El desmantelamiento del Estado del Bienestar
- 22.06.2010 0
Después de las declaraciones de David Cameron reconociendo que el déficit público del Reino Unido durante el último ejercicio fue mayor de lo anunciado por el Gobierno de Gordon Brown, todos los focos están pendientes de la comparecencia del ministro de finanzas británico George Osborne, que ayer presentó el plan de emergencia de recorte del gasto público.
El principal problema político al que se enfrenta es que un déficit presupuestario en el entorno del 14%, va a obligar al Gobierno de coalición tanto a recortar el gasto público como a incrementar los impuestos, tal y como demuestra un estudio reciente de la OCDE, si busca la credibilidad de los mercados, lo que choca frontalmente con un electorado conservador que ve en la bajada de impuestos la solución a la crisis.
Lo cierto es que la presión fiscal, si tomamos como referencia el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta, llegó a ser, durante la última fase de expansión económica mundial que colapsa a finales de 2008, el mínimo de todos cuantos se han sucedido en las economías desarrolladas al menos desde la Segunda Guerra Mundial.
Esto se debe, en parte, a una renuncia del principio de equidad a través de los ingresos, a favor de la eficiencia, mientras que se articulaba la redistribución de la renta, y con ello la justicia social, a través del gasto. La larga fase de expansión permitió reducir la presión fiscal manteniendo los ingresos en un nivel suficiente como para mantener la política social.
El problema surge ahora al querer mantener los tipos impositivos mínimos alcanzados durante esta fase de expansión y renunciar a la componente redistribuidora del gasto social. Así, la semana pasada y con motivo de la comparecencia del ministro británico de ayer, el semanario británico The Economist sugería, por ejemplo, eliminar las subvenciones a la calefacción o a los billetes de autobús para mayores de 60 años, o la subvención de las licencias de televisión (en el Reino Unido prácticamente todas son de pago) a los mayores de 75 años, por no hablar de las subvenciones a los minusválidos o las ayudas a la educación infantil para las rentas más bajas.
La mayor tragedia de todas estas medidas es que se enuncian en nombre de la ciencia y el rigor económico, mientras que mantienen como ciencia falsedades tales como la equivalencia ricardiana, desmontada empíricamente en múltiples ocasiones y que implica no considerar el multiplicador del gasto, o la igualdad entre ahorro e inversión que tampoco deja cabida al gasto público y que también es fácil de demostrar su falsedad. El caso es que se está produciendo un desmantelamiento del Estado del Bienestar, que va a afectar a las capas más débiles de la sociedad, con la mentira (otra más) de la improductividad del gasto social.
Sistema sanitario
Sin un sistema sanitario adecuado y de fácil acceso, la pérdida del capital humano sería mayor. No hay mayor inversión para una sociedad que el gasto en educación que permite la flexibilidad laboral que no ha conseguido la última reforma laboral anunciada en nuestro país, centrada en la disminución del coste del despido. La asistencia social o la educación infantil permiten una mayor incorporación al mercado de trabajo de la mujer, que se puede ver expulsada en las fases iniciales de su vida laboral provocando un gap de productividad a veces insalvable.
Las sucesivas reformas fiscales que se han llevado a cabo tanto en España como en el resto de países de nuestro entorno, que han llevado a sus correspondientes rebajas de tipos impositivos, eran posibles gracias a la prolongación del ciclo económico como resultado de un proceso de globalización que introdujo un factor deflacionista a través de las importaciones y permitió mantener tipos de interés anormalmente bajos durante mucho tiempo, con el resultado de la crisis de deuda (privada) del modelo anglosajón que hemos copiado en España.
La situación actual es muy diferente, y aunque es evidente que hace falta una contención del gasto no caigamos en el error de desmantelar el Estado del Bienestar europeo sin antes mirar la parte de los ingresos para la reducción del déficit presupuestario. Hay impuestos, como el IVA, que en una situación deflacionista como la actual difícilmente tendrá repercusión en precios, absorbiéndolo en su práctica totalidad la parte del margen, lo que supone una redistribución de la renta y un sostenimiento de la demanda efectiva. Hay países europeos que tienen este impuesto por encima del 20%, sin duda una solución al menos más justa."
Saludos,
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