El lobby profesional en España
Últimamente proliferan noticias sobre empresas que contratan o que incluyen entre sus socios a exministros, expolíticos y/o ex altos cargos de la Administración pública para que ofrezcan servicios de lobby.
Estas noticias no solo dañan la imagen de una profesión totalmente legítima, sino que también perjudican la de los propios políticos, hinchando todavía más la desafección y decepción de los ciudadanos y sus empresas hacía la política y los políticos.
Para evitar más confusión, y para que puedan empezar a distinguir entre la agenda de contactos y el ejercicio serio, ético y profesional del lobby, creo que es muy importante informar a los ciudadanos acerca de las razones por las que sería positivo pasar de un modelo de lobby que esté basado en la agenda de contactos de ex altos cargos a otro que descanse sobre la profesionalidad, neutralidad y transparencia ejercida por expertos en relaciones institucionales.
El modelo del (mal llamado) lobby de agenda de contactos puede acabar siendo ineficaz para todas las partes: para las empresas que contratan sus servicios y no logran ver resultados satisfactorios, para los antiguos altos cargos que ven mermado su prestigio profesional y para los políticos en activo, sobre los que puede caer la injusta sospecha de que emplean buena parte de su labor de representación popular en buscar una salida profesional en la empresa privada empleando los contactos adquiridos en su paso por la política, y para la democracia y sus instituciones, mermando la imagen que tienen de estas los ciudadanos.
Por otra parte, un lobbista profesional garantiza dos compromisos clave, de los que además depende su reputación y su medio de vida. El primero de ellos es el compromiso inequívoco con los intereses de sus clientes, que se sentirán fielmente representados ante los poderes públicos, no solo mediante contactos, sino también con una estrategia coherente de identificación de actores clave y de formulación de peticiones.
Y el segundo de estos compromisos es con los valores esenciales del ordenamiento político y sus límites legales y éticos.
Esto garantiza a los políticos en activo y a los altos cargos de la Administración pública que tratan con un profesional sincero respecto a sus peticiones y a los intereses que representa y que sabrá también articular las peticiones de sus clientes de modo que casen con el interés general.
Por su parte, esto garantiza a los clientes del lobbista que sus peticiones serán escuchadas y no sufrirán rechazos de plano por no haberlas formulado correctamente.
El lobbista debe poder crear proyectos con sus clientes que pueda y sepa vender políticamente a las autoridades pertinentes, sin un bagaje político que le marque políticamente e ideológicamente y sin compromisos preexistentes con un partido político y sus miembros.
El lobbista tiene una función primordial en todo sistema político democrático, al igual que lo tienen los abogados en todo sistema judicial independiente.
Esa función fundamental es la de engrasar al sistema y permitir al ciudadano entender la vida política de su país, así como la toma de decisiones de sus gobernantes y de sus legisladores y, si así lo desean, participar en ella.
Al político y al Gobierno les corresponde tomar decisiones y al lobbista, informar al ciudadano y a sus empresas de cómo se toman dichas decisiones y de cómo se puede influir en ellas.
De la misma manera que no aceptaríamos un cruce de intereses entre el asesor legal y el juzgado, tampoco debemos de aceptar un cruce de intereses entre el lobbista y el político o administrativo.
Sebastián Mariz es socio director de EPPA
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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