Cerca de las 18:30 horas de ayer, el cónsul general de Bolivia en Chile, Ramiro de la Fuente, salió con gesto serio desde el Edificio Carrera, la sede de la Cancillería.
El ex comandante en jefe del Ejército boliviano -asumido en Santiago hace unos días- llevaba en sus manos una nota de protesta entregada por el director general para países limítrofes de la Cancillería, Pedro Sukel. En ésta, el Gobierno le representó su molestia a La Paz por el incidente de ayer en el salar de Coipasa, a dos kilómetros de la frontera chileno-boliviana y a pocos kilómetros al sur del pueblo chileno fronterizo de Colchane, en la Región de Tarapacá.
A las 2 de la madrugada del viernes, una patrulla de Carabineros detuvo a catorce militares bolivianos dentro de territorio chileno y a bordo de dos autos con patente nacional, supuestamente robados. Además, les fueron decomisados tres pistolas Norinco de 9 mm y dos fusiles de guerra Galil 5.56 mm.
Si bien la versión de los uniformados altiplánicos es que habían arrebatado esos autos a contrabandistas dentro de Bolivia y pensaban devolverlos a Colchane, varios testigos llegaron hasta las comisarías de ese pueblo y de Camiña a denunciar que habían sido asaltados por los militares bolivianos y despojados de sus vehículos. Y esto, en medio del "perdonazo" del gobierno boliviano para regularizar la situación de autos chilenos ingresados de contrabando, muchos de ellos robados.
Consultado al respecto, el cónsul sólo dijo: "Estamos en proceso de evaluación y constatando información, por el momento no hay nada que mencionar".
La nota contenía dos puntos: la descripción pormenorizada de los hechos y la preocupación del gobierno chileno por el episodio.
"Hecho aislado"
El primer personero del Ejecutivo en enterarse fue el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, a quien se le avisó de madrugada. Acto seguido telefoneó a su jefe, el ministro Rodrigo Hinzpeter, luego al ministro de Defensa, Andrés Allamand, y al canciller Alfredo Moreno.
Los tres se reunieron a las 9:00 horas en el despacho de Hinzpeter para analizar el informe judicial y jurídico. Y llegaron a dos conclusiones.
Primero, abrir de inmediato un canal diplomático con Bolivia, por lo cual Moreno se comunicó con su par David Choquehuanca, para informarle. El ministro paceño aseguró que habría sanciones para los involucrados y pidió comprensión por lo sucedido, esperando no perder la buena comunicación mutua.
Ayer en la tarde, el canciller Moreno dijo: "Chile rechaza enérgicamente el hecho de que militares bolivianos, portando armamento, hayan cruzado la frontera de forma ilegal. Esperamos que Bolivia tome todas las medidas para sancionar estos hechos y que no vuelvan a ocurrir".
Ya por la noche, el Ministerio de Defensa del vecino país emitió un comunicado en el que calificó el hecho como "aislado" y anunció que, a través de su Cancillería, dará "la información que se requiera" a Santiago. Asimismo, advirtió que buscará "garantizar la restitución inmediata de los efectivos y la devolución del equipamiento y material que portaban en cumplimiento de sus funciones".
Pero el retorno de los uniformados tendrá que esperar. Pues si bien la Cancillería -en la segunda conclusión de La Moneda- evaluó la expulsión de los soldados, el Ministerio Público estimó que existían antecedentes de delito, por lo que decidió formalizarlos mañana.
Según fuentes de Gobierno, el hecho fue un "grave incidente". El análisis estimó un riesgo potencial para los seis carabineros que detuvieron a los bolivianos, ya que éstos portaban fusiles de guerra. Si los bolivianos hubiesen abierto fuego, el resultado podría haber sido otro: la muerte de algún carabinero por militares extranjeros en suelo chileno. Y esto habría cambiado radicalmente el actual escenario, escalando de lo diplomático y delictivo. En ese sentido, se evaluó un "manejo prudente" de Carabineros, lo que impidió que el conflicto trepase a peldaños más delicados.
Equipos de Política y Regiones/Foto: Arturo Morales
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Saludos
Rodrigo González Fernández
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