Costosa improvisación – Harald Beyer
En opinión de la Contraloría, algunos desembolsos realizados por concepto de subvenciones en educación durante el periodo 2004-2006 aún no están suficientemente respaldados. La documentación necesaria para hacer las conciliaciones sencillamente no ha sido habida. Después de las prestaciones previsionales, este es el mayor desembolso que realiza el Estado chileno: más de US$ 3.700 millones este año. Es algo más del 10% del presupuesto público. En estas circunstancias cabría esperar un manejo cuidadoso de esos fondos.
Sin embargo, como lo demuestran los hechos, los desórdenes y descuidos son propios de una gestión muy poco profesional. En este contexto, las posibilidades de que se cometan delitos –de hecho habrían ocurrido algunos que están en los tribunales de justicia- aumentan significativamente. Que no se hayan dado con frecuencia habla bien de nuestros funcionarios, pero ello no hace menos cuestionable el estado de nuestra gestión pública.
Es cierto que en los últimos años se ha avanzado, un poco a tropezones, en introducir procedimientos que hagan poco probable que esta situación se repita en el futuro, pero aún estamos lejos de satisfacer estándares de gestión apropiados para un programa de esta magnitud.
Se sugirió, en algún momento, una gerencia de subvenciones. No es evidente que esa sea la solución adecuada. Lo que sí lo es que debe existir una estructura clara y responsabilidades bien definidas en la administración de esos recursos. Es imposible identificarlas en la actualidad. La ciudadanía debería, además, conocer un informe, por lo menos trimestral, de los pagos efectuados y las instituciones receptoras de los fondos. La transparencia es, en este ámbito, de gran ayuda para el control. Estos son procedimientos necesarios e independientes de los mecanismos elegidos para transferir los recursos a los distintos establecimientos educacionales.
Pero esa transferencia debe ser simple. En estos momentos ello está lejos de ser una realidad. La subvención preferencial que entró en vigencia este año se paga separadamente de la subvención regular. Ello ocurre porque debe hacerse una rendición particular de esos fondos al estar limitado su uso. Esto no simplifica la gestión, pero tampoco tiene mucho sentido desde el punto de vista pedagógico. El desempeño de un establecimiento queda definido por todos los recursos y las maneras específicas en que ellos son combinados para proveer educación. Aun no es evidente como deben hacerse esas rendiciones de cuenta y los criterios con las que serán evaluadas. Esto puede ser un gran dolor de cabeza si no se administra con cuidado.
Hay esfuerzos para asegurar dicho cuidado, pero las debilidades institucionales no permiten ser optimistas. La subvención preferencial era una aspiración transversal, pero tanto la definición particular de sus valores, como los procedimientos para su administración no han sido particularmente prolijos y sigue notándose la ausencia de instituciones y reglas bien pensadas para ejecutar las políticas públicas, dañando significativamente sus potencialidades.
Los costos para los contribuyentes de estas improvisaciones son demasiado elevados como para dejarlos pasar. Que ello sea siga repitiendo con tanta frecuencia revela lo lejos que estamos de un Estado y de un sistema político que le rinda efectivamente cuenta a la ciudadanía. Probablemente, la desafección ciudadana hacia la política tiene mucho más que ver con este tipo de situaciones que con otras que reciben más atención.
En opinión de la Contraloría, algunos desembolsos realizados por concepto de subvenciones en educación durante el periodo 2004-2006 aún no están suficientemente respaldados. La documentación necesaria para hacer las conciliaciones sencillamente no ha sido habida. Después de las prestaciones previsionales, este es el mayor desembolso que realiza el Estado chileno: más de US$ 3.700 millones este año. Es algo más del 10% del presupuesto público. En estas circunstancias cabría esperar un manejo cuidadoso de esos fondos.
Sin embargo, como lo demuestran los hechos, los desórdenes y descuidos son propios de una gestión muy poco profesional. En este contexto, las posibilidades de que se cometan delitos –de hecho habrían ocurrido algunos que están en los tribunales de justicia- aumentan significativamente. Que no se hayan dado con frecuencia habla bien de nuestros funcionarios, pero ello no hace menos cuestionable el estado de nuestra gestión pública.
Es cierto que en los últimos años se ha avanzado, un poco a tropezones, en introducir procedimientos que hagan poco probable que esta situación se repita en el futuro, pero aún estamos lejos de satisfacer estándares de gestión apropiados para un programa de esta magnitud.
Se sugirió, en algún momento, una gerencia de subvenciones. No es evidente que esa sea la solución adecuada. Lo que sí lo es que debe existir una estructura clara y responsabilidades bien definidas en la administración de esos recursos. Es imposible identificarlas en la actualidad. La ciudadanía debería, además, conocer un informe, por lo menos trimestral, de los pagos efectuados y las instituciones receptoras de los fondos. La transparencia es, en este ámbito, de gran ayuda para el control. Estos son procedimientos necesarios e independientes de los mecanismos elegidos para transferir los recursos a los distintos establecimientos educacionales.
Pero esa transferencia debe ser simple. En estos momentos ello está lejos de ser una realidad. La subvención preferencial que entró en vigencia este año se paga separadamente de la subvención regular. Ello ocurre porque debe hacerse una rendición particular de esos fondos al estar limitado su uso. Esto no simplifica la gestión, pero tampoco tiene mucho sentido desde el punto de vista pedagógico. El desempeño de un establecimiento queda definido por todos los recursos y las maneras específicas en que ellos son combinados para proveer educación. Aun no es evidente como deben hacerse esas rendiciones de cuenta y los criterios con las que serán evaluadas. Esto puede ser un gran dolor de cabeza si no se administra con cuidado.
Hay esfuerzos para asegurar dicho cuidado, pero las debilidades institucionales no permiten ser optimistas. La subvención preferencial era una aspiración transversal, pero tanto la definición particular de sus valores, como los procedimientos para su administración no han sido particularmente prolijos y sigue notándose la ausencia de instituciones y reglas bien pensadas para ejecutar las políticas públicas, dañando significativamente sus potencialidades.
Los costos para los contribuyentes de estas improvisaciones son demasiado elevados como para dejarlos pasar. Que ello sea siga repitiendo con tanta frecuencia revela lo lejos que estamos de un Estado y de un sistema político que le rinda efectivamente cuenta a la ciudadanía. Probablemente, la desafección ciudadana hacia la política tiene mucho más que ver con este tipo de situaciones que con otras que reciben más atención.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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