José Francisco García
Coordinador de Políticas Públicas Libertad y Desarrollo
La regulación del lobby se ha transformado en uno de los requisitos sine qua non exigidos por el consejo de rectores de las universidades que integran el CRUCh, para aceptar la propuesta del Gobierno de reforma a la educación superior. Nada menos. El Gobierno ha accedido a presentar un proyecto en la materia ante el Congreso en breve plazo -evaluando reactivar el existente en el Congreso o presentando una indicación sustitutiva-. Bajo este inesperado contexto, estamos entonces, ante una oportunidad única para debatir un tema complejo, debate que ha sido históricamente muy pobre en nuestro país.
La regulación legal del lobby -el intentar influir en el proceso de toma de decisiones regulatorias por parte de diversas autoridades públicas- nos ha acompañado desde 2003 en Chile, sobre la base de la discusión de una versión criolla, copy-paste , de la Lobbying Disclosure Act americana de 1995, que establece toda suerte de registros públicos ante diversas autoridades públicas; sendas definiciones sobre lobby , lobbista y otras relacionadas; obligaciones de información; régimen de sanciones; en fin, el clásico y anticuado modelo de regulaciones de comando y control.
Lamentablemente, las preguntas relevantes en la materia -qué, cómo y para qué regular el lobby - han quedado sin respuesta. Ello se manifiesta en diversos aspectos y déficits de nuestra discusión.
En primer lugar, existen argumentos constitucionales que considerar, y que se vinculan a cómo el modelo propuesto afecta seriamente la libertad de expresión y el derecho de petición de los chilenos. En segundo lugar, no se han examinado, seriamente, otros modelos regulatorios en el mundo, por ejemplo, el europeo. En efecto, éste ha rechazado la regulación legal del lobby , fomentando en cambio, fuertes normas de transparencia y de auto-regulación de la industria. Los ingleses, particularmente críticos del modelo americano, se han opuesto a éste debido a "la generación de una barrera, real o imaginaria" de acceso a las autoridades públicas; los beneficios comerciales que buscan las empresas que ya están posicionadas en el mercado -obtención de información financiada con recursos públicos-; la falta de proporcionalidad entre los beneficios de la regulación en términos de información y transparencia efectiva que se alcanzaría versus los costos administrativos de poner en marcha la legislación y hacerla exigible; etcétera.
En tercer lugar, no existe un diagnóstico regulatorio claro. Si la justificación principal consiste en limitar la "captura del regulador" por parte de los grupos de interés (suele pensarse en los empresariales) -especialmente a la administración, dado que "capturar" al Congreso es bastante más difícil y complejo-, el debate sobre el lobby debiese estar más bien enfocado a potenciar la transparencia y la participación de la comunidad en los procedimientos administrativos respectivos. Ello implica perfeccionar la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos y otras normas sectoriales. Adicionalmente, se debiese exigir a gran escala, análisis de impacto regulatorio sofisticados que den cuenta y permitan escrutar las decisiones regulatorias adoptadas por las diversas autoridades: cuáles fueron las alternativas evaluadas; resultados del análisis costo-beneficio de las mismas; cuál fue la seleccionada, cuáles las descartadas y sus justificaciones; etcétera; que no es otra cosa que establecer limitaciones o justificaciones a la discrecionalidad administrativa.
Bajo este contexto, parece mucho más sensato repensar el instrumental regulatorio a utilizar para hacernos cargos del lobby ; antes que levantar una institucionalidad extraordinariamente burocrática, costosa y poco eficaz que tenga por objeto consagrar, al final del día, un verdadero monopolio legal en el acceso y proceso de toma de decisiones públicas a favor de los lobbistas.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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