Esta Acción de protección contenido en el artículo 20 de la Carta Fundamental.
Este Recurso denominado por algunos «acción cautelar» equivale en parte a mecanismos de acción establecidos en distintos países a través de las denominadas «Acción Constitucional o de Garantía».
Esta acción ha sido reglamentada a través del expediente de los Auto Acordados del propio Poder Judicial, que pretenden regular aspectos administrativos de los procesos que se siguen ante las Cortes de Justicia, dictados por la Excma. Corte Suprema.
En la práctica estos mecanismos han limitado considerablemente la exigibilidad de los Derechos Constitucionales ya que han impuesto requisitos que la Carta Fundamental no consigna, a pretexto de reglamentar la tramitación y fallo del mismo. En doctrina se critica esta facultad de la Corte de dictar autoacordados porque son verdaderas " manifestaciones de voluntad legislativas" del poder judicial...facultad que que no tienen constitucionalmente, si se consideran que solo el poder legislativo y el presidente de la Repúblican pueden dictar leyes, entendidas estas como normas generales y obligatorias . Los autoacordados son de caracter general y obligatorios.
Sin perjuicio de ello, esta vía procesal ha sido la escogida mayoritariamente para el ejercicio de los Derechos de interés público alegados por vía del extensionismo jurídico.
Es a partir del fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel en el caso deducido por varias organizaciones de Melipilla reunidas en el Comité de Defensa del Medio Ambiente, dirigido por la Asociación de Extensionistas Jurídicos de Melipilla, que se ha logrado un avance sustantivo de la forma de entender el proceso constitucional del Recurso de Protección:
A. El Recurso de Protección tiene un plazo perentorio de interposición de 15 días a contar de la acción u omisión que se estima vulneratoria de los derechos constitucionales amagados. La sentencia entendió que este plazo era contínuo, por lo tanto que podía renovarse sucesivamente si los hechos que lo motivaron no cesaban. La consecuencia jurídica de esta sentencia es importantísima, ya que importa que la vulneración de un Derecho Constitucional no prescribe si la violación es permanente.
En este Recurso se alegaron varios Derechos fundamentales amagados. Cabe tener presente que una interpretación como esta ha permitido la apertura de diversosprocesos de Derechos Humanos en el País
B. El Recurso de Protección puede ser interpuesto por «todo aquel que sufra una privación perturbación o amenaza» de un derecho amparado por esta acción cautelar. A este respecto hemos señalado que la doctrina tradicional señala que sólo la víctima de un hecho o delito puede recurrir a la Justicia.
En el caso liderado por los extensionistas de Melipilla, la Corte de Apelaciones permitió la participación procesal de personas y organizaciones que no eran víctimas directas de los hechos denunciados.
Este es un avance sustantivo en la forma de entender la litis consortio a nive constitucional. Es el reconocimiento judicial del interés público, que no solo afecta a las víctimas sino a otros sujetos.
C. El tercer logro de la acción es de grandes consecuencias para el mundo del Derecho. Se trata de la aceptación de la Corte de Apelaciones de la participación en el proceso de organizaciones de la Sociedad Civil de Países de América Latina, que por supuesto están muy lejos de considerarse víctimas a la luz de la concepción tradicional del Derecho. Esta es la manifestación mas cercana a la aceptación de un interés público incluso mas allá de las fronteras, de parte de los Tribunales de Justicia.
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La importancia de la actitud de la Corte, es que en suma, acepta la Doctrina del InterésPúblico en un caso concreto, consagrado en el principio fundamental de que este interés afecta a la comunidad toda, y no solo a la víctima o grupo específico de que se trata.
Saludos Rodrigo González Fernández,
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