juan Pablo Letelier (PS).
La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, anticipó que el Gobierno promoverá una "acuciosa investigación" y anunció que "vamos a revisar las pensiones de los exonerados".
En paralelo, diputados de la Alianza, encabezados por Karla Rubilar (RN), iniciaron una ofensiva judicial y política para que se indaguen las supuestas anomalías.
Flanqueada por colegas de su partido y de la UDI, la parlamentaria anticipó que pedirán a los tribunales y al Ministerio Público la designación extraordinaria de un ministro en visita y de un fiscal especial, con el fin de perseguir las posibles responsabilidades penales involucradas.
Advirtió que se solicitará, además, la intervención del Consejo de Defensa del Estado, en razón del supuesto perjuicio fiscal ocasionado por la concesión de las pensiones.
En la esfera política, los diputados de la Alianza demandan la renuncia de Sergio Ojeda (DC) a la presidencia de la comisión de DD.HH. de la Cámara, a través del mecanismo de la censura, "porque está imposibilitado moralmente", a juicio de Rubilar.
La parlamentaria sostuvo que su colega Ojeda "desestimó" en 2008 denuncias relacionadas con este mismo tema y adelantó que se pedirá a la Comisión de Ética de la Corporación indagar la eventual participación del DC, y de otros parlamentarios, en las irregularidades denunciadas.
Rubilar encabezó en su momento esa misma comisión de la Cámara, pero dejó el cargo, luego de enfrentar una censura impulsada por diputados de la Concertación. Aquella vez se cuestionó a la parlamentaria por hacer denuncias sobre falsos detenidos desaparecidos que resultaron ser erróneas.
El diputado Ojeda -afectado- rechazó las acusaciones en su contra, pero admitió la posibilidad de que su firma haya podido contribuir a que algún falso exonerado obtuviese una pensión: "Puede que haya casos. No voy a negarlo. Pero, por favor, por una, dos o tres excepciones, no nos juzguen, no nos condenen".
El senador Navarro, en tanto, planteó que si hubo "abusos", los recursos entregados erróneamente deben ser "devueltos" al Estado. "Todo el proceso se ha hecho de buena fe", acotó.
Imputado reconoció que le pagaba a funcionario del Interior
Las primeras pistas acerca de los falsos exonerados políticos surgieron en medio de la investigación del supuesto abogado Julio Allendes Allendes, formalizado por 17 casos de estafa. Éste ofrecía a las víctimas la tramitación rápida de beneficios para exonerados políticos por el golpe de Estado de 1973, que no realizaba, y se quedaba con el dinero que le pagaban.
Allendes le confesó a la fiscal Ximena Chong que había otros casos en que sí había adulterado información para supuestos exonerados políticos y que habían calificado gracias a relatos falsos. Pero además, le aseguró que le pagaba por ayuda a un funcionario del Ministerio del Interior en 2004, hoy jubilado.
Estos antecedentes fueron enviados por la fiscal al 34° Juzgado del Crimen de Santiago, ya que es competencia de la justicia antigua. Se trata de al menos ocho exonerados políticos falsos que recibieron el beneficio y que fueron "clientes" de Allendes, el que cobraba por este servicio desde $50 mil a $200 mil.
A esto se suma la denuncia del Ministerio del Interior a la fiscal Chong respecto de otros cuatro casos por falsificación de instrumento privado y uso malicioso de instrumento público. Se trata de supuestos trabajadores de una empresa forestal intervenida de la zona de Valdivia, antecedentes recopilados por el programa de Reconocimiento al Exonerado Político.
Ubilla: "Ésta es una industria de asignación de pensiones vitalicias"
Desde agosto del año pasado que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, venía advirtiendo este asunto, luego que se detectaran cuestionamientos a la autenticidad de la entrega de algunos certificados que otorgaba el beneficio a exonerados políticos mediante la Ley Valech. Los dedos apuntaron a Julio Allendes Allendes. En su oficina se encontró un listado de 1.500 personas que supuestamente habrían sido calificadas por el programa.
En ese minuto, la subsecretaría inició una investigación interna que detectó una serie de irregularidades que el subsecretario puso a disposición de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados, sin resultados. Los mismos antecedentes los entregó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y se querelló contra Allendes.
"Hoy tenemos un grupo de parlamentarios en ejercicio, otro grupo de funcionarios de gobierno que ya no lo son, que entregaron certificados y que ellos sabían que eran utilizados para acreditar una condición de exonerados. La verdad es que ésta era una verdadera industria de asignación de pensiones vitalicias. Eso era", dijo Ubilla.
El subsecretario agregó que la investigación interna continúa. En un inicio se encontró con más de 100 expedientes en papel y una base de datos no actualizada. De hecho, para el 2012 dicha repartición pidió un aumento en el presupuesto para continuar con este proceso.
La próxima semana se votará la censura contra el diputado Sergio Ojeda (DC)
Revisar aspectos del trabajo de la llamada Comisión Valech II era el propósito inicial de una sesión programada para las 15.30 horas de ayer en el segundo piso del Congreso.
El encuentro, convocado por la comisión de DD.HH. de la Cámara, terminó, sin embargo, centrándose en la denuncia sobre los falsos exonerados políticos.
Los diputados aliancistas presentes encararon al presidente de la instancia, el DC Sergio Ojeda, por firmar documentos que supuestamente facilitaron el otorgamiento de las pensiones irregulares.
Diputados opositores contaron que la discusión subió de tono cuando los oficialistas le pidieron la renuncia a la presidencia de la comisión, lo cual fue desestimado por Ojeda.
Sus pares de la Alianza, en cambio, aseguraron que la molestia de sus colegas concertacionistas se desató en el momento en que se solicitó enviar los antecedentes del caso al Consejo de Defensa del Estado.
Más allá de las dos versiones, lo concreto es que los diputados de gobierno pidieron que en la próxima sesión de la comisión, programada para la semana siguiente, se vote la censura de Ojeda.
Si ésta se aprueba, el DC tendrá que dejar la presidencia de la instancia, como le ocurrió en su momento a Karla Rubilar (ver central). La remoción, sin embargo, aparece como poco probable, pues la oposición tiene mayoría en la comisión por un voto.
Luego de discutir durante una hora, los parlamentarios oficialistas abandonaron la sala y se produjo un altercado verbal entre los diputados Hasbún (UDI) y Espinoza (PS).
Hoy, los diputados de la Alianza pedirán que la comisión de Trabajo de la Cámara se constituya como investigadora para indagar el caso y solicitarán en Santiago el nombramiento de un ministro en visita.
Fuente:
Saludos
Rodrigo González Fernández
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