Una delegación de la Corte Penal Internacional (CPI) concluye hoy una visita oficial a Colombia de cinco días de duración para evaluar la situación de justicia y derechos humanos en este país andino.
La misión, conformada por el jefe de Análisis de Situación, Emeric Rogier; por el asesor superior de Apelaciones, Fabricio Guariglia; y los analistas adjuntos Eugenia Valenzuela y Daniel Ulmer, expondrá esta tarde en Bogotá sus conclusiones en una rueda de prensa.
En su visita, la delegación ha mantenido encuentros con representantes de los ministerios de Justicia, Interior y Defensa, con la canciller, María Ángela Holguín; con el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; con la Unidad de Restitución de Tierras, con la Fiscalía y con congresistas y miembros de la sociedad civil.
La CPI inició su llamado Examen Preliminar en Colombia en 2004, cuando ubicó a este país en el grupo de observación: países en los que han ocurrido graves crímenes, pero en los que se considera que la justicia interna funciona.
En esta visita los delegados del tribunal recogieron información sobre el marco jurídico desplegado en 2005 para la desmovilización de estructuras paramilitares, "Justicia y Paz", sobre vínculos de políticos con esos grupos, ejecuciones extrajudiciales y sobre la situación del país de cara al proceso de paz con las FARC.
El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciaron unos diálogos para ponerle fin al conflicto y garantizar una paz duradera el 19 de noviembre en La Habana.
Las partes tienen previsto abrir un nuevo ciclo el próximo martes en la capital cubana para terminar de tratar el problema de la tierra y comenzar a estudiar el modelo de participación política de los alzados en armas.
El Alto Comisionado para la Paz explicó a la delegación los alcances del Marco Jurídico para la Paz, un mecanismo de justicia transicional aprobado el año pasado para regular la desarticulación de grupos armados en un eventual acuerdo de paz, según dijo tras el encuentro que sostuvieron el pasado martes.
También reveló que la CPI ratificó su respaldo al proceso y que recordó las obligaciones que contempla el Estatuto de Roma sobre la investigación y enjuiciamiento de crímenes internacionales.
A finales del pasado año, la CPI pidió a la Justicia de Colombia que reformase su metodología de investigación y diese prioridad a los casos que más lo requirieran para no tener que intervenir.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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