Gobierno dilata una definición sobre la reforma laboral y explora opción constitucional
Convocará "equipo técnico jurídico" que evalúe cambio para reponer titularidad sindical. Idea requiere respaldo de la oposición, que ya anunció rechazo. Sector privado también la criticó.
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No hubo acuerdo y la reforma laboral entró al congelador. Así interpretan varios personeros al interior del Ejecutivo la decisión del gobierno de suspender el veto presidencial ingresado hace un mes -y la tramitación de una futura ley corta- y explorar en cambio una reforma constitucional para reponer la titularidad sindical, aspecto clave del proyecto que fue impugnado por el Tribunal Constitucional (TC).
"El paso que hemos acordado es constituir un equipo técnico jurídico con las distintas bancadas parlamentarias para explorar el contenido y la viabilidad de esa reforma constitucional", señaló ayer el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, tras el comité político en La Moneda. "Esperamos, y esa es la instrucción que nos dio la Presidenta esta mañana, hacerlo en el plazo más breve posible, agotar los esfuerzos en un tiempo razonable porque nos interesa concluir la discusión de la refoma laboral a la brevedad", aseguró Díaz.
La decisión del gobierno de suspender el veto, posterga por ahora indefinidamente la promulgación de la reforma laboral. Considerando que la iniciativa contempla un período de vacancia de seis meses, lo anterior hace en la práctica inviable que entre en vigencia este año. Adicionalmente, hace innecesaria la tramitación de una ley corta para adaptar la normativa a lo dictaminado por el TC. De esta manera, continúa vigente el actual Código del Trabajo.
En las últimas semanas, luego de conocerse el fallo del TC (9 de mayo) que rechazó la titularidad sindical y estableció su coexistencia con grupos negociadores, los equipos técnicos de Hacienda, Trabajo, y la Segpres se abocaron a la búsqueda de fórmulas para viabilizar técnica y políticamente la reforma laboral al interior de la Nueva Mayoría.
Sin embargo, quienes conocen esas conversaciones, afirman que no fue posible alcanzar un acuerdo al interior del oficialismo sobre si tramitar o no el veto y respecto de los contenidos de la ley corta. Mientras desde Hacienda y algunos sectores DC plantearon la necesidad de admitir la coexistencia de sindicatos y grupos, y reponer los pactos de adaptabilidad, otros sectores más cercanos al PS y PPD consideraron que ello no representaba avances sustantivos respecto de la actual normativa y al mismo tiempo no cumplía con el compromiso programático del gobierno.
En ese contexto al interior de la Nueva Mayoría, entre ellos la DC que ingresó una moción parlamentaria en ese sentido, tomó fuerza la alternativa de un cambio constitucional, opción planteada inicialmente por la presidenta de la CUT, quien ayer valoró el anuncio del Ejecutivo.
Apoyos
A través de una reforma Constitucional se buscaría modificar el artículo 19, sobre negociación colectiva, asegurando la preeminencia del sindicato sobre los grupos negociadores. Dicha modificación a la Carta Fundamental requiere de a lo menos dos tercios de los votos de los parlamentarios.
En el Senado esto significaría 24 de los 37 votos de los legisladores en ejercicio. En la Cámara Alta la Nueva Mayoría cuenta con 18 senadores, por lo que para alcanzar el quorum necesario requeriría sumar seis votos adicionales entre los legisladores independientes y de la oposición.
Sin embargo, el senador RN, Andrés Allamand, descartó de plano ayer apoyar la propuesta del gobierno. "Si impugnamos la titularidad en el TC es evidente que vamos a rechazar cualquier propuesta que implique un monopolio de la negociación colectiva a través de los sindicatos", sostuvo. Por su parte, el senador UDI Hernán Larraín afirmó que "no vamos a aceptar este cambio a la Constitución, porque pasa a llevar a los trabajadores no afiliados y rompe los conceptos de libertad de asociación".
También el sector privado cuestionó la decisión del gobierno. El presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock dijo que ello afecta el derecho a negociar establecido por la Constitución y añadió que "llama la atención que la decisión se contradiga con el propósito explicitado por los ministros del área económica, de generar certezas, de promover la productividad y el crecimiento".
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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Santiago- Chile
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